por Andreu Tobarra
La resolución sobre la reestructuración de la deuda aprobada en la pasada Asamblea estatal de Podemos
presentada por Alberto Montero Soler, Bibiana Medialdea García y Nacho
Álvarez Peralta ha suscitado un debate en la Plataforma de Auditoria
Ciudadana de la Deuda
(PACD). Ha sorprendido el posicionamiento a favor de una
reestructuración cuando se sabe, desde hace años, que diversos
movimientos sociales luchan para lograr el no pago de la deuda
ilegítima. Esta es una contribución de Andreu Tobarra a dicho debate.
1. NO SE DEBEN ACEPTAR EXPLICACIONES FALACES EN TORNO AL CRECIMIENTO
Se plantea una vinculación entre el crecimiento y un nuevo modelo
distributivo y productivo, siendo el primero una condición del segundo.
La deuda
se convierte en este esquema en un impedimento del primero o causa
principal, que habría que solucionar, aunque fuese muy parcialmente,
para que la relación causal actuara suficientemente. Es decir,
consigamos crecer y conseguiremos redistribuir socialmente mejor.
La prioridad no debe ser en primera instancia la recuperación económica.
Si aceptamos esta concatenación causal en la que como antecedente y
causa se sitúa el crecimiento o la recuperación económica, estamos
estableciendo que la recuperación es condición necesaria para poder
plantearse consecuencias o efectos socialmente necesarios, como una
distribución del producto social diferente y mucho menos injusta.
Esta vinculación causal es falsa, se pueden obtener mejoras sociales
importantes, es decir redistributivas, sin crecimiento. Basta con
invertir la cadena causal o construirla en otra forma. Por poner un
ejemplo de reformulación: se consiguen medidas redistributivas, con y sin crecimiento, simplemente redistribuyendo.
La historia económica nos da suficientes ejemplos de esta afirmación.
Si hay algo a lo que vincular la redistribución, en el sentido de un
mejor reparto social del producto social, es a la lucha de las clases
subalternas, al menos en unas cuantas de sus expresiones más habituales
en la historia de los movimientos sociales.
A ello, hay que añadir que no existen en Ciencias Sociales pruebas
absolutamente satisfactorias y exactas de las relaciones causales. Esto
no significa que carezcamos de pruebas o contrastes de las mismas, sino
que tienen un carácter la mayor parte de las veces estocástico que nos
sitúa en una estimación del valor probable (valores probabilísticos de
las diferentes opciones esperadas o resultados). En esa forma la
construcción de una relación causal no puede venir en exclusiva de una
comprobación empírica, tiene que venir apoyada en un modelo teórico
substancial. Esto significa que podemos construir diferentes
explicaciones para un mismo o muy similar fenómeno social o económico,
basadas en diferentes postulados teóricos. Y esta es la puerta por la
que se cuelan e introducen explicaciones diferentes pudiendo camuflar
ideologías divergentes para justificar actuaciones muy opuestas frente a
un mismo fenómeno.
Simplemente en algunos casos basta por empezar por el final. Lo
primero que se escribe es la consecuencia y a continuación se construye
la causa sobre la que se desea actuar de forma principal y no sobre
ninguna otra. Lo de menos es que esto no sea cierto, basta con
que se presente como si lo fuese y que otras causas reales sobre las que
habría que actuar haya quedado expulsadas de la relación causal que en
estos términos puede interpretarse como un cierto modelo de
funcionamiento de las cosas, alternativo a otras construcciones causales
que pudieran estar igual, al menos, o mucho más fundamentadas.
No es correcto afirmar que hay que desendeudarse para poder crecer. Y
mucho menos sin plantear siquiera que es lo que va a crecer (o quienes
van a hacerlo, que es equivalente a afirmar que otros no van a crecer). Hay que desendeudarse porque es un mecanismo de dominación, injusto y tremendamente dañino para una mayoría de ciudadanos/as.
Podríamos tener crecimiento y que no por ello mejorase
particularmente la situación en la que se encuentran la mayoría de
personas. Es la distribución social la que determina el nivel de
bienestar, para una determinada situación económica y no el crecimiento.
