Repsol ha mostrado una absoluta indiferencia ante los derechos de las
poblaciones indígenas en América Latina. Sin salir de Argentina, en el
yacimiento de Cerro Bandera, los derechos de la comunidad mapuche Lonko
Purran fueron sistemáticamente violados. En el yacimiento de Loma de la
Lata sus habitantes, también mapuches, tienen hasta 17 metales pesados
en su sangre, sufren trastornos nerviosos, enfermedades en la piel y
hasta se han dado casos de anencefalia fetal. Por estos casos y otros
similares, la empresa fue juzgada y condenada por el Tribunal Permanente
de los Pueblos desde 2006.
Repsol es un agente importante en el calentamiento global. Las
emisiones directas de la compañía ascienden a unos 30 millones de
toneladas de CO2 equivalente. Pero esto solo es una parte ínfima de su
responsabilidad en el cambio climático, ya que habría que sumarle las
emisiones como consecuencia de la quema de los combustibles fósiles que
produce, lo que supone más de 1.000 millones de toneladas de CO2
equivalente en un año. Las emisiones totales del Estado español en un
año están en torno a los 400 millones de toneladas de CO2 equivalente.
Repsol actúa activamente en la pérdida de biodiversidad. Sus
actividades extractivas están presentes en el Parque Nacional Madidi,
Reserva de la Biosfera Pilon Lajas, Parque Nacional Isiboro Sécure,
Parque Nacional Amboró, Parque Nacional Aguaragüe (todos en Bolivia),
Parque Nacional Yasuni (Ecuador), o la Reserva Llancanelo (Argentina).
Repsol pretendía explotar los recursos del campo argentino de Vaca
Muerta, recientemenete descubierto. Este campo contiene petróleo de
esquisto. Para extraer ese crudo es necesario inyectar en el subsuelo
grandes cantidades de substancias químicas, envenenándolo para siempre.
Mientras otros países, como Francia, han prohibido ésta práctica por sus
graves impactos, Repsol pretendía llevarla a cabo en Argentina.
Repsol representa un modelo de explotación neocolonial al que
multinacionales “españolas” se apuntaron desde los años 90. Repsol
compró YPF a un precio por debajo de su valor real. Para ello se
subestimaron las reservas y se saneó la empresa con dinero público
argentino antes de venderla. Por supuesto, tras la compra de YPF, el
Tesoro Argentino perdió una parte importante de la renta petrolera que
recibía. Repsol compró YPF por 13.158 millones de dólares en 1999. Ahora
la empresa española se retiraría con un saldo positivo de 8.813
millones de dólares, aún sin indemnización. El golpe del Gobierno
argentino es una prueba clara de que la correlación de fuerzas está
cambiando.
Repsol es un ejemplo de empresa que evade impuestos. Es una de las
multinacionales con sede en España (que no española) que cuenta con más
presencia en paraísos fiscales, en donde tiene 13 filiales a través de
las cuáles minimiza el pago de impuestos.
Repsol no crea empleos, sino que los ha estado destruyendo. El
ejemplo de YPF tras su compra es paradigmático, pues miles de personas
fueron despedidas. YPF tenía más de 55.000 trabajadores, de los que solo
quedaron unos 6.000 después de la privatización. Además, la búsqueda de
la competitividad le ha llevado a rebajar las condiciones de seguridad
de sus plantas, lo que está detrás de la muerte de 9 trabajadores en la
refinería de Puertollano.
Repsol no es una empresa española, simplemente tiene su sede en el
Estado español. La mayoría de su accionariado está radicado en el
exterior. Además, la defensa de sus accionistas es la defensa de los
intereses privados de un porcentaje ínfimo de la población.
Por último, Repsol es el paradigma de un modelo energético con los
días contados. En Argentina el pico del petróleo se había alcanzado en
1999 y, desde entonces, la producción de sus campos era decreciente. Ni
la explotación del yacimiento de Vaca Muerta, ni otros como los que
pretende explotar Repsol en Canarias o en la costa brasileña van a
cambiar sustancialmente el panorama de agotamiento de los combustibles
fósiles.
En conclusión, Ecologistas en Acción, OMAL, ACSUR-Las Segovias, ODG y
ESF denuncian que al defender Repsol, el Gobierno: NO defiende los
intereses de la ciudadanía; dedicando los tan necesitados fondos
públicos al servicio del interés de unos cuantos, que actúan en total
impunidad social, ambiental y fiscal. Exigimos que se ponga fin a ello,
ahora.
E invitamos a firmar la petición que ha propuesto la campaña Qui Deu a Qui? en la plataforma Actuable “Pídele a Rajoy que no apoye con fondos públicos y acciones diplomáticas a Repsol”.