Daniel Gómez-Olivé i Casas[1] . Investigador del Observatorio de la Deuda en la Globalización[2]. Publicado en la Revista Economía Crítica (Num. 13-2012)
El déficit y la deuda públicas españolas son consecuencia y no causa de la crisis financiera
El mantra oficial del corazón del poder político y financiero
capitalista europeo repite incansablemente que la causa de la actual
crisis financiera proviene de unos excesivos déficit y endeudamientos
públicos. En efecto, según se afirma en los centros de poder europeos
(BCE, CE) la crisis se debe al hecho que las administraciones públicas
han gastado por encima de lo imaginable. Por tanto, para salir de la
crisis es imperante, e inevitable, atajar el déficit recortando con todo
gasto público. ¿Qué hay de cierto en tales afirmaciones? ¿Realmente el
problema proviene de un mal manejo de la gestión pública? ¿La solución
pasa, pues, irremediablemente, por ajustar el sector público?
Si observamos la evolución del déficit público[3]español (gráfico 1)
vemos como éste se ha desbocado en los últimos tiempos por encima de la
ratio del 3% en relación al PIB, exigida por la UE y comprometida, a su
vez, reiteradamente por los distintos gobiernos españoles. No obstante,
un análisis más sosegado nos muestra cómo en realidad el desajuste
empieza con la crisis financiera internacional que se da en el 2007, una
vez explota la burbuja financiera mundial (en su versión inmobiliaria)
que empieza, primero en los EEUU y rebota, más tarde, en Europa. En
efecto, si se observa el saldo de ingresos y gastos públicos en el
Estado español se ve que no es hasta el 2008 cuando éste vuelve a
presentar un déficit superior al 3% (valores por debajo de la línea
roja). De hecho, tal y como se ve claramente en el gráfico, antes de la
crisis el conjunto de administraciones públicas españolas tenían
superávit fiscal; es decir, que se obtenían más ingresos que gastos. Por
ello, no es lícito decir que por aquel entonces se estaba gastando más
de lo que se ingresaba, porque lo cierto era lo contrario (hecho, por
otro lado, preocupante tratándose de un Estado con fuertes carencias
sociales, si lo comparamos con algunos países de la UE).
Gráfico 1. Balanza fiscal española de 1995 al 2013 (en % PIB).
Nota: para el 2012 y el 2013 se trata de compromisos previstos
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat y de los compromisos adoptados
Si a partir de 2008 el déficit público español llegó a unos niveles
tan altos es precisamente por causa de la crisis. En efecto: ésta
provocó el cierre internacional del crédito, lo cual ha hecho quebrar a
miles de empresas, aumentando el paro en el país, que se ha triplicado
estrepitosamente, pasando del 8% al 24% de la población activa en menos
de cuatro años. Ello comporta que, por un lado, se ingrese menos, porque
hay menos gente cotizando; y por otro lado, se gaste más, porque hay
más gente que está cobrando el subsidio de paro que le corresponde. A su
vez, hay una importante disminución de ingresos por la caída de la
recaudación por el impuesto de sociedades, debido, como se ha dicho, al
cierre de muchas empresas. Ello supuso que, en tan sólo dos años, el
Estado español pasara de tener un superávit del 1,9% en el 2007 (+20.255
millones de €) a un déficit del 11,2% en el 2009 (-117.143 M€). Trece
puntos de desajuste provocados por una crisis económica que tiene su
origen en el descontrol financiero y también por la manera cómo se
recaudan los impuestos en el Estado español, que es altamente regresiva.
En efecto, el sistema fiscal español depende fundamentalmente de las
rentas de trabajo de las clases asalariadas y no de la tributación sobre
el capital de las clases altas y rentistas. Dicho de otro modo, el
déficit español no lo ha creado el exceso de gasto público, sino la
falta de ingresos.[4] Las cifras de 2010 lo explican con bastante
rotundidad: el gasto público español en ese año fue cinco puntos
inferior a la media europea (45,6% del PIB frente al 50,6% de la UE).
Por otro lado, ese mismo año las administraciones públicas españolas
recaudaron tan sólo el 32,9% del PIB, lo cual supuso 6,7 puntos menos
que la media de la UE 27 (39,6%). Ello revela que con un sistema fiscal
europeo las cuentas públicas españolas serían perfectamente sostenibles.
