por Alberto Garzón Espinosa
Texto entregado al Gobierno de España
En el año 2000 la deuda pública española fue del 59’4% del PIB de
acuerdo con los datos de la oficina Eurostat. Sin embargo y como
consecuencia de la crisis se prevé que en 2012 dicho ratio haya subido
hasta el 85’3% del PIB, mientras que en los
Presupuestos Generales el Gobierno estima que en 2013 se incrementará
hasta el 90’5% del PIB. En cantidades absolutas lo previsto para 2013
significan un total de 728.800 millones de euros. Asimismo, en concepto
de pago de intereses el Gobierno ha previsto la cantidad de 38.589
millones de euros.
Esta deuda tiene diferentes orígenes, como consecuencia de la crisis
financiera y económica, y sin más datos es difícil dilucidar qué parte
corresponde a las necesidades de financiación de la activación de los
estabilizadores automáticos, de los planes de estímulo o de los rescates
bancarios. Sin embargo, sí cabe reconocer que en comparación con las
grandes entidades financieras el contexto de financiación del Estado ha
sido enormemente injusto. Al menos en las dos formas siguientes:
1) En primer lugar, mientras el Banco Central Europeo (BCE) pone a
disposición de las entidades financieras una financiación muy barata y
prácticamente ilimitada, los Estados tienen que recurrir exclusivamente a
los mercados financieros de deuda pública en un contexto de recesión
económica –con las implicaciones que ello conlleva en términos de
rentabilidad y precio de los títulos de deuda-. Esta situación, derivada
de las fallas de la construcción europea y del propio diseño de las
instituciones europeas, ha llevado a la creación de espacios de
arbitraje que las entidades financieras han aprovechado. Es decir, estas
entidades financieras pueden acceder a financiación a un tipo de
interés muy reducido y prestar esas cantidades al Estado a tipos de
interés mucho más elevados. Situación paradójica teniendo en cuenta que
por otros mecanismos y de forma sistemática es el propio Estado, junto
con las instituciones europeas, el que está rescatando a las entidades
financieras.
2) En segundo lugar, porque gran parte de la financiación obtenida
por el Estado ha tenido como destino el salvamento del sistema
financiero o de otras entidades empresariales. El esquema lleva a que el
Estado se endeude no para hacer frente a los gastos corrientes o de
inversión en la economía real sino para prestar el dinero de nuevo en
condiciones favorables a sujetos privados cuyos intereses no son
necesariamente coincidentes con los de los ciudadanos. Informes
independientes, como el del técnico de hacienda D. Agustín Turiel,
plantean que el total de este tipo de endeudamiento “ilegítimo” asciende
a 95.671 millones de euros sólo entre 2008 y 2010.
No cabe duda de que gran parte de las emisiones de deuda pública de
los últimos años se han suscrito a través de los mecanismos arriba
descritos, produciéndose así un ilegítimo rescate a las entidades
financieras de toda Europa. Por esa razón nuestro grupo considera que es
posible calificar gran parte de los contratos de deuda pública con el
concepto de “deuda odiosa” tal y como aparece recogido en la doctrina
internacional sobre la cuestión. Cabe recordar que este concepto ha sido
usado históricamente en múltiples ocasiones, entre ellas en Cuba en
1898 por parte de Estados Unidos o en Iraq en 2004 por parte del
Gobierno impuesto por Estados Unidos. Asimismo, los casos de Argentina
en 2001 y Ecuador en 2007 ilustran no sólo la posibilidad de realizar
eficazmente estas medidas sino también que son instrumentos útiles para
garantizar el desarrollo económico futuro.
En un contexto de recesión, y con las expectativas para 2013 de un
decrecimiento del 1’4% según la Comisión Europea –especialmente por el
agravamiento de la demanda interna en mitad de un proceso de
desapalancamiento financiero-, es previsible que la capacidad de ingreso
del Estado siga mermándose hasta el punto de hacer insostenible el
ritmo de crecimiento de la deuda pública. Ya hay datos que apuntan a
esta dificultad creciente. Entre 2010 y 2011 el déficit primario
descendió un 9’09% (hasta el 7% según Eurostat) como consecuencia de las
políticas de austeridad, pero el déficit público final sólo descendió
un 3’09% (hasta el 9’4% según Eurostat). Este diferente ritmo de
crecimiento no hace sino revelar el lastre que supone el creciente peso
del pago de los intereses de la deuda pública, los cuales ejercen una
punción sobre los recursos públicos e impiden que éstos puedan dedicarse
en políticas de reactivación económica.
La descrita aquí es una peligrosa senda que aúna socialización de las
deudas privadas, crecimiento del endeudamiento público, recesión
económica y creciente peso de la carga financiera. No es éste un
problema que pueda resolverse con más austeridad, como ilustra
dramáticamente el caso griego –que ha tenido que reconocer en varias
ocasiones la imposibilidad de pagar toda la deuda pública-, sino que
manifiesta la necesidad de liberar parte del lastre financiero que
supone la deuda pública. Algo que, a nuestro juicio, debería acompañarse
de una política expansiva por parte del Banco Central Europeo y por un
nuevo y muy distinto diseño de la Unión Europea.
Por los motivos anteriormente expuestos consideramos necesario poner
en marcha una auditoría de la deuda pública que estudie todas las
suscripciones de títulos con objeto de poder identificar qué contratos
pueden considerarse “odiosos”. Por esa razón, proponemos asimismo la
creación de una comisión formada por expertos de diferentes ámbitos de
la vida social y económica, incluyendo a las múltiples organizaciones
especializadas en este tema que trabajan en la línea apuntada desde hace
años tanto a nivel nacional como internacional.