En EEUU tuvieron que inventar un nuevo concepto social, también válido
en los periodos de crecimiento económico, que fue el de trabajador
pobre, referido al hecho de que se puede tener trabajo y no por ello
dejar de ser pobre. La pobreza es una categoría social que hasta hacía
no demasiado tiempo iba asociada en su inmensa mayoría a aquellos que no
formaban parte del mundo del trabajo y en esa forma se explicaba su
pobreza. Eso ha dejado de ser válido, ambos mundos se han intersectado,
con y sin crecimiento, en esta fase del capitalismo realmente existente y
no en un mundo reinventado y reinterpretado sobre modelos irreales.
Otro elemento que deberíamos incluir en la polémica, es el del decrecimiento, que reorienta nuestra mirada y nuestra acción
política, hacia nuevos paradigmas ecológicos, poniendo en cuestión y
evidenciando las falacias incorporadas en una gran mayoría de las
ideologías pro crecimiento, incluidas, desde luego, también las
neokeynesianas y las productivistas del socialismo real.
2. UNA AUDITORIA DE EXPERTOS BAJO CONTROL SOCIAL NO ES UNA AUDITORIA CIUDADANA
La existencia de transparencia en la realización y resultados
parciales y finales que proporciones la auditoria, no es suficiente.
¿Cuál es la gran diferencia respecto a una auditoria ciudadana?
La participación directa, es lo que separa una forma de auditar de la
otra. Una auditoría siempre debe de contar en su realización de
expertos contables, pero esta intervención de expertos puede ir
acompañada de la presencia y participación social en la discusión de los
caminos a seguir y la valoración de los datos que se vayan obteniendo,
en sus implicaciones y consecuencias, que rarísima vez son objetivas y
determinables en exclusiva por los técnicos de una forma
abstracta-asocial y “científica”, bien al contrario, la toma de
decisiones está impregnada de un componente político e ideológico
extraordinariamente grande, como todos los campos de conflicto y lucha
política por el mantenimiento o la modificación de posiciones de poder y
sus correlatos económicos.
La apuesta por una auditoria ciudadana implica la presencia y
participación en todas sus fases de una amplia y diversa participación
ciudadana.
• Organizaciones sociales: asociaciones, plataformas…
• Organizaciones políticas: partidos, sindicatos…
• Representación ciudadana: una elección a sorteo entre personas
voluntarias, algún tipo de elección o ratificación de propuestas de
organizaciones,…
Mientras que la presencia de los expertos se entiende necesaria solo
en algunas partes del proceso (que sin su aportación no serían posibles)
nunca en todas ellas.
A ello hay que añadir que las decisiones, una vez escuchada e
interpretada claramente la voz de los técnicos, son tomadas en una
esfera diferente a la que solo involucra a los especialistas.
Finalmente, añadir el tema de la moratoria, que suele desaparecer en
las propuestas reestructuradoras. La moratoria va unida al proceso de
auditoria ciudadana y es la expresión de la necesidad de detener el
proceso de encadenamiento que supone el pago de la deuda. Supone una
ruptura, una interrupción, a la espera de tener los datos objetivos
sobre los que actuar socialmente para retomar el control e impedir un
desangrado sin fin. La moratoria es un congelado de imagen que permite
una reflexión colectiva mientras se investigan y se traen a la luz
pública evidencias hasta ese momento ocultas y revestidas de un discurso
posiblemente extraordinariamente falso y mal construido,
fundamentalmente en términos de equidad y transparencia.
3. REESTRUCTURACION ORDENADA DE LA DEUDA NO ES LO MISMO QUE IMPAGO DE LA DEUDA ILEGITIMA
Admitamos que la definición de reestructuración de la deuda puede ser
cualquier cosa, desde el no pago total de la misma, hasta el pago
completo de toda la deuda. Y entre ambos extremos, una amplia gama de
posibilidades intermedias.
