"Quien se pronuncia por el camino reformista en lugar de y en oposición a la conquista del poder político y a la revolución social no elige en realidad un camino más tranquilo, seguro y lento hacia el mismo objetivo, sino un objetivo diferente: en lugar de la implantación de una nueva sociedad, elige unas modificaciones insustanciales de la antigua." Rosa Luxemburgo

jueves, 12 de julio de 2012

El rescate bancario en España

(De cómo los bancos socializan sus pérdidas a costa de los ciudadanos)

por Carlos Javier Bugallo Salomón

Las formas en que se suelen producir los rescates bancarios son las siguientes:

1.      Ante problemas de liquidez (es decir, de falta transitoria y no grave de fondos):

A. Los bancos centrales otorgan préstamos a tipos de interés muy favorables. Así, el 21 de diciembre de 2011, el Banco Central Europeo (BCE) comenzó la mayor infusión de crédito en el sistema bancario europeo de los 13 años de historia de la moneda única. Prestó 489.000 millones de euros a 523 bancos para un período extraordinariamente largo de tres años a un tipo de solo un 1%.
De esta manera el BCE trata de asegurarse que los bancos tienen suficiente efectivo para cumplir con los 200.000 millones de euros de vencimientos que tienen en su propia deuda durante los primeros tres meses de 2012, y al mismo tiempo mantener operando y prestando a los negocios y particulares para evitar que un credit crunch (contracción del crédito) estrangule el crecimiento económico.[1]

Hay que tener en cuenta que este tipo de intervenciones tienen un coste económico que rara vez se explica a la ciudadanía, y que permite comprender por qué el BCE es reacio a aplicarlas: como el BCE tiene que emitir dinero para realizar estos préstamos, ello provoca un aumento de la inflación (si la situación económica no es de recesión), lo que a su vez conduce a la depreciación de la moneda en los mercados internacionales.

Contrasta esta disposición del BCE a ayudar a la banca privada, con la imposibilidad de hacer lo mismo con respecto a los Estados, ya que sus estatutos le impiden comprar deuda pública directamente a los gobiernos. Dice a este respecto el art. 2 del Protocolo sobre el Estatuto del Eurosistema (formado por el BCE y el resto de los bancos centrales de la zona euro) incluido en el Tratado de Maastrich:

“Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 101 del Tratado, queda prohibida la autorización de descubiertos y la concesión de otro tipo de créditos por parte del BCE o de los bancos centrales nacionales en favor de instituciones u organismos comunitarios, Gobiernos centrales, autoridades regionales o locales u otras autoridades públicas, organismos de Derecho público o empresas públicas de los Estados miembros; queda igualmente prohibida la adquisición directa a los mismos de instrumentos de deuda por el BCE o los bancos centrales nacionales.”[2]

Esto es lo que se conoce con el nombre técnico de regla de ‘no bail-out’ (en español, de ‘no rescate’).

B. Los gobiernos conceden garantías para avalar parte de la deuda de estas entidades o los préstamos que se hacen en el mercado interbancario (es decir, entre los propios bancos).

·         En octubre de 2008, el gobierno socialista concedió 100.000 millones de euros de avales a la banca.[3]
·         En enero de 2012, el gobierno de Mariano Rajoy concede otros 100.000 millones de euros de avales a la banca.[4]

De nuevo, estas medidas tienen un coste: en caso de la eventual insolvencia de los bancos, se ejecutan las garantías, cuyo pago correría a cargo de los contribuyentes.

2.      Ante problemas de insolvencia (es decir, de falta grave de fondos, que hace inviable la empresa), se inyecta dinero para recapitalizar a los bancos:
           
·         En octubre de 2008, se crea el Fondo para la adquisición de activos financieros a los bancos. Se extinguió el 30 de marzo de 2012, y ha empleado 19.300 millones de euros.[5]
·         En junio de 2009, se crea el Fondo de reestructuración ordenada bancaria (FROB), que hasta la fecha se ha gastado 18.000 millones de euros en préstamos a la banca.[6]

Después del escándalo de Bankia, el Gobierno español anunció en mayo de 2012, que iba a pedir dos valoraciones independientes sobre la solvencia de la banca española, que serían encargadas posteriormente a las empresas Roland Berger y Oliver Wyman.

