"Quien se pronuncia por el camino reformista en lugar de y en oposición a la conquista del poder político y a la revolución social no elige en realidad un camino más tranquilo, seguro y lento hacia el mismo objetivo, sino un objetivo diferente: en lugar de la implantación de una nueva sociedad, elige unas modificaciones insustanciales de la antigua." Rosa Luxemburgo

viernes, 20 de julio de 2012

¿Quién controla el agujero de la deuda privada española? (parte II)

Daniel Gómez-Olivé i Casas [1]. Investigador del Observatorio de la Deuda en la Globalización[2]. Publicado en la Revista Economía Crítica(Num. 13-2012)

El déficit y la deuda públicas españolas son consecuencia y no causa de la crisis financiera.
Completa parte I

Dado que el problema está en la deuda privada, ¿cuál es el importe real de la misma? ¿Cuán importante es para llegar a desestabilizar a toda una economía como la española? Para poder contestar a estas preguntas se hace necesario conocer el importe exacto del volumen de la deuda la economía española; es decir, lo que adeudan las administraciones públicas, empresas, bancos y familias españolas, tanto al exterior como al interior del país. Este es un ejercicio numantino ya que precisamente no se conoce con exactitud la deuda que ha adquirido el sector financiero español en los últimos años. No obstante, tenemos algunas aproximaciones. Así, según dos estudios elaborados por instituciones extranjeras, se estima que a finales del 2009 la deuda española se situó entre el 370% y el 500% del PIB.[9]
Teniendo en cuenta que ambas cifras distan mucho entre ellas, y dada la dificultad de obtener el dato preciso, decidimos estimar a la baja la media de ambos datos. Por ello, se podría decir que a finales del 2009 el importe total de la deuda de la economía española se situó entorno al 400% del PIB, lo que significa 4 veces el valor total de los bienes y servicios generados durante un año. Dicho de otra manera, si se tuviera que devolver todo la deuda de golpe necesitaríamos ¡cuatro años enteros para ello!

Aunque lo más probable es que desde entonces la deuda haya seguido aumentado, se podría validar esta cifra a fin de tener una aproximación. Dando pues por válida la cifra del 400% del PIB, diremos que en enero de 2012 la deuda total, en números absolutos, estaría entorno a los 4,3 billones de euros. De este importe se conoce que la deuda de las administraciones públicas representa más de 750.000 millones de euros,[10] la de las familias españolas es algo menor los 870.000 millones de euros[11] y la de las empresas no financieras es de 1,3 billones.[12] De todo ello, deducimos la deuda que los bancos españoles han contraído entre ellos o con acreedores internacionales (ya sea con bancos privados o públicos, como es el caso del Banco Central Europeo, o con fondos y seguros). Así, para saber la deuda bancaria nos basaremos en los dos estudios anteriormente mencionados y en la estimación que se ha hecho del total de la deuda española, ya que, como se ha dicho, esta cantidad es difícil de cuantificar. Sin embargo, con todos los datos que disponemos aquí estimamos que la deuda bancaria se mueve entorno a los 1,4 billones de euros, o lo que es lo mismo, que supondría más de un tercio de lo debido (gráfico 3). Si a ello le sumamos la deuda de las empresas no financieras (de la que buena parte proviene de promotores y constructoras), tendríamos que la deuda privada (sin contar las familias) rondaría el 63%, mientras que la deuda pública tan sólo representaría el 17% de la misma. Es decir, la deuda privada empresarial (financiera y no financiera) representa casi cuatro veces la deuda pública. Siendo así, la pregunta es obvia: ¿quién muestra su ineficiencia en la gestión de los recursos, el sector público o el privado? ¿Dónde se deben buscar, pues, las principales responsabilidades?