Decimos esto, porque la restructuración puede suponer simplemente un
cambio de condiciones en el pago de la misma sin que se vea alterado en
absoluto, el pago de la misma, intereses incluidos. En la literatura de los movimientos contra la deuda, los términos
habitualmente empleados, son no pago o impago y quita. Desde los
movimientos y la red del movimiento que lucha contra la prisión de la
deuda y sus consecuencias, muy rara vez se utiliza el término de
restructuración, este queda habitualmente reservado, a los organismos
internacionales (FMI,
BM, UE…), gobiernos y bancos centrales, y por supuesto a aquellas
organizaciones políticas que defienden posturas muy moderadas que
pretenden no hacer cosas justas y necesarias, sino solo aquellas que
pueden ser aceptables por la élites y sus representaciones políticas y
sociales.
Por tanto, es complicado aceptar que un cambio de la denominación,
del concepto que se utiliza, es simplemente un esfuerzo en ser un tanto
original y diferente, primero porque el concepto es utilizado
habitualmente por “el otro bando” y segundo, porque ya sabemos que esto
suele ser, en esas condiciones, una forma de encubrir que ha habido un
cambio no en la representación sino en el contenido. Es decir, es una
forma de intentar disimular el cambio de posición, cuando lo que
éticamente correspondería es dejar claro la existencia de una
modificación de planteamientos y abrir el debate de paradigmas con total
transparencia.
4. LA REESTRUCTURACION DE LA DEUDA SUPONE LA DESVINCULACIÓN ENTRE LA AUDITORIA Y EL IMPAGO
Nuestro planteamiento, que es el del movimiento internacional de
lucha contra la Deuda, de un no pago de la deuda, es una consecuencia de
que previamente se ha realizado una auditoria ciudadana para
determinar, entre otras cosas, cual es el monto de la parte ilegítima,
construida contra los intereses sociales.
Y es esa parte de la deuda, grande o pequeña, la que debe no pagarse a
sus tenedores. Quedaría un pequeño ajuste a determinar por parte de la
composición ciudadana de la auditoria y son las decisiones, no técnicas,
que involucran pagos y responsabilidades con agentes económicos muy
pequeños, como ciudadanos que han adquirido pequeñas participaciones,
como tales o en forma de fondos de jubilación o pensiones, por ejemplo.
Desde la composición ciudadana de análisis de la deuda, arbitraríamos
los medios para resolver estas situaciones. La determinación de la
ilegitimidad y su impago hace referencia a los grandes tenedores y a la
necesidad de romper la cadena de dominación, apropiación y
redistribución económica que la deuda y sus intereses les permiten.
El planteamiento de restructuración de la deuda, rompe con esta
concepción y con la vinculación entre la auditoria y el establecimiento
de la parte ilegítima que determina el porcentaje de no pago. La restructuración, podría permitir cualquier posibilidad respecto a
la cantidad de deuda a pagar, pero esto no es así, es solo una
apariencia. La restructuración está vinculada a lo posible y lo
aceptable, en términos de lo que interpretan las élites económicas, en
términos tanto de la defensa de sus intereses políticos, como de
proteger los intereses económicos tanto de un no pago por ilegitimidad,
con todo su alcance, como de evitar un no pago por quiebra o
imposibilidad de mantener el pago de una deuda más su servicio,
creciente.
En resumen, la reestructuración, en los términos del horizonte
realmente existente en Europa, está vinculada a la voluntad de asegurar
el pago de la deuda, antes que dejar de pagarla. Para lo cual queda
vinculada a una “negociación” con los grandes tenedores de la misma,
como la banca y fondos de inversión y sus representantes, en forma de
banca central, gobiernos y organismos internaciones (FMI...), que
establezcan, no la parte ilegítima, sino las condiciones de su pago, aun
a costa de perder algo o tener que resituar las condiciones de plazos e
intereses en términos más suaves que eviten un NO PAGO por quiebra o
imposibilidad de atender los continuos servicios de la deuda.
La reestructuración, entendida en su verdadero mecanismo, más allá
del discurso para aparentar lo que no es, permite mantener la deuda
limitando el no pago todo lo posible, centrándose en lo que es su
verdadera finalidad: simular que se está tratando de reducir la deuda
realmente, cuando lo que se establece como principal en la negociación
es mantener la deuda renegociando periodos de carencia, tipos de interés,
plazos de vencimiento y amortización, pero nunca el no pago mismo de
ella vinculado a una auditoria y al sufrimiento ciudadano que comporta.
