por Gemma Tarafa y Jérôme Duval
¿Quién debe a Quién?
Del 6 al 8 mayo de 2011, un año después del "rescate" de Grecia por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea (CE), se reunieron en Atenas centenares de activistas provenientes de todo el mundo en contra de la deuda. Fue en Atenas, ante una sala repleta, donde la diputada Sofía Sakorafa, recientemente excluida del partido socialista al poder, PASOK, por haberse negado a votar las medidas de austeridad, presentó la conferencia "Deuda y austeridad: del Sur global a Europa”.
Desde el principio de su intervención, marcó el tono desplazando la problemática del endeudamiento más allá de las fronteras y de la división Norte/Sur: "La deuda está vinculada a la cuestión de clase." De hecho, el desafío de esta actividad fue aprender de las experiencias del Sur en la lucha contra la deuda ilegítima, que afecta principalmente a las clases más pobres, y movilizarse para su anulación. Se trata de crear un vínculo entre los países de la Periferia y la Europa en vías de "Subdesarrollo” (Grecia, Irlanda, Portugal, etc.), aprender de las experiencias en América Latina y otras partes para tratar de recuperar una soberanía que fue robada a los ciudadanos y el Estado por sus acreedores, establecer solidaridades en Europa para luchar mejor contra una deuda que oprime a los más pobres, y por último, impulsar un comité de auditoría en Grecia con el fin de repudiar la parte ilegítima de la deuda que no ha beneficiado a la población.
A lo largo de estos 3 días de conferencia, se han sucedido intervenciones a menudo muy radicales, y cuando el público tomaba la palabra, se percibía una rabia inconmensurable contra la injusticia persistente de la deuda. No se trata de hablar aquí de reformismo sino más bien de un cambio radical que conduzca a una verdadera justicia social sin la esclavitud del endeudamiento. La reestructuración de la deuda no implica el final de la explotación de los más débiles. Esto no resolverá el problema sino que lo amplificará conforme se irá extendiendo el plazo para los reembolsos. Es necesario que se produzca una anulación y la herramienta imprescindible para lograrlo es la auditoría. La auditoría es un requisito previo para determinar la parte ilegítima que debe ser declarada inadmisible y nula ante la ley. Constituye una herramienta potencialmente muy poderosa, capaz de responder a la crisis, a condición de que se utilice de forma independiente, transparente y democrática, y que el comité tenga en cuenta las reivindicaciones de los ciudadanos con el fin de estar a su servicio.
En un país que, en la historia del mundo, dio luz a una forma de gobierno democrático, la intromisión de la Troïka (el término utilizado habitualmente en Grecia para designar el trío formado por el FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo) en los asuntos del Estado sigue siendo muy impopular y dio lugar a una lucha feroz de la ala más de izquierdas del partido socialista al poder. La Troïka no dispone de un mandato popular para imponer sus políticas, la deuda resultante no es el resultado de negociaciones democráticas sino de negociaciones entre individuos que hablan en nombre de instituciones no democráticas. La diferencia es enorme y la Troika, que ocupa política y económicamente Grecia, podría ser expulsada con el fin de liberar a los ciudadanos griegos de esta presencia ilegítima. Mientras el pueblo griego se deja la piel intentando pagar una deuda de la cual no se ha beneficiado o muy poco, Grecia compra equipos militares a sus vecinos europeos que supuestamente deberían ayudarle (submarinos a Alemania, fragatas FREMM a Francia), los trabajadores pierden sus derechos y la tasa de suicidio aumenta (pasó del 1 por día en 2009 al 2 por día en 2010).
Es hora de acabar con el saqueo capitalista a través de la deuda, que genera una transferencia de capital de los que producen la riqueza hacia aquellos que especulan e influencian los mercados. Eso es un poco lo que se pudo apreciar en las diversas intervenciones de este seminario. La experiencia de la auditoría realizada en Ecuador entre 2007 y 2008, que permitió anular una parte significativa de la deuda ilegítima y ahorrar 300 millones de dólares al año durante 20 años, constituye una lección enriquecedora para la construcción de una alternativa en Grecia. Vario/as representantes de Irlanda, país cuyo Estado prevé nuevos recortes presupuestarios por un valor de unos 6000 millones en 2011, animaron la asamblea al anunciar que una comisión de expertos independientes apoyada por las asociaciones AFRI, la coalición Debt and Development Ireland y el sindicato Unite, ya había comenzado a preparar el terreno para una auditoría ciudadana en su país. Recordemos que la UE y el FMI han puesto en marcha un plan de préstamo a Irlanda por valor de 85 000 millones de euros distribuidos en varios años, en particular para el rescate del sector bancario.