Gráfico 3. Estimación de la composición de la deuda total española a 31 de enero de 2012
(deuda de las administraciones públicas, familias, empresas no financieras y bancos).
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco de España

Por otro lado, sabemos que a finales del 2011, del total de la deuda privada y pública española cerca de 1,8 billones de euros estaban financiados desde el exterior (sobretodo por bancos de Alemania, Francia, EUA y Gran Bretaña). También conocemos que del total de esa deuda externa, que representa el 165% del PIB español, el 40% (es decir, 716.442 M€) se había adquirido por las entidades financieras españolas, mientras que tan sólo un 16% (282.299 M€) era deuda pública. Una vez más, quien más se endeudó con el exterior fue el sector financiero privado, en más del doble que el sector público. En este sentido, también se puede afirmar que hubo quien prestó irresponsablemente. En efecto, el sistema financiero internacional, a la hora de prestar, no se preocupó de si estaban ayudando a crear una crisis financiera sin precedentes, dado que en ese momento el negocio les aportaba pingues beneficios. Por ello, es necesario tener presente que existe una clara corresponsabilidad del sector financiero internacional en la creación de la crisis financiera por la que atraviesa la economía española, al haber aportado la gasolina necesaria para provocar el actual incendio. Por tanto, no es justo que se culpabilice al sector público español de la crisis, ya que ni es el causante de la misma ni, a pesar de que está salvando al sector financiero, tampoco es cierto que sea el que está más endeudado.

Ante todo ello, ¿qué hacer?

Ante un capital financiero que, aunque es el principal causante de la crisis por la que atravesamos, se siente todavía con fuerzas para culpabilizar al sector público de dicha crisis; ante un poder financiero que aprovecha la coyuntura de desconcierto que él mismo ha creado para aplicar su programa ideológico de recorte y privatización del sector público, para así aumentar sus márgenes de beneficios; la única respuesta posible pasa por la recuperación de la política por parte de la sociedad. En efecto, la respuesta se encuentra en el ejercicio de una democracia radical, que se establezca desde la ciudadanía. Aunque parezca utópico o inocente, en estos momentos de crisis es más necesario y urgente que nunca hacernos con el poder comunitario desde el pueblo, con el objetivo de lograr cambiar la correlación de fuerzas y, de esta manera, crear las condiciones para ejercer el cambio para que la economía esté al servicio de las personas, y no al revés.

Ello es una tarea ingente, pero necesaria si no queremos ver como, día tras día, se recortan derechos sociales que pensábamos se habían tornado garantizados. Y ello es imperante, ya que tal y como está hoy en día la correlación de fuerzas, los acreedores del Estado le están forzando a llevar a cabo “reformas” que ya están atentando gravemente contra el estado del bienestar, presentándolas como necesarias e inevitables. Como acreedores obligan al Ejecutivo (con su beneplácito) a que priorice el pago de las deudas que el Estado tiene con ellos por encima de su obligación básica, que es la de cubrir las necesidades sociales básicas de la población. Esta obligación ya se trasladó en la Constitución española en septiembre de 2011. Aquella reforma, sin referéndum y con un amplio rechazo de la sociedad civil, no sólo fija un límite al déficit público, sino que establece que el pago de la deuda “gozará de prioridad absoluta”. Además, determina que los créditos que generan dicha deuda “no podrán ser objeto de enmienda o modificación”, limitando así la capacidad soberana de negociar una reestructuración de la deuda o incluso decidir su repudio en caso que sea necesario.[13]

Por ello, cada vez se hace más necesario construir un camino ciudadano por el que sea posible un cambio en la correlación de fuerzas y así poder cambiar, por ejemplo, el modelo fiscal[14] para que éste sea mucho más progresivo y justo, o para poder auditar la deuda,[15] aunque hoy en día sea anticonstitucional. En efecto, al igual que se ha hecho en otros países que llevan años sintiendo el golpe de la deuda, como es el caso de Ecuador,[16] se hace necesaria una auditoría que explique cómo y por qué la deuda pública está aumentando de manera tan vertiginosa. Una auditoría que pueda decidir soberanamente qué es legítimo pagar y qué no. Es necesario acometer una auditoría ciudadana para conocer cuánto del aumento de la deuda pública ha servido para salvar al sistema financiero español y ayudar a sus ejecutivos a evadir sus responsabilidades. Una auditoría de la deuda que pueda dirimir si es justo y legítimo que en el año 2012 el Estado tenga que pagar más de 28.848 M€ en intereses que provienen de deudas de las que desconocemos su origen. Una auditoría de la deuda que nos permita exigir responsabilidades políticas y judiciales a aquellos que se han enriquecido ilegalmente con dinero público. Una auditoría ciudadana como medida de presión y de contención para evitar que el Gobierno transfiera toda la deuda privada bancaria a deuda pública (tal y como ya sucedió en Argentina en el 2001, en Islandia en el 2008, en Irlanda en el 2010 y en Portugal en el 2011). Una auditoría social para controlar el agujero de la deuda privada española. Una auditoría de la deuda como excusa, y como una pieza más en el camino, que ayude a concienciar y politizar a la ciudadanía, con el objetivo de que hagamos nuestro el futuro y no volvamos a dejar en manos de banqueros y políticos profesionales corruptos nuestro destino y el de las generaciones que están por vivir en nuestro país. Porque, a pesar del mantra que no para de repetirnos que no se puede hacer otra cosa que lo que se está haciendo, que los recortes en el sector público son inevitables, hay quien está susurrando, cada vez más fuerte, un ¡sí se puede hacer de otra manera!, un sí que alberga una esperanza en un cambio que ya se está gestando desde abajo.

