Un grupo de representantes del movimiento social ATTAC ha entregado a media mañana de hoy, 21 de julio de 2010, un primer lote de 6000 firmas en apoyo de su propuesta de nacionalización de las Cajas de Ahorros.Los miembros de ATTAC recibieron el apoyo personal de los sindicalistas Marisa Palomero y Santiago González, de USO, y de los políticos Sara Díaz y Gaspar Llamazares, de IU.
Las firmas fueron recogidas durante las últimas tres semanas, entre los socios y simpatizantes del movimiento ATTAC. Pasado el verano, ATTAC España propondrá a otros movimientos sociales y al conjunto de la población española la adhesión mediante su firma el apoyo a su propuesta de nacionalización de las cajas de ahorros.El pasado 24 de junio, en rueda de prensa celebrada en la Sala Campoamor del Congreso de los Diputados, ATTAC presentó su propuesta “PASOS HACIA UNA BANCA PÚBLICA, EMPEZANDO POR LAS CAJAS DE AHORROS”. En esta presentación ya participó Gaspar llamazares, acompañando a Carlos Martínez, presidente de ATTAC España; Susan George, presidenta de honor de ATTAC Francia, y a Juan Torres, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla y miembro del Consejo Científico de ATTAC.
El movimiento ATTAC lleva más de diez años denunciando la progresiva financiarización, sin ningún tipo de control, de las relaciones económicas. Un sometimiento a unos “mercados”, y los mercaderes que los manejan, totalmente ajenos a la economía real, que está conduciendo al empobrecimiento de la gran mayoría de la población.
ATTAC es consciente de que su propuesta de nacionalización de la banca es en este momento puramente testimonial, dada la correlación de fuerzas políticas y sociales, y de la inclinación de la inmensa mayoría de los gobiernos de los Estados, incluidos los que se autodenominan socialdemócratas, a las peticiones, incluso a las meras sugerencias, del poder financiero. Pero es consciente también de que debe dar ese testimonio para que, quien quiera, sepa que hay otras formas de entender las relaciones económicas, unas formas que estén al servicio de la gran mayoría de la población, la que ha sufrido y sufre la crisis, y a la que ahora obligan a pagarla.