El pueblo griego, al igual que el pueblo tunecino, puede, en virtud del derecho internacional, negar el reembolso de la deuda odiosa contraída bajo un régimen dictatorial que se utilizó para mantener y enriquecer a los tiranos en el poder, mientras se reprimía a la población. Pero más allá de eso, ¿Puede reclamarse una indemnización? ¿Es legítimo el préstamo de 110.000 millones de euros concedido por Bruselas y el FMI a Grecia a cambio de medidas de austeridad impuestas al pueblo? ¿Es legal la deuda incrementada por el "plan de rescate" para salvar a los bancos? ¿Cuál es la prioridad presupuestaria del Estado? ¿Debe atender primero al reembolso de los acreedores y al gasto en armamento? Todas estas cuestiones han alimentado el debate en Grecia sobre la necesidad de llevar a cabo una "auditoría independiente" de la deuda que incluya a representantes de la sociedad civil. Constituyen la base de los argumentos, que defendidos en un marco legal, deben llevar a reconocer estas deudas como inadmisibles y nulas ante la ley. Y si la justicia no lo hace, la presión popular puede obligarle. El cambio radical en las relaciones de poder, fruto de una auditoría eficaz, entre los que detienen la riqueza y los que la producen sólo podrá contribuir a una repartición más justa. Se trata de una condición previa útil que requiere de otras medidas considerables y necesarias para encaminarse hacía una sociedad radicalmente diferente, basada en una distribución justa de la riqueza, la justicia y la solidaridad, y que está por construir por y para el pueblo.
¿Quién debe a Quién?
Del 6 al 8 mayo de 2011, un año después del "rescate" de Grecia por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea (CE), se reunieron en Atenas centenares de activistas provenientes de todo el mundo en contra de la deuda. Fue en Atenas, ante una sala repleta, donde la diputada Sofía Sakorafa, recientemente excluida del partido socialista al poder, PASOK, por haberse negado a votar las medidas de austeridad, presentó la conferencia "Deuda y austeridad: del Sur global a Europa”.
Desde el principio de su intervención, marcó el tono desplazando la problemática del endeudamiento más allá de las fronteras y de la división Norte/Sur: "La deuda está vinculada a la cuestión de clase." De hecho, el desafío de esta actividad fue aprender de las experiencias del Sur en la lucha contra la deuda ilegítima, que afecta principalmente a las clases más pobres, y movilizarse para su anulación. Se trata de crear un vínculo entre los países de la Periferia y la Europa en vías de "Subdesarrollo” (Grecia, Irlanda, Portugal, etc.), aprender de las experiencias en América Latina y otras partes para tratar de recuperar una soberanía que fue robada a los ciudadanos y el Estado por sus acreedores, establecer solidaridades en Europa para luchar mejor contra una deuda que oprime a los más pobres, y por último, impulsar un comité de auditoría en Grecia con el fin de repudiar la parte ilegítima de la deuda que no ha beneficiado a la población.
A lo largo de estos 3 días de conferencia, se han sucedido intervenciones a menudo muy radicales, y cuando el público tomaba la palabra, se percibía una rabia inconmensurable contra la injusticia persistente de la deuda. No se trata de hablar aquí de reformismo sino más bien de un cambio radical que conduzca a una verdadera justicia social sin la esclavitud del endeudamiento. La reestructuración de la deuda no implica el final de la explotación de los más débiles. Esto no resolverá el problema sino que lo amplificará conforme se irá extendiendo el plazo para los reembolsos. Es necesario que se produzca una anulación y la herramienta imprescindible para lograrlo es la auditoría. La auditoría es un requisito previo para determinar la parte ilegítima que debe ser declarada inadmisible y nula ante la ley. Constituye una herramienta potencialmente muy poderosa, capaz de responder a la crisis, a condición de que se utilice de forma independiente, transparente y democrática, y que el comité tenga en cuenta las reivindicaciones de los ciudadanos con el fin de estar a su servicio.