Las condiciones pueden llevarse al extremo de someter a las
poblaciones a una degradación importante de sus condiciones y
expectativas de vida, puesto que esta no es una variable importante para
las elites, lo determinante no es la ilegitimidad auditada, sino
mantener la vinculación de la existencia de la deuda y su pago.
No hay argumentos de defensa de los intereses sociales que impliquen
independizar la auditoría ciudadana de la parte que se impaga
(“reestructura”) de la deuda. El hecho de separarlos solo puede
entenderse en términos de no tener datos objetivos (los proporcionados
por la auditoria, que ahora nunca se realizaría) que permitan evidenciar
como muy limitada o pequeña la quita de la deuda que se obtenga de una
reestructuración que solo puede denominarse así en tanto haya sido
negociada y acordada con los grandes tenedores y sus embajadores.
Añadamos las evidencias históricas, recientes y pasadas, que confirman
que la reestructuración negociada con los poderosos acreedores solo
llega a realizarse ante el temor de no poder seguir cobrando la mayor
parte de la deuda o perderlo incluso casi todo, lo que les obliga a
ceder una parte que nunca podrían cobrar y mantener a cambio las garantías
y continuidad de la parte reestructurada, independientemente de
cualquier auditoria, porque nunca llegan a realizarse, e
independientemente del sufrimiento social de seguir pagando deudas
inaceptables.
Vinculado a la misma auditoria ciudadana, antecedente necesario del
no pago de la deuda ilegítima y odiosa, queda habitualmente ausente en
los programas posibilistas y escasamente reformistas, el siguiente mojón
del camino: la nacionalización de la banca, o como mínimo la creación
de una banca pública, inexistente en estos momentos. Es decir, la
necesidad de tener instrumentos, herramientas financieras, si se desea
hacer una política financiera desde las instituciones públicas y a
través de sus representantes elegidos. Por el contrario, esta quedaría
como hasta la fecha, en manos de aquellos que son los únicos que pueden
hacerla, las elites financieras.
5. GRANDES PROPIETARIOS DE LA DEUDA O GRANDES NECESIDADES SOCIALES ¿QUIÉN VA PRIMERO?
En este terreno, un primer paquete de medidas por parte de una
representación social realmente transformadora debe incluir junto a la
organización de una auditoria ciudadana, la eliminación del odioso
artículo 135 introducido por el acuerdo ilegítimo entre el entonces
gobernante PSOE y el PP.
Dicha reforma constitucional dictada por la Troika
y sumisamente aceptada por Zapatero y Rajoy, iba enfocada supuestamente
a reconducir el ya célebre "cumplimiento del déficit", pero lo que en
verdad pretendía era un objetivo añadido; buscaba ante todo, que
cualquier administración pública española quedara sometida a partir de
ahora, al pago de la deuda, antes que atender a cualquiera de sus
competencias ordinarias. Es la misma política de asfixia que ya se
aplicara las últimas décadas por parte del FMI y el BM en toda
Latinoamérica.
La reforma del Artículo 135, imponiendo el concepto de “estabilidad
presupuestaria” y la prioridad absoluta del pago de la deuda y los
intereses, condena a la mayoría de la ciudadanía a la pérdida de calidad
de vida y al empobrecimiento continuado, que supone para los más
necesitados una condena perpetua, desmantelando el ya escaso modelo de
servicios sociales.
El objetivo de conseguir el bienestar de la población, sí necesita el
no pago de la deuda, reestructurar la deuda no es una garantía de
consecución del bienestar dela población. Es imprescindible la
derogación del artículo 135 bis de la Constitución y de la Ley de
estabilidad presupuestaria, para resituar en el centro las prioridades
sociales y no las de los grandes tenedores de la deuda, es decir, bancos
y fondos de inversión.
29/10/2014
Andreu Tobarra es miembro de la PACD-PV, profesor
del Departament de Sociologia y Antropologia Social. Universitat
València. Militante d’Esquerra Anticapitalista.
Fuente: http://www.anticapitalistes.net/spi...
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