Según estimaciones de estas dos consultoras, en el mejor de los escenarios las entidades bancarias españolas necesitarían entre los 10 mil y los 26 mil millones de euros; en el caso de un escenario ‘adverso’, estiman que las necesidades de capital subirían hasta un máximo de 62.000 millones de euros.

Estas cifras han sido criticadas, pues parece que han sido ‘maquilladas’ para ofrecer un resultado que favorezca al Gobierno, y se piensa que las necesidades de la banca española podrían ascender hasta los 130.000 millones de euros. Ello se debe a que la mayoría de los bancos están afectados por el ‘mal del ladrillo’: casi el 22% de los activos de la banca española están en el sector inmobiliario y de la construcción (309.000 millones de euros).[7]

Pero mucho nos tememos que esto sea sólo una parte de la realidad. De hecho, una porción significativa de los activos de los bancos son ‘inversiones de cartera’, es decir títulos financieros como bonos del Estado (deuda pública) y acciones de empresas cotizadas en Bolsa; como también el valor de estos títulos ha caído en picado con la crisis, sospechamos que la situación de la banca española es, en estos momentos, dramática.

Ante la magnitud de los costes previstos por las consultoras, el gobierno español solicitó el 26 de junio de 2012 el rescate de nuestro sistema bancario a las autoridades europeas. Parece que se instrumentará el rescate bancario español en dos fases, aunque la resolución del Eurogrupo del 9 de julio retrasará aún más el mecanismo.

En la primera fase del rescate el Mecanismo Europeo de Estabilidad, que entraría en vigor el 1 de julio de 2012, concedería temporalmente el préstamo al FROB por un importe máximo de 100.000 millones de euros. Dicho préstamo computaría como deuda pública e incrementaría el déficit público.

En una segunda fase, una vez que el BCE asuma la supervisión única de la banca europea, ese crédito se utilizaría para recapitalizar directamente a la banca, eliminando el peso que dicho crédito tiene sobre la deuda y el déficit público. Si se aplicara el mismo esquema de préstamos que en el caso del saneamiento bancario irlandés, y asumiendo unos tipos de interés entre el 3% y el 4%, el déficit público incrementaría este año entre 2.100 y 4.000 millones de euros, según las líneas de crédito finalmente concedidas oscilen entre 70.000 y 100.000 millones de euros. Con los 30.000 millones finalmente concedidos en el Eurogrupo del 9 de julio, las cifras serán algo más bajas, entre 700 y 1300 millones.

La pregunta es: ¿Qué se hará en general con esos 100.000 millones de euros? Se supone que se destinarán a comprar activos tóxicos, sacarlos del balance bancario, y, después, inyectar capital a los bancos. No se dedicará a conceder préstamos a las entidades necesitadas como hasta ahora. Aceptando los supuestos del rescate bancario irlandés, es decir, un descuento promedio en la compra de los activos del 58%, el FROB reservará alrededor de 70.000 millones a adquirir activos tóxicos inmobiliarios de los balances bancarios. Será necesario, por otro lado, recapitalizar a parte del sistema bancario, destinando alrededor de 30.000 millones de euros a inyectar capital. La cuantía de capital necesaria, está lejos de las previsiones tan dirigidas y obsoletas de las dos empresas de auditoría que hemos pagado entre todos, cuyas cifras arrojan unos pírricos 62.000 millones.

En fin, se concluye que se está cargando todo el peso del rescate sobre deudores y contribuyentes, lo que sin duda es un triunfo del lobby bancario. El problema viene ahora, puesto que la economía española ha dejado de ser autónoma y encara una intervención de facto que se ha traducido, tras la reunión del Eurogrupo en treinta y dos condiciones para recibir sólo el préstamo para Bankia. Estas condiciones son durísimas, y abren dos vías muy serias en la credibilidad del Gobierno. Una es que de facto, el Banco de España deja de ser el supervisor de las entidades financieras. Y la segunda, es que los requisitos de capital para la banca, en un contexto de recesión y salida masiva de capitales, son incumplibles.[8]




[7] Carlos Sánchez Mato: “El sector bancario español. Estimación de necesidades de capital”, Plataforma por la Nacionalización de las cajas de Ahorro y por una Banca Pública (Junio, 2012), pássim. Disponible en <http://estaticos.20minutos.es/adj/2012/06/27/1810.pdf>