La nacionalización de YPF en Argentina, que afectaría los intereses
de Repsol, ha provocado un alud de acciones en apoyo de la multinacional
que dirige Antoni Brufau por parte del Gobierno Español.
En particular, el Ministro de Relaciones Exteriores ha afirmado en
una conferencia de prensa que una de las principales tareas del
Ministerio radicaba en la protección de los intereses de las empresas
españolas en el exterior y las declaraciones por parte del Gobierno se
han multiplicado en este sentido en los últimos días.
El Gobierno ha desplegado desde hace varios años un conjunto de
mecanismos y estrategias de apoyo a la internacionalización de las
empresas privadas españolas. Pero ese apoyo se hace sin tener en cuenta
los impactos de estas empresas sobre los derechos humanos o el medio
ambiente en los países en los que invierten. No se incluyen cláusulas de
vigilancia, de transparencia. Además la gran mayoría de las empresas
del IBEX (que reciben los apoyos del Gobierno) tienen sociedades
domiciliadas en alguno de los países que la Ley española considera
paraísos fiscales, sin que ello merme el apoyo con fondos públicos a
estas empresas. Repsol YPF se destaca en este sentido.
Tampoco existen sólidas pruebas de que el actuar de las empresas
privadas españolas en el exterior contribuya de manera positiva en el
desarrollo de los países receptores de la inversión. Más bien al
contrario, las transnacionales y bancos españoles no han hecho sino
generar conflictos laborales, sociales y ambientales.
En lo que atañe específicamente a Repsol YPF, recordamos lo siguiente:
La
compra de YPF por Repsol se realizó mediante presiones de la diplomacia
española sobre el presidente argentino Menem, para que vendiera YPF a
un precio por debajo de su valor real. Así, se subestimaron las reservas
y se saneó la empresa con dinero público antes de venderla. Esta venta
significó la pérdida de miles de puestos de trabajo y la renta petrolera
que era de gran importancia para el Tesoro Público argentino. Desde
hace varios años existe un gran número de denuncias por los conflictos
sociales y ambientales causados por Repsol YPF en América Latina y en el
propio Estado español. Una amplia bibliografía (estudios, informes,
videos) refiere estos conflictos, pero a pesar de ello, la empresa sigue
operando en la más total impunidad (http://www.odg.cat/navegacas.php?id…). En
2006, 2008 y 2010 ha sesionado el Tribunal Permanente de los Pueblos,
ante el cual se han presentado casos contra las transnacionales europeas
por sus impactos sobre los Derechos de los Pueblos en América Latina y
el Caribe. En las tres sesiones, las empresas y bancos españoles han
tenido un lamentable protagonismo por los conflictos generados. En las
tres sesiones se juzgó a Repsol YPF. En 2010, el caso presentado contra
Repsol fue precisamente el de Argentina. El TPP condenó a Repsol YPF por
causar en ese país importantes y persistentes impactos sobre el
ambiente, la vida y la cultura de sus habitantes. En particular se citó
el caso del yacimiento de Cerro Bandera, donde los derechos de la
Comunidad Mapuche Lonko Purran (Provincia de Neuquén) fueron
sistemáticamente violados . (http://www.enlazandoalternativas.or… ) En
plena crisis ecológica global, empresas como Repsol YPF siguen ganando
miles de millones de Euros en un negocio que contribuye al cambio
climático de manera irreversible. Por ello, y siguiendo los compromisos
de lucha contra el cambio climático asumidos por el Gobierno español,
resulta absolutamente contradictoria la defensa de una empresa
petrolera. Repsol
YPF no es una empresa pública española. No existe ninguna legislación
sobre el deber de defensa de los intereses de una empresa privada por
parte del gobierno, pero sí existe una legislación estatal e
internacional que le obliga a cumplir con los Derechos Humanos.
En definitiva, en una época de injustificados recortes que afectan a
la población que habita el Estado español, ¿con qué dinero y obedeciendo
a qué mandato despliega el Gobierno español una “estrategia
internacional” contra la nacionalización de YPF por parte de Argentina?
Si el gobierno español estima que entre sus obligaciones se encuentra
la defensa de Repsol-YPF, al punto de realizar intensas presiones
diplomáticas y comerciales sobre un país soberano como Argentina, ¿por
qué no exige que Repsol YPF asuma su responsabilidad en los graves
impactos sociales y ambientales en países terceros?
¿No sería mucho más acertado y responsable en el contexto actual
imitar el ejemplo de los países sudamericanos que ejercen su soberanía, e
iniciar en el Estado español un proceso de nacionalización de las
empresas y bancos que fueron privatizados en los años 90 con grandes
pérdidas para el Estado español?
Si crees que el Gobierno debería poner fin al apoyo, con fondos
públicos o actuaciones diplomáticas a las empresas privadas españolas en
el exterior, puedes firmar y enviarle a Rajoy esta carta que promueven
la Red «¿Quién debe a Quién?» y organizaciones como Entrepueblos,
Ecologistas en Acción- Ekologistak Martxan, alterNativa Intercanvi amb
Pobles Indígenes, CODPI - Coordinación por los Derechos de los Pueblos
Indígenas, Lliga dels Drets dels Pobles, Salva la Selva, el Colectivo
Repsolmata, EDPAC, OMAL-Paz con Dignidad y Observatori del Deute en la
Globalització…
⇒ ver: http://actuable.es/peticiones/pidele-rajoy-no-apoye-con-fondos-publicos-y-accciones
