En Grecia nos jugamos nuestro futuro

por Daniel Gómez-Olivé i Casas

Estos días vemos cómo los líderes europeos están exprimiendo al máximo la piel de naranja griega, para asegurarse que todo el jugo vierta en sus vasos, sedientos como están de recobrar deudas helénicas. Las exigencias de la Troika (CE, BCE y FMI) al Gobierno griego nos muestran cuán cruel es la falta de solidaridad entre socios cuando de lo que se trata es del reclamo de deudas impagables. De la misma manera, vemos cómo la democracia y la garantía de derechos sociales se diluyen, en la justa medida en que la presión internacional exige al Gobierno griego que priorice el pago de las deudas al pago social que todo Estado tiene la obligación constitucional de atender. Pero ¿qué es lo que debe Grecia? ¿A quién se lo debe? ¿Por qué se debe? Y lo más importante: ¿qué se debe hacer ante este chantaje?

La deuda pública de Grecia a finales del 2011 se estima que habría llegado a los 355.000M€, cifra que ya supone el 165% de su PIB. Casi un 75% del total (unos 260.000M€) son bonos que se negocian –con cuantiosos márgenes de beneficios– en los mercados secundarios de valores, y que están en manos de agentes privados (fondos, aseguradoras y bancos poseen casi el 70% de los mismos), del BCE (que ostenta otro 20%) y de la seguridad social griega (10% restante). Por otro lado, poco más del 25% de lo reclamado (95.000M€) son créditos que le han otorgado –con jugosos intereses– países socios de la misma UE (53.000M€), con Alemania y Francia a la cabeza; otros países de la comunidad internacional (22.000M€), y el propio FMI (20.000M€), a raíz del primer paquete de rescate –ya fallido–, aprobado apenas hace dos años, en mayo de 2010. Siendo así, lo primero que cabe denunciar es el papel que juega la Troika en las negociaciones, ya que a pesar que se presenta como un negociador neutro para salvar a Grecia de la tragedia del impago, en realidad lo que pretende es asegurarse el pago de las deudas que reclaman para ellos y para el capital privado al que representan.

Alguien dirá que la deuda debe pagarse. En todo caso eso dependerá de cómo y quién la originó y para qué beneficio. En el caso griego, el pueblo está denunciando que la deuda se cuadriplicó con la dictadura de los Coroneles, que luego aumentó vertiginosamente a raíz de los Juegos Olímpicos de 2004, con proyectos megalómanos en los que empresas alemanas como Siemens sacaron cuantiosos beneficios sobornando a políticos; o con la compra sistemática de armamento a Francia, Alemania y los EEUU, que hacen que Grecia sea el primer país de la UE en gasto militar en relación a su PIB. En este sentido, es significativo comprobar cómo mientras se están recortando pensiones, sueldos y prestaciones sociales, la Troika no exige recortes en el gasto militar. ¿A caso no se recorta porque los vendedores de armamento son los mismos acreedores que ahora les están exprimiendo? Por todo ello, la sociedad griega está reclamando la suspensión unilateral de pagos, acompañada de una auditoría de la deuda que permita conocer su origen, repudiar toda la deuda ilegítima y encausar a los responsables, tanto nacionales como extranjeros, que han llevado al país a la bancarrota. Tal y como están las cosas, ésta parece la única salida razonable y realmente democrática; es decir, la única que permitirá al pueblo griego recuperar el poder de su soberanía económica, social y política.

Ahora que un segundo rescate está encima de la mesa se defiende que es necesario ajustar todavía más la economía y profundizar las reformas estructurales para garantizar, dicen, la salud económica de Grecia (que no de su población, claro está). Ello, para poder alcanzar un nivel ‘sostenible’ de deuda del 120%/PIB en el 2020. Si esta cifra es sostenible, ¿por qué no lo fue a finales de 2009, justo antes del primer rescate, cuando la deuda ‘tan sólo’ era del 125%? ¿Todo ese costoso recorrido, en términos sociales, para llegar al mismo lugar de partida? ¿No será que es otro el objetivo real de los ajustes? ¿No se estará aprovechando la crisis para desmantelar el estado del bienestar y diezmar los derechos sociales de la ciudadanía? ¿No será que lo interesante para los acreedores no sea tanto el cobro de la deuda, que también, sino lo que su pago conlleva en su propio beneficio: ajustar las condiciones para que la clase trabajadora esté todavía más indefensa? No en balde hay quien afirma que Grecia es el nuevo laboratorio de pruebas del neoliberalismo, como lo fue Chile en los años 70, para saber hasta qué punto se puede exprimir a la población y acabar con el papel del Estado, con la excusa del deber del pago de la deuda.

En Grecia se está jugando más de lo que nos creemos. Lo que está en juego es la correlación de fuerzas entre el pueblo y la clase dominante mundial, que está aprovechando la crisis, que ella misma ha provocado, para darnos una nueva vuelta de tuerca y hacernos perder los derechos conseguidos, mediante la lucha social, durante decenios. Ante ello, ¿nos quedaremos impasibles?

Daniel Gómez-Olivé i Casas
dani.goic@odg.cat
Investigador del Observatorio de la Deuda en la Globalización