Así lo han confirmado hoy a Efe fuentes oficiales de la Fiscalía, que apuntaron que la investigación comenzó el pasado 3 de mayo y que se encuentra bajo secreto.
La denuncia acusa a las agencias Fitch, Moody's y Standard & Poor's de perjudicar gravemente a Portugal con sus recortes y se presentó el pasado 11 de abril por los profesores José Reis y José Manuel Pureza, de la Universidad de Coimbra, y Manuel Brandao y Maria Manuela Silva, del Instituto Superior de Economía y Gestión.
En declaraciones a Efe, Reis resaltó hoy la "poderosa y negativa influencia" que tuvieron las decisiones adoptadas por las tres agencias "en la evolución de la economía portuguesa", y que, en su opinión, fueron responsables, al menos en parte, de que el país tuviera que recurrir al rescate financiero.
El Gobierno socialista de Portugal acabó por pedir ayuda a Bruselas y al Fondo Monetario Internacional (FMI) el pasado 6 de abril, después de seis meses bajo la intensa presión de los mercados.
La desconfianza creciente hacia la economía del país derivó en el aumento de los intereses que penalizan su deuda, lo que complicó y encareció al Estado portugués el acceso a liquidez.
Poco antes de solicitar el rescate, Fitch y Standard & Poor's rebajaron la calificación de la deuda lusa dos veces en poco más de una semana, hasta dejarla en "BBB-", a un solo peldaño del "bono basura", mientras que Moody's también la degradó en dos ocasiones en un plazo de tres semanas hasta dejarla en "Baa1".
Precisamente, Moody's publicó hoy un informe en el que consideró positivo el acuerdo alcanzado con Bruselas y el FMI, valorado en 78.000 millones de euros, ya que obligará a las instituciones lusas a aplicar "una disciplina externa adicional" para acceder a esos fondos que servirá, además, para aliviar la presión de los mercados.
"Las agencias jugaron un papel muy importante en la situación creada en Portugal. No voy a evaluar en qué porcentaje influyeron, pero ejercieron una gran presión sobre la economía y deterioraron la percepción de los mercados financieros", insistió Reis.
La denuncia presentada por los cuatro economistas se basa en tres pilares: la posibilidad de que las agencias violen la Ley de Competencia, que actúen bajo conflicto de intereses y el uso que realizan de información privilegiada.
Para Reis, en el sector de las entidades de "rating" existe "concentración", ya que juntas, Fitch, Moody's y Standard & Poor's representan "el 90 %" del mercado, lo que les permite disfrutar de una posición "de abuso dominante".
Además, un porcentaje significativo de los accionistas que las componen son "fondos de inversión con intereses en la deuda portuguesa", por lo que cree que cuando evalúa la situación financiera de un país puede estar condicionado por aquello que beneficia a sus propietarios.
"No está nada claro cuáles son los criterios que siguen las agencias para decidir los rating. Nosotros vimos muchas veces en Portugal que estos criterios no son coherentes, ya que la evolución negativa de un determinado indicador llevaba a bajar la calificación, pero si mejoraba no servía para aumentarlo", explicó.
La decisión de la Fiscalía produce mes y medio después de que en España, el juez Ismael Moreno aceptara abrir una investigación tras la presentación de una querella criminal de un grupo de abogados a estas tres mismas agencias.
La denuncia acusa a las agencias Fitch, Moody's y Standard & Poor's de perjudicar gravemente a Portugal con sus recortes y se presentó el pasado 11 de abril por los profesores José Reis y José Manuel Pureza, de la Universidad de Coimbra, y Manuel Brandao y Maria Manuela Silva, del Instituto Superior de Economía y Gestión.
En declaraciones a Efe, Reis resaltó hoy la "poderosa y negativa influencia" que tuvieron las decisiones adoptadas por las tres agencias "en la evolución de la economía portuguesa", y que, en su opinión, fueron responsables, al menos en parte, de que el país tuviera que recurrir al rescate financiero.
El Gobierno socialista de Portugal acabó por pedir ayuda a Bruselas y al Fondo Monetario Internacional (FMI) el pasado 6 de abril, después de seis meses bajo la intensa presión de los mercados.
La desconfianza creciente hacia la economía del país derivó en el aumento de los intereses que penalizan su deuda, lo que complicó y encareció al Estado portugués el acceso a liquidez.
Poco antes de solicitar el rescate, Fitch y Standard & Poor's rebajaron la calificación de la deuda lusa dos veces en poco más de una semana, hasta dejarla en "BBB-", a un solo peldaño del "bono basura", mientras que Moody's también la degradó en dos ocasiones en un plazo de tres semanas hasta dejarla en "Baa1".
Precisamente, Moody's publicó hoy un informe en el que consideró positivo el acuerdo alcanzado con Bruselas y el FMI, valorado en 78.000 millones de euros, ya que obligará a las instituciones lusas a aplicar "una disciplina externa adicional" para acceder a esos fondos que servirá, además, para aliviar la presión de los mercados.
"Las agencias jugaron un papel muy importante en la situación creada en Portugal. No voy a evaluar en qué porcentaje influyeron, pero ejercieron una gran presión sobre la economía y deterioraron la percepción de los mercados financieros", insistió Reis.
La denuncia presentada por los cuatro economistas se basa en tres pilares: la posibilidad de que las agencias violen la Ley de Competencia, que actúen bajo conflicto de intereses y el uso que realizan de información privilegiada.
Para Reis, en el sector de las entidades de "rating" existe "concentración", ya que juntas, Fitch, Moody's y Standard & Poor's representan "el 90 %" del mercado, lo que les permite disfrutar de una posición "de abuso dominante".
Además, un porcentaje significativo de los accionistas que las componen son "fondos de inversión con intereses en la deuda portuguesa", por lo que cree que cuando evalúa la situación financiera de un país puede estar condicionado por aquello que beneficia a sus propietarios.
"No está nada claro cuáles son los criterios que siguen las agencias para decidir los rating. Nosotros vimos muchas veces en Portugal que estos criterios no son coherentes, ya que la evolución negativa de un determinado indicador llevaba a bajar la calificación, pero si mejoraba no servía para aumentarlo", explicó.
La decisión de la Fiscalía produce mes y medio después de que en España, el juez Ismael Moreno aceptara abrir una investigación tras la presentación de una querella criminal de un grupo de abogados a estas tres mismas agencias.
