CADTM Francia y miembro del Colectivo para una auditoria ciudadana de la deuda pública en Francia
¡Números y deudas!
El último 28 de septiembre, el gobierno francés anunció su proyecto de presupuesto para 2012.
Una vez más, en nombre de la reducción del déficit y del endeudamiento del país, el gobierno decidió recortar los gastos públicos. El presupuesto de los ministerios fueron revisados a la baja y, como en el sector privado, el empleo sirve de variable de ajuste.
30.258 empleos desaparecerán de la función pública (muchos más en realidad, teniendo en cuenta los tiempos parciales y las supresión de empleos de interinos).
El sector más afectado es el de la educación nacional con menos de 14000 empleos. El coste de la deuda se coloca así en el primero puesto de los gastos del Estado con 48.800 millones de euros, justo por delante de la educación nacional (45.500 millones de euros).
El Estado autoriza a la Agencia France Trésor (agencia de administración de la deuda y del Tesoro Público francés) a emitir, en 2012, 179.000 millones de euros en obligaciones para financiar el déficit presupuestario cuyo monto es de 81.800 millones de euros —de los que 48.800 millones corresponden solamente al pago de los intereses de la deuda—, y para reembolsar los títulos de la deuda, a largo y medio plazo, que vencerán en 2012 (98,9 millones de euros).
En pocas palabras: ¡el Estado se endeuda para pagar la deuda!
En 2012, el gobierno dedicará cerca de 148.000 millones de euros al servicio de la deuda pública. 148.000 millones es 3 veces el presupuesto de la educación primaria y secundaria, y es mayor que la recaudación fiscal esperada para 2012 (sin contar el IVA).
Mi querida deuda pública, pero ¿qué vamos a hacer con usted?
Actualmente, asistimos a una nueva crisis de liquidez del sector bancario y a la incapacidad de la Unión Europea para responder a la crisis de la deuda pública, que golpea los países de la periferia sur de la UE. Este fenómeno se extiende desde Grecia a Irlanda pasando por España, Portugal, y dentro de poco afectará a Italia cuya nota acaba de ser degradada por las agencias de calificación.
Para responder a la primera crisis de liquidez que siguió a la explosión de la crisis, los bancos centrales y luego los Estados corrieron en auxilio de los bancos privados, transformando así las deudas privadas en deuda públicas.
La Comisión Europea había autorizado a los Estados miembros a comprometerse hasta un monto de 4,589 billones de euros para el rescate de los bancos y del sector del automóvil. Esto se había traducido en la creación de bancos “malos” para recoger los activos tóxicos (como la agencia NAMA en Irlanda), por aportes directos, participación en el capital (Royal Bank of Scotland) e incluso líneas de créditos y compromisos de garantía.
Sin embargo, los bancos han reanudo su andadura con beneficios, y continúan con las mismas prácticas de especulación que les habían conducido a un callejón sin salida.
Ya se está preparando el terreno para que se acepte la idea de “reflotar” de nuevo a los bancos (declaración de la directora del FMI, de la OCDE, mediatización extrema en torno al caso Dexia).
Es decir que los Estados, una vez más, “socializarán” las perdidas de los bancos y del sector privado, y profundizarán su endeudamiento. En nombre de la reducción de esas «pérdidas», los gobiernos, tanto de derecha como de izquierda, justifican los planes de austeridad a pesar de que se conoce su ineficacia frente a la crisis.
¿Y si decimos no?
En un número creciente de países europeos se están poniendo en marcha comités para la auditoría de la deuda pública.
En Grecia, con la creación de la Comisión internacional de auditoría de la deuda griega en el mes de mayo pasado, bajo el impulso del comité griego contra la deuda.
En Irlanda, el Comité de expertos designado por un frente sindical y asociativo acaba de publicar su primero informe de auditoría sobre la deuda pública irlandesa.
En Francia, a iniciativa de ATTAC, un colectivo de asociaciones, sindicatos y partidos políticos (estos últimos con estatuto de observadores) trabajan en la creación de un comité de auditoría de la deuda pública francesa.
En el Reino Unido, se celebró, el 1 de octubre, una conferencia europea contra la austeridad organizada por Coalition for Resistance. La reivindicación de una movilización europea contra la austeridad se une a la urgencia de construir, tanto a escala nacional como europea, un comité de auditoría de la deuda pública.
En Italia, la constitución de dichos comités ya está en el debate público.
En España, los indignados han hecho suya la reivindicación de poder abrir los libros de las cuentas públicas.
En Portugal y en muchos otros países, esta idea crece y encuentra un eco cada vez más favorable en las estructuras políticas, sindicales y en los movimientos ciudadanos.
Por lo tanto, decidimos, aquí y ahora, ¡abrir los libros de las deudas públicas!
Denunciemos sus causas y sus consecuencias (planes de austeridad). Identifiquemos a los acreedores (¡una información mantenida secreta por ley!)
Decidamos sobre su carácter legítimo o ilegítimo, y en este último caso, ¡exijamos su anulación!
Como esta crisis que no nos pertenece pagar, esta deuda pública, que es el producto directo de decisiones fiscales y sociales favorables a las grandes empresas y a las familias más ricas, ¡no es nuestra!
Una vez más, en nombre de la reducción del déficit y del endeudamiento del país, el gobierno decidió recortar los gastos públicos. El presupuesto de los ministerios fueron revisados a la baja y, como en el sector privado, el empleo sirve de variable de ajuste.
30.258 empleos desaparecerán de la función pública (muchos más en realidad, teniendo en cuenta los tiempos parciales y las supresión de empleos de interinos).
El sector más afectado es el de la educación nacional con menos de 14000 empleos. El coste de la deuda se coloca así en el primero puesto de los gastos del Estado con 48.800 millones de euros, justo por delante de la educación nacional (45.500 millones de euros).
El Estado autoriza a la Agencia France Trésor (agencia de administración de la deuda y del Tesoro Público francés) a emitir, en 2012, 179.000 millones de euros en obligaciones para financiar el déficit presupuestario cuyo monto es de 81.800 millones de euros —de los que 48.800 millones corresponden solamente al pago de los intereses de la deuda—, y para reembolsar los títulos de la deuda, a largo y medio plazo, que vencerán en 2012 (98,9 millones de euros).
En pocas palabras: ¡el Estado se endeuda para pagar la deuda!
En 2012, el gobierno dedicará cerca de 148.000 millones de euros al servicio de la deuda pública. 148.000 millones es 3 veces el presupuesto de la educación primaria y secundaria, y es mayor que la recaudación fiscal esperada para 2012 (sin contar el IVA).
Mi querida deuda pública, pero ¿qué vamos a hacer con usted?
Actualmente, asistimos a una nueva crisis de liquidez del sector bancario y a la incapacidad de la Unión Europea para responder a la crisis de la deuda pública, que golpea los países de la periferia sur de la UE. Este fenómeno se extiende desde Grecia a Irlanda pasando por España, Portugal, y dentro de poco afectará a Italia cuya nota acaba de ser degradada por las agencias de calificación.
Para responder a la primera crisis de liquidez que siguió a la explosión de la crisis, los bancos centrales y luego los Estados corrieron en auxilio de los bancos privados, transformando así las deudas privadas en deuda públicas.
La Comisión Europea había autorizado a los Estados miembros a comprometerse hasta un monto de 4,589 billones de euros para el rescate de los bancos y del sector del automóvil. Esto se había traducido en la creación de bancos “malos” para recoger los activos tóxicos (como la agencia NAMA en Irlanda), por aportes directos, participación en el capital (Royal Bank of Scotland) e incluso líneas de créditos y compromisos de garantía.
Sin embargo, los bancos han reanudo su andadura con beneficios, y continúan con las mismas prácticas de especulación que les habían conducido a un callejón sin salida.
Ya se está preparando el terreno para que se acepte la idea de “reflotar” de nuevo a los bancos (declaración de la directora del FMI, de la OCDE, mediatización extrema en torno al caso Dexia).
Es decir que los Estados, una vez más, “socializarán” las perdidas de los bancos y del sector privado, y profundizarán su endeudamiento. En nombre de la reducción de esas «pérdidas», los gobiernos, tanto de derecha como de izquierda, justifican los planes de austeridad a pesar de que se conoce su ineficacia frente a la crisis.
¿Y si decimos no?
En un número creciente de países europeos se están poniendo en marcha comités para la auditoría de la deuda pública.
En Grecia, con la creación de la Comisión internacional de auditoría de la deuda griega en el mes de mayo pasado, bajo el impulso del comité griego contra la deuda.
En Irlanda, el Comité de expertos designado por un frente sindical y asociativo acaba de publicar su primero informe de auditoría sobre la deuda pública irlandesa.
En Francia, a iniciativa de ATTAC, un colectivo de asociaciones, sindicatos y partidos políticos (estos últimos con estatuto de observadores) trabajan en la creación de un comité de auditoría de la deuda pública francesa.
En el Reino Unido, se celebró, el 1 de octubre, una conferencia europea contra la austeridad organizada por Coalition for Resistance. La reivindicación de una movilización europea contra la austeridad se une a la urgencia de construir, tanto a escala nacional como europea, un comité de auditoría de la deuda pública.
En Italia, la constitución de dichos comités ya está en el debate público.
En España, los indignados han hecho suya la reivindicación de poder abrir los libros de las cuentas públicas.
En Portugal y en muchos otros países, esta idea crece y encuentra un eco cada vez más favorable en las estructuras políticas, sindicales y en los movimientos ciudadanos.
Por lo tanto, decidimos, aquí y ahora, ¡abrir los libros de las deudas públicas!
Denunciemos sus causas y sus consecuencias (planes de austeridad). Identifiquemos a los acreedores (¡una información mantenida secreta por ley!)
Decidamos sobre su carácter legítimo o ilegítimo, y en este último caso, ¡exijamos su anulación!
Como esta crisis que no nos pertenece pagar, esta deuda pública, que es el producto directo de decisiones fiscales y sociales favorables a las grandes empresas y a las familias más ricas, ¡no es nuestra!
Traducido del francés por Olivier Chantry y revisado por Griselda Pinero