Dado que nuestros gobiernos no están por la labor de legislar para
asimilarnos a un sistema fiscal europeo que permita obtener mayores
ingresos, de manera más justa y progresiva, pretenden disminuir el
déficit principalmente por la vía del gasto. Ello ha supuesto que desde
2009 el déficit público haya disminuido del 11,2% del PIB al 8,5% del
PIB del 2011.[5] No obstante, a pesar de todos los ajustes que se han
hecho en los dos últimos ejercicios en el sector público recortando
prestaciones sociales, congelando pensiones y salarios públicos tan sólo
se ha conseguido recortar 2,7 puntos del déficit. Ahora, cuando estamos
en plena recesión, se pretende recortar más del doble, 5,5 puntos del
déficit en un mismo período de 2 años, pasando del 8,5% que teníamos a
finales del 2011, al 5,3% en el 2012, para llegar a un déficit fiscal
del 3% en relación al PIB, a finales del 2013. Este hecho es muy
preocupante, ya que si rebajar el déficit en 2,7 puntos ha sido
enormemente costoso en términos sociales y económicos (de hecho, ello ha
supuesto que la economía española vuelva a entrar en recesión), no es
difícil de imaginar que el coste será mucho mayor si de lo que se trata
es de acometer un recorte del sector público que signifique el doble de
esfuerzo. Ello aún es más grave cuando, como se ha dicho, existe una
alternativa para ajustar el déficit público: reformar el actual sistema
fiscal, que es regresivo y que avala el fraude y la economía sumergida.
En efecto, se estima que fraude fiscal que impera en el país, se sitúa
entorno a los 80.000 M€, [6] cifra que supone casi 3 veces los recortes
sociales previstos en los Presupuestos Generales del actual Gobierno del
Partido Popular para el 2012, que se valoran en 27.300 M€ u 8 veces el
recorte de 10.000M€ que se pretende llevar a cabe en educación y sanidad
en el 2012.
Así las cosas, y dado que, como se ha visto, la causa de la crisis no
se halla en el déficit público, deberemos pensar que el problema se
encuentra en la deuda pública. No obstante, si tenemos en cuenta que el
umbral que se autoimpone la UE es no exceder el 60% del volumen de deuda
pública en relación al PIB, observamos que en el caso español este
ratio se mantiene muy por debajo del límite permitido hasta bien entrada
la crisis. En efecto, tal y como muestra el gráfico 2, la deuda pública
española no supera el 60% hasta finales del 2010. Tan cierto como ello
lo es el hecho que, a partir de la crisis, y no antes, ésta vuelve a
aumentar y lo hace de una manera vertiginosa. De esta manera, la deuda
pública se habrá más que doblado en tan sólo cinco años, pasando del 36%
del PIB de 2007 (381.401 M€) al 79,8% estimado para el 2012 (841.998
M€).
Gráfico 2. Deuda pública española de 1995 al 2012 (en % PIB)
Nota: para el 2012 se trata de provisiones
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat y de los Presupuestos Generales del Estado para 2012
Este aumento se debe principalmente al hecho que el Gobierno ha
decidido financiar el déficit en base a emitir nueva deuda en lugar de
llevar a cabo una profunda reforma fiscal progresiva que permitiese
recaudar el capital necesario para que el Estado pudiera acometer su
función social de redistribuidor de la riqueza entre su población. De
esta manera, se prima dos veces a las clases capitalistas: una, por no
gravar suficientemente sus rentas; y dos, porque al emitir deuda
pública, el Estado tiene que devolver esta deuda a sus acreedores (que
normalmente son esas mismas clases rentistas), con sus debidos
intereses.
Por otro lado, el aumento de la deuda pública también se explica
(aunque no se sabe exactamente en qué proporción) por las constantes y
repetidas ayudas que los dos últimos gobiernos han hecho a las entidades
financieras españolas y a sus ejecutivos para evitar la quiebra del
sistema financiero. En efecto, desde el inicio de la crisis, la
Administración Central ha emitido deuda para ayudar a la banca mediante
distintos mecanismos financieros complejos tales como el Fondo de
Adquisición de Ayudas Financieras (FAAF) o el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB)[7]. Se estima que en total se habrían destinado
un mínimo de 100.000 millones de euros (el equivalente al 10% del PIB
español) en apoyos públicos que han servido para que el sector
financiero privado pueda deshacerse de activos tóxicos de sus balances,
pagar parte de sus deudas y reestructurarse para ganar competitividad.
De esta manera, los últimos gobiernos españoles muestran su poca
sensibilidad social, ya que dado que no van a reformar el sistema
fiscal, priorizan endeudarse para salvar a la banca antes que endeudarse
para salvar un sistema público que pueda garantizar los derechos
sociales más fundamentales, como son la educación, salud, pensiones y
otras prestaciones sociales de primer orden.