En un país que, en la historia del mundo, dio luz a una forma de gobierno democrático, la intromisión de la Troïka (el término utilizado habitualmente en Grecia para designar el trío formado por el FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo) en los asuntos del Estado sigue siendo muy impopular y dio lugar a una lucha feroz de la ala más de izquierdas del partido socialista al poder. La Troïka no dispone de un mandato popular para imponer sus políticas, la deuda resultante no es el resultado de negociaciones democráticas sino de negociaciones entre individuos que hablan en nombre de instituciones no democráticas. La diferencia es enorme y la Troika, que ocupa política y económicamente Grecia, podría ser expulsada con el fin de liberar a los ciudadanos griegos de esta presencia ilegítima. Mientras el pueblo griego se deja la piel intentando pagar una deuda de la cual no se ha beneficiado o muy poco, Grecia compra equipos militares a sus vecinos europeos que supuestamente deberían ayudarle (submarinos a Alemania, fragatas FREMM a Francia), los trabajadores pierden sus derechos y la tasa de suicidio aumenta (pasó del 1 por día en 2009 al 2 por día en 2010).
Es hora de acabar con el saqueo capitalista a través de la deuda, que genera una transferencia de capital de los que producen la riqueza hacia aquellos que especulan e influencian los mercados. Eso es un poco lo que se pudo apreciar en las diversas intervenciones de este seminario. La experiencia de la auditoría realizada en Ecuador entre 2007 y 2008, que permitió anular una parte significativa de la deuda ilegítima y ahorrar 300 millones de dólares al año durante 20 años, constituye una lección enriquecedora para la construcción de una alternativa en Grecia. Vario/as representantes de Irlanda, país cuyo Estado prevé nuevos recortes presupuestarios por un valor de unos 6000 millones en 2011, animaron la asamblea al anunciar que una comisión de expertos independientes apoyada por las asociaciones AFRI, la coalición Debt and Development Ireland y el sindicato Unite, ya había comenzado a preparar el terreno para una auditoría ciudadana en su país. Recordemos que la UE y el FMI han puesto en marcha un plan de préstamo a Irlanda por valor de 85 000 millones de euros distribuidos en varios años, en particular para el rescate del sector bancario.
El pueblo griego, al igual que el pueblo tunecino, puede, en virtud del derecho internacional, negar el reembolso de la deuda odiosa contraída bajo un régimen dictatorial que se utilizó para mantener y enriquecer a los tiranos en el poder, mientras se reprimía a la población. Pero más allá de eso, ¿Puede reclamarse una indemnización? ¿Es legítimo el préstamo de 110.000 millones de euros concedido por Bruselas y el FMI a Grecia a cambio de medidas de austeridad impuestas al pueblo? ¿Es legal la deuda incrementada por el "plan de rescate" para salvar a los bancos? ¿Cuál es la prioridad presupuestaria del Estado? ¿Debe atender primero al reembolso de los acreedores y al gasto en armamento? Todas estas cuestiones han alimentado el debate en Grecia sobre la necesidad de llevar a cabo una "auditoría independiente" de la deuda que incluya a representantes de la sociedad civil. Constituyen la base de los argumentos, que defendidos en un marco legal, deben llevar a reconocer estas deudas como inadmisibles y nulas ante la ley. Y si la justicia no lo hace, la presión popular puede obligarle. El cambio radical en las relaciones de poder, fruto de una auditoría eficaz, entre los que detienen la riqueza y los que la producen sólo podrá contribuir a una repartición más justa. Se trata de una condición previa útil que requiere de otras medidas considerables y necesarias para encaminarse hacía una sociedad radicalmente diferente, basada en una distribución justa de la riqueza, la justicia y la solidaridad, y que está por construir por y para el pueblo.
Jérôme Duval y Gemma Tarafa formen parte de la Red por la Abolición de la Deuda Externa y la restitución de la Deuda Ecológica
http://www.quiendebeaquien.org/
http://www.quiendebeaquien.org/