[1] dani.goic@odg.cat / @danigoic
[2] www.odg.cat
[3] El déficit público (también llamado déficit presupuestario o déficit fiscal) aparece cuando en un ejercicio presupuestario los ingresos del Estado son menores que sus gastos
[4] Para ampliar información se recomienda leer el artículo de Ignacio Escolar, ‘El déficit español no es culpa del gasto público’, que se encuentra en: http://www.attacmadrid.org/?p=6606
[5] En valores absolutos se ha descendido de los 117,143 M€ de déficit a 91.344 M€. Se puede encontrar más información al respecto en el Libro Amarillo del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 en: http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/s…
[6] Esta cifra se ha encontrado en el artículo ¡Rebélate!, de Vicenç Navarro, que está colgado en el blog de Público desde el 14 de abril de 2011, en: http://blogs.publico.es/dominiopubl…
[7] Se puede encontrar información sobre estos mecanismos en: www.fondoaaf.es y en: www.frob.es. Además de estos dos instrumentos cabe tener en cuenta que desde octubre de 2010 el Gobierno ofrece al sector financiero español la posibilidad de recapitalizarse mediante avales públicos: http://www.lamoncloa.gob.es/Consejo…
[8] Puede verse dicho informe en: http://www.bde.es/webbde/Secciones/…
[9] Datos extraídos del informe Debt and deleveraging: the global credit bubble and its economical consequences, elaborado por McKinsey Global Institute y publicado en: http://es.scribd.com/doc/61035961/M… (página 63) y del informe Eurozone: between the austerity and default, editado por Research on Money and Finance, en: http://www.researchonmoneyandfinanc… (pagina 8).
[10] Según el Banco de España (BdE), en enero de 2012 las administraciones públicas tenían unas deudas por valor de 750.572 millones de euros (en enero de 2011 esta cifra se situaba en 654.986 millones de euros). Datos extraídos de la página web del BdE, en: http://www.bde.es/webbde/es/estadis…
[11] En enero de 2012 las familias españolas tenían deudas contraídas por valor de 866.239 millones de euros (894.493 en enero de 2011). Datos en: http://www.bde.es/webbde/es/estadis…
[12] En enero de 2012 las sociedades no financieras españolas tenían deudas contraídas por valor de 1.255.675 millones de euros (1.304.259 millones en enero de 2011). Datos en: http://www.bde.es/webbde/es/estadis…
[13] Artículo 134.3 de la Constitución Española. Ver análisis en Gurusblog “La diabólica cláusula de la Reforma de la Constitución que entrega a España a los acreedores”, 1 de septiembre de 2011, http://www.gurusblog.com/archives/r… y “Reformando la Constitución o llamando al exorcista”, 31 de agosto de 2011,
http://www.gurusblog.com/archives/r…
[14] En este sentido es muy recomendable leer las propuestas con las que se trabaja desde la Plataforma por una Fiscalidad Justa, Ambiental y Solidaria. Más información en: http://www.fiscalitatjusta.cat/
[15] Para conocer más sobre la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda ¡No Debemos! ¡No Pagamos!, se puede ir a: www.auditoria15m.org y también a: www.quiendebeaquien.org
[16] Se puede conocer más sobre la auditoría llevada a cabo en Ecuador en: http://www.auditoriadeuda.org.ec/