A pesar de todo ello, la deuda pública española se encuentra entre
las más bajas entre las economías de referencia de nuestro entorno. En
efecto, más allá de las economías rescatadas como la de Grecia (que a
finales de 2010 tenía una deuda pública del 145% en relación al PIB),
Irlanda (con una ratio del 95%) y Portugal (con un 93%) el resto de
economías también tienes niveles de deuda pública mucho más elevados. En
efecto: Italia (con una deuda del 118%), Bélgica (96%), Alemania (83%),
Francia (82%) y Reino Unido (80%) tienen deudas públicas superiores a
la española en relación a sus respectivos PIB. De hecho, a finales del
2010 la media de la deuda pública de la UE se situó en el 80,2% del PIB y
se estima que para 2011 esta cifra rondaría el 88% del PIB. Para el
2012, como se ha dicho anteriormente, se estima que la deuda pública
española estaría por debajo del 80%, mientras que la media de la deuda
pública europea se situaría por encima del 90%.
Entonces, ¿por qué se dice que el problema se encuentra en la deuda
pública española si ésta es de las más bajas de la UE? ¿Por qué los
mercados no acosan de igual manera a otras economías europeas, como la
francesa o la alemana, que tienen una deuda pública mucho mayor que la
española? ¿Dónde reside el problema si no es en la deuda pública?
Parece claro que el problema recae en la deuda privada, sobretodo en
aquélla que fue adquirida por el sistema financiero español durante la
formación de la burbuja inmobiliaria con capital extranjero. En efecto,
el nerviosismo de los mercados internacionales (léase acreedores de la
deuda privada española) se debe al hecho que los bancos españoles están
prácticamente en quiebra y temen no poder recobrar el dinero que les
prestaron para financiar la burbuja inmobiliaria. Según el Banco de
España,[8] los datos relativos al mes de diciembre de 2011 reflejan que
la exposición del sector financiero a activos tóxicos vinculada tan sólo
a la actividad de construcción y promoción inmobiliaria asciende a
184.000 M€ (un 18% del PIB español), cifra que supone un 60% de la
exposición total del sector financiero a la construcción y promoción
inmobiliaria. A ello se le suma que los bancos han ido añadiendo a sus
activos un sinfín de inmuebles, fuera porque ellos mismos se
convirtieron en promotores o porque se han convertido en sus
propietarios, a través de la ejecución de hipotecas impagadas y el
consiguiente desahucio de las familias que vivían en ellos. Estos
activos todavía están valorados a un precio muy superior al real, al
igual que numerosas deudas hipotecarias de los inmuebles que otras
tantas familias seguramente no podrán acabar de pagar, debido a la
intensificación de la crisis económica. De esta manera, la preocupación y
presión internacional va en aumento, al entender que el negocio español
les puede suponer pérdidas millonarias, cuando ven que la economía
española vuelve a entrar en recesión, con casi 6 millones de parados.
Pero ello todavía no explica por qué la presión se da sobre el Gobierno y
su gestión y no sobre el sector privado. La principal razón que la
presión de los mercados se derive sobre el sector público se debe al
hecho de que los últimos gobiernos españoles (sean del color que sean)
han mostrado constantemente su disposición a ayudar a la banca en todo
momento, comprometiendo cuanto dinero público sea necesario para el
‘salvataje’ bancario, a fin que ésta pueda honrar sus deudas con el
extranjero. Como se dijo anteriormente, el Gobierno habría comprometido
un mínimo de 100.000 M€ para tal cometido y está dispuesto a seguir
endeudándose a tal efecto. De hecho, en el Proyecto de Presupuestos
Generales del Estado para el 2012 el Gobierno explica que la deuda
pública española aumentará por las nuevas dotaciones que se harán al
FROB y por las obligaciones contraídas con el Mecanismo Europeo de
Estabilidad (MEDE), que es el futuro fondo de rescate de países en
dificultades financieras (léase futuro rescate del sistema financiero
español), que entrará en vigor en julio de 2012. Por ello, el mercado
internacional entiende que la mejor manera de cobrar las deudas privadas
es obligar al saneamiento público, a fin que éste pueda continuar
salvando a un sistema financiero herido de muerte por su elevado
endeudamiento y por su exposición a un mercado inmobiliario
sobrevalorado y que está en plena crisis. A su vez, unos (los
acreedores) y otros (los gobernantes) aprovechan la crisis para aplicar
su programa neoliberal hasta el extremo, que supone dejar al Estado
social en los huesos, ofreciendo nuevas oportunidades de mercado al
sector privado en sectores clave para el bienestar de la población
(pensiones, prestaciones sociales, sanidad, educación…).
CONTINÚA EN PARTE II ( TAMBIÉN PULICADA EN www.quiendebeaquien.org)
