(Yakarta, 16 de junio de de 2011). Los alimentos y la agricultura estarán en la agenda de la reunión de Ministros de Agricultura del G20 que se celebrará en París los días 22 y 23 de junio, cita preparatoria de la conferencia del G20 del mes de noviembre en Cannes, Francia. El movimiento internacional de campesinos La Vía Campesina condena el intento constante de los gobiernos de las naciones más ricas del mundo de apropiarse de las políticas alimentarias, y controlarlas, ya que afectan no sólo a los campesinos sino también a todo ser humano.
El G20 no tiene autoridad para dictar sus políticas al resto del mundo. Incluye únicamente a las 20 economías más ricas y excluye a las más pobres. Por ejemplo, de África, un continente azotado por el hambre, sólo tiene presencia en el club África del Sur.
El G20 no sólo es ilegítimo sino que además es incompetente. Con su intención de construir un nuevo orden económico mundial, el G20 ha intentado, desde su creación en 1999, controlar la especulación y los paraísos fiscales, desmantelar los bancos «excesivamente grandes» e imponer impuestos a las transacciones financieras... Pero estos intentos han fracasado porque los líderes de dichas naciones siguen promoviendo las mismas políticas neoliberales que han creado las crisis alimentarias y financieras actuales. La presidencia francesa del G20 coloca la volatilidad de los precios agrícolas y el desarrollo rural en la agenda del G20.
Los alimentos vuelven a llegar a precios máximos y alcanzan los niveles de 2008 cuando los altos precios elevaron el número mundial de personas hambrientas a más de mil millones, afectando, sobre todo, a las zonas rurales.
La inestabilidad de los precios de los alimentos es consecuencia de varios factores, entre los que se encuentran la liberalización del comercio, la desregulación de los mercados, la especulación y la promoción de los agrocombustibles. Los agronegocios con orientación a la exportación y la dependencia hacia los mercados externos crean volatilidad en los precios. Cuando la producción principal se vende a los mercados y no hay disponibilidad de existencias tanto a nivel comunitario como de país, la inestabilidad de los precios puede tener un impacto mortal. Los campesinos pierden cualquier poder de negociación para determinar el precio, puesto que son los exportadores, los grandes corredores de bolsa, y los supermercados los que controlan los mercados y se benefician de sus fluctuaciones.
Es más, a diferencia de la agroecología, la agricultura industrial depende fuertemente de los combustibles fósiles para la producción de pesticidas y para el transporte; lo que también contribuye a que la volatilidad del mercado mundial aumente. Si bien producen alimentos, los campesinos y las campesinas son las primeras víctimas de los altos precios. No cuentan con acceso suficiente a la tierra y otros recursos productivos. Como consecuencia, tienen que comprar una gran cantidad de sus alimentos para alimentar a sus familias. Los costes de producción también se incrementan por los altos precios del combustible. Los precios a los productores a menudo quedan por debajo de los precios de producción, mucho más que los precios pagados por los consumidores. La diferencia creciente entre los precios a los productores y los precios que pagan los consumidores es acaparada por los intermediarios, los supermercados y los grandes comerciantes.
La adquisición masiva de tierra agrícola por las empresas transnacionales que ha tenido lugar en los últimos años ha incrementado el número de desahucios de campesinos y campesinas y ha reducido la capacidad de muchos países y comunidades para alimentarse por sí mismos en África, Asia y Latinoamérica. A este respecto, la iniciativa del Banco Mundial para que los «acaparamientos de tierras» sean más aceptables socialmente no está aportando solución alguna. Los «Principios para una Inversión Agrícola Responsable» (RAI por sus siglas en inglés) se han establecido para legitimar la apropiación de la tierra perjudicando a los pequeños productores y productoras. Debería prohibirse a los inversores extranjeros y nacionales que tomaran el control de grandes áreas.
Los alimentos deberían estar en el plato de todos, no sólo en el de los más ricos. Por tanto, el G20 no debería tomar las decisiones relacionadas con los alimentos y la agricultura, y mucho menos el G8; en cambio estas decisiones deberían tomarse a un nivel más global, con participación de todos los países del mundo. El G-20 está considerando la creación de una "reunión anual de las partes interesadas para la seguridad alimentaria" para involucrar a la sociedad civil. La Vía Campesina ve esta iniciativa como un paso atrás y reafirma que el reformado Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de las Naciones Unidas debería respetarse como el espacio central donde las políticas globales sobre la alimentación se negocien con la participación de la sociedad civil y se deciden por todos los gobiernos.
Junto con la Confédération Paysanne, miembro de La Vía Campesina en Francia, afirmamos que la solución a la crisis actual está en las políticas publicas nacionales, regionales e internacionales que regulen los mercados para conseguir precios justos tanto para los consumidores como para los campesinos, y especialmente para mujeres y jóvenes.
- La defensa y la promoción de una agricultura con base campesina, a pequeña escala y sostenible, y vendida en los mercados locales. Ello incluye la venta directa de alimentos en las comunidades, la protección de las semillas de los campesinos, el acceso a la tierra y el agua, y el acceso a la educación... Por ejemplo, la conversión de la tierra agrícola para otros propósitos como la construcción de viviendas, el turismo o la industria no debería permitirse. Cuando los campesinos y las campesinas tienen un mejor control de la transformación y comercialización de sus productos, son menos vulnerables a la volatilidad de los mercados.
- El (re)establecimiento de reservas diversificadas de alimentos (local y nacionalmente) para estabilizar los precios y gestionar los riesgos en caso de catástrofes naturales y situaciones de emergencia.
- Medidas férreas para prohibir la especulación con los alimentos, como la prohibición de los mercados de futuros especulativos. En vez de estabilizar los precios, crean burbujas especulativas con precios ficticios.
- Poner fin al desmantelamiento de las políticas agrícolas como la PAC, impuesto entre otros por la OMC. Los países deberían tener el derecho a proteger sus propios mercados frente al dumping y defender su producción local. Los países con un potencial agrícola en términos de número de familias agrícolas y disponibilidad de tierra arable necesitan revivir sus producciones alimentarias para sus necesidades domésticas.
- Poner fin a la promoción de los agrocombustibles que están ejerciendo presión sobre los mercados alimentarios y expulsando a los campesinos de sus tierras.
- Poner fin a la apropiación de la tierra e implementar los compromisos adquiridos por la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR) de la FAO. Demandamos que el proceso de elaboración de la Directrices de la FAO sobre la gobernanza de la tierra y los bienes naturales tenga fuerte respaldo y que las Directrices ofrezcan un marco claro para proteger a los campesinos y las campesinas, los pequeños productores y las comunidades que trabajan la tierra y viven de ella, y para proteger los derechos de la tierra y ofrecer protección frente al acaparamiento de tierras.
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