por Costas Lapavitsas
Publicado en The Guardian, 23 de enero de 2012
Se han suspendido las negociaciones para reducir la deuda griega después de que no se pudiera llegar a ningún acuerdo la semana pasada. En algún momento del futuro cercano Grecia debe partir de cero, no pagar la deuda a la que está obligada. Pero el drama que envuelve los debates en Atenas, Berlín y París muestra que no habrá nada cooperativo en esta suspensión de pagos griega. Es un concurso sin escrúpulos dominado por la llamada troika: la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional.
A cada paso, los intereses y derechos de personas de toda Europa se han obviado. Las negociaciones se han llevado a cabo en secreto. Grecia, cuyo gobierno está en manos de un banquero central que no ha sido escogido, está representada por un equipo de políticos y tecnócratas que han actuado de forma lamentable durante la crisis. Han contratado a los banqueros Lazard Freres y a los abogados Cleary Gottlieb, renombrados especialistas en el reino del default, aunque los beneficios todavía están por verse. Aquellos a los que se les debe dinero por parte de Grecia han sido representados por el Instituto Internacional de Finanzas, un altavoz diseñado por los mismos banqueros para ellos. Otros prestamistas, incluyendo los Fondos de Cobertura (Hedge Funds o Fondos de alto riesgo) no tienen un representante colectivo.
La troika ha aceptado que la deuda griega debe reducirse a niveles considerables; pero también quiere que la reducción parezca voluntaria, porque si los prestamistas fueran coaccionados, Grecia sería declarada formalmente en suspensión de pagos, y los bancos y mercados financieros se verían abocados a una crisis. A la troika también le gustaría que la reducción se hiciera en términos que permitiesen nuevos préstamos a Grecia –un paso urgente si el país no quiere detener totalmente los reembolsos– y querría también que la deuda griega sostenida por los organismos oficiales, incluyendo el BCE, permanezca intacta. No es ninguna sorpresa que el círculo resulte difícil de encajar en el cuadrado.
La deuda asciende a 200.000 millones €. Aproximadamente la mitad pertenece a griegos -bancos, fondos de la seguridad social y otros– que están situados en primera línea para cargar con los costes de la reducción (el “corte de pelo”). Menos de un cuarto pertenecen a bancos internacionales y una buena parte del resto a Fondos de Cobertura (Hedge Funds).
El trato propuesto por la troika está impulsado por los intereses de los prestamistas, especialmente los bancos internacionales. El valor nominal de la deuda se reduciría al 50%, y el resto de la deuda se reemplazaría por nuevos bonos a largo plazo y a bajo interés, quizás menos del 4%. Los nuevos bonos estarían sujetos a la ley británica, lo que favorece a los prestamistas.
Las pérdidas de los bancos internacionales serían modestas. Incluso así, están buscando la orientación que les ofrezca la tasa de interés más alta, aunque su poder de regatear se ha debilitado debido a la credibilidad del Estado en lo que refiere a liquidez y capital. El golpe real caería sobre los bancos griegos, los cuales irían de una manera efectiva a la bancarrota. El estado griego está pues desesperadamente buscando nuevos créditos para llenar el capital de los bancos. Mucha de la esperada reducción de su deuda se vaciaría así inmediatamente. Un golpe cruel también sacudiría los fondos de públicos de la seguridad social y a los pequeños inversores, con pérdidas que probablemente alcanzarán las pensiones y los ahorros.
Mientras tanto, los fondos de cobertura han estado comprando deuda griega a bajo precio esperando que se les paguen por el total o casi de su valor completo. Como Grecia tiene que hacer devoluciones de esta deuda de aproximadamente €15bn en marzo, cantidades enormes del dinero de los impuestos de los ciudadanos europeos podrían llegar a ser transferidas a esos futuros fondos. Los especuladores podrían ser coaccionados a este acuerdo de aplicarse la ley griega, pero si la reducción no fuese voluntaria, podría crearse una reacción en cadena en los mercados financieros.
El peor aspecto del acuerdo es que es muy poco probable que beneficie a Grecia a largo plazo. El plan original era reducir la deuda a un 120% del GDP para el 2020, pero los programas de “rescate” de los pasados dos años han forzado al país a la depresión real. El FMI ahora considera que la deuda griega crecerá a un nivel mucho mayor cuando se llegue al 2020 –claramente insostenible. Se están buscando mayores reducciones, pero el precio sería recortes más duros en salarios, pensiones y gasto público. Las repercusiones sociales de un país que ya está de por sí debilitado serían espantosas, aparte de las dificultades políticas de introducir una austeridad todavía más severa.
Está claro que Grecia tiene muy poco que esperar del proceso de reducción de la deuda liderado por la troika. Debería tomar las riendas de su mala situación abandonar la charada de voluntarios cortes de pelo. Para ello, necesita una suspensión de forma soberana y democrática declarando inmediatamente el cese de los pagos.
Grecia debería entonces hacer una auditoría pública de sus deudas para decidir qué debería pagarse y cómo. El objetivo debería ser reiniciar el crecimiento económico y evitar la interrupción de los servicios sociales básicos. La deuda debería ser inevitablemente cancelada, incluyendo la deuda oficial que está en manos de la troika, y deberían iniciarse negociaciones con los prestamistas bajo un total escrutinio público. Sólo entonces se podría terminar con esta terrible saga, permitiendo a la sociedad griega realizar los primeros pasos en el largo camino de la recuperación.
A cada paso, los intereses y derechos de personas de toda Europa se han obviado. Las negociaciones se han llevado a cabo en secreto. Grecia, cuyo gobierno está en manos de un banquero central que no ha sido escogido, está representada por un equipo de políticos y tecnócratas que han actuado de forma lamentable durante la crisis. Han contratado a los banqueros Lazard Freres y a los abogados Cleary Gottlieb, renombrados especialistas en el reino del default, aunque los beneficios todavía están por verse. Aquellos a los que se les debe dinero por parte de Grecia han sido representados por el Instituto Internacional de Finanzas, un altavoz diseñado por los mismos banqueros para ellos. Otros prestamistas, incluyendo los Fondos de Cobertura (Hedge Funds o Fondos de alto riesgo) no tienen un representante colectivo.
La troika ha aceptado que la deuda griega debe reducirse a niveles considerables; pero también quiere que la reducción parezca voluntaria, porque si los prestamistas fueran coaccionados, Grecia sería declarada formalmente en suspensión de pagos, y los bancos y mercados financieros se verían abocados a una crisis. A la troika también le gustaría que la reducción se hiciera en términos que permitiesen nuevos préstamos a Grecia –un paso urgente si el país no quiere detener totalmente los reembolsos– y querría también que la deuda griega sostenida por los organismos oficiales, incluyendo el BCE, permanezca intacta. No es ninguna sorpresa que el círculo resulte difícil de encajar en el cuadrado.
La deuda asciende a 200.000 millones €. Aproximadamente la mitad pertenece a griegos -bancos, fondos de la seguridad social y otros– que están situados en primera línea para cargar con los costes de la reducción (el “corte de pelo”). Menos de un cuarto pertenecen a bancos internacionales y una buena parte del resto a Fondos de Cobertura (Hedge Funds).
El trato propuesto por la troika está impulsado por los intereses de los prestamistas, especialmente los bancos internacionales. El valor nominal de la deuda se reduciría al 50%, y el resto de la deuda se reemplazaría por nuevos bonos a largo plazo y a bajo interés, quizás menos del 4%. Los nuevos bonos estarían sujetos a la ley británica, lo que favorece a los prestamistas.
Las pérdidas de los bancos internacionales serían modestas. Incluso así, están buscando la orientación que les ofrezca la tasa de interés más alta, aunque su poder de regatear se ha debilitado debido a la credibilidad del Estado en lo que refiere a liquidez y capital. El golpe real caería sobre los bancos griegos, los cuales irían de una manera efectiva a la bancarrota. El estado griego está pues desesperadamente buscando nuevos créditos para llenar el capital de los bancos. Mucha de la esperada reducción de su deuda se vaciaría así inmediatamente. Un golpe cruel también sacudiría los fondos de públicos de la seguridad social y a los pequeños inversores, con pérdidas que probablemente alcanzarán las pensiones y los ahorros.
Mientras tanto, los fondos de cobertura han estado comprando deuda griega a bajo precio esperando que se les paguen por el total o casi de su valor completo. Como Grecia tiene que hacer devoluciones de esta deuda de aproximadamente €15bn en marzo, cantidades enormes del dinero de los impuestos de los ciudadanos europeos podrían llegar a ser transferidas a esos futuros fondos. Los especuladores podrían ser coaccionados a este acuerdo de aplicarse la ley griega, pero si la reducción no fuese voluntaria, podría crearse una reacción en cadena en los mercados financieros.
El peor aspecto del acuerdo es que es muy poco probable que beneficie a Grecia a largo plazo. El plan original era reducir la deuda a un 120% del GDP para el 2020, pero los programas de “rescate” de los pasados dos años han forzado al país a la depresión real. El FMI ahora considera que la deuda griega crecerá a un nivel mucho mayor cuando se llegue al 2020 –claramente insostenible. Se están buscando mayores reducciones, pero el precio sería recortes más duros en salarios, pensiones y gasto público. Las repercusiones sociales de un país que ya está de por sí debilitado serían espantosas, aparte de las dificultades políticas de introducir una austeridad todavía más severa.
Está claro que Grecia tiene muy poco que esperar del proceso de reducción de la deuda liderado por la troika. Debería tomar las riendas de su mala situación abandonar la charada de voluntarios cortes de pelo. Para ello, necesita una suspensión de forma soberana y democrática declarando inmediatamente el cese de los pagos.
Grecia debería entonces hacer una auditoría pública de sus deudas para decidir qué debería pagarse y cómo. El objetivo debería ser reiniciar el crecimiento económico y evitar la interrupción de los servicios sociales básicos. La deuda debería ser inevitablemente cancelada, incluyendo la deuda oficial que está en manos de la troika, y deberían iniciarse negociaciones con los prestamistas bajo un total escrutinio público. Sólo entonces se podría terminar con esta terrible saga, permitiendo a la sociedad griega realizar los primeros pasos en el largo camino de la recuperación.
Publicado en The Guardian, 23 de enero de 2012
Traducción: Marta Lobato
Traducción: Marta Lobato
