artículo publicado el 25 de marzo de 2016 en deia.com
DONOSTIA - La tesis del politólogo Eric Toussaint se caracteriza por una decidida defensa de la condonación de la deuda
de los países siempre y cuando ésta sea ilegal, ilegítima o
insostenible. Son ideas que ha planteado en todos los foros donde ha
participado, como la comisión internacional que el año pasado constituyó
con 30 expertos la presidenta del Parlamento griego, Zoé
Konstantopoulou, para analizar la factura generada por el endeudamiento
griego. Hace unos días ofreció una conferencia en Donostia en la que
disertó sobre las auditorías ciudadanas de la deuda. Eric Toussaint es
el portavoz de CADTM, una red internacional presente en más de 30 países
y es autor del libro Bancocracia.
¿Qué porcentaje de la deuda pública del Estado español es legítima?
No
se puede concluir los resultados de una auditoría sin realizarla, y de
ahí que me parezca fundamental que la ciudadanía con la ayuda de la
Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda y de gobernantes
dispuestos al cambio tanto a nivel municipal, como de comunidad autónoma
o del Estado analicen el proceso de acumulación de deuda que atravesó
España para determinar qué parte es ilegítima, ilegal o insostenible.¿Cuál es la diferencia entre estos términos?
La deuda ilegítima es la contraída contra el interés
general en favor del interés particular de una minoría privilegiada. Un
ejemplo es la que procede de rescatar a bancos privados responsables de
esta crisis porque no se ha contraído para rescatar al pueblo. Antes de
la crisis bancaria la deuda pública de España era del 60% y ahora
alcanza el 100%.¿Cuándo una deuda es ilegal?
Es
la adquirida sin respetar las leyes, como la de un municipio cuando
construye una infraestructura por la vía de la corrupción,
sobrefacturación de constructoras o comisiones exageradas.Un tercer término es la deuda insostenible.
Es
el caso de municipios muy endeudados a través de acumulación de deuda
ilegítima e ilegal, que incapacita al municipio a garantizar de manera
adecuada a la ciudadanía servicios públicos de calidad. No sé si hay
localidades con deuda insostenible en la CAV, pero en otros municipios
como Puerto Real cerca de Cádiz se produce esta situación.Se nos ha transmitido la idea de que la deuda pública es obligatorio pagarla. ¿Es de esa opinión?
No
hay ninguna obligación de pago de deuda pública si no es legal,
legítima y sostenible. Los acreedores y los gobiernos tradicionales
pretenden que una deuda siempre se pague. Pero hay que extrañarse cuando
quienes lo defienden son los que se aprovecharon de un proceso de
endeudamiento como Mariano Rajoy, Rodrigo Rato o Mario Draghi, director
del Banco Central Europeo, él que dirigió Goldman Sachs Europa, que falsificó las cuentas de Grecia para recibir un pago de este país.¿Qué consecuencias acarrearía el no pago de la deuda pública?
Una
deuda ilegal es nula, no pagarla es un derecho. Hay ejemplos recientes,
como el de Islandia, que en 2008 se encontró con una quiebra de su
sector bancario privado y el Reino Unido y Países Bajos le exigieron una
compensación por su rescate de bancos islandeses. Islandia, bajo la
presión ciudadana movilizada, se negó a pagar diciendo que era una deuda
provocada por la crisis de bancos privados, y que el Gobierno no era
responsable. Desembocó en un conflicto. Reino Unido puso a Islandia en
la lista de organizaciones terroristas como Al Qaeda. Pero Islandia no
aceptó el chantaje. Finalmente, Reino Unido y Países Bajos enjuiciaron a
Islandia frente a un tribunal de arbitraje y, después de tres años, el
tribunal dio la razón a Islandia. Es un ejemplo poco conocido porque los
grandes medios de comunicación y los acreedores no quieren que se
conozca este tipo de información. Pero es posible.¿Qué mecanismos tiene la ciudadanía para articularse y que su opinión tenga un peso real?
Depende
de la capacidad que tenga un movimiento de aglutinar a un sector
significativo de la ciudadanía llamando a organizarse y a lanzarse en un
proceso de análisis de la deuda que pasa por pedir a los gobernantes
toda la información sobre cómo se acumuló la deuda, optar a tener copias
de los contratos y de las transferencias hacia los acreedores, y
adoptar criterios rigurosos para identificar la deuda ilegítima, ilegal o
insostenible. Se puede hacer a todos los niveles. Por ejemplo, tras el
15M se creó la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda con núcleos
en varias partes de España. También tras los cambios electorales en
mayo de 2015 se conformaron gobiernos municipales que quieren organizar
procesos de auditoría con participación ciudadana, como el de Madrid,
con el que he tenido contactos porque ahora estudia mecanismos de
participación ciudadana con el objetivo de transparentar las políticas
públicas y de contratación de deuda, además de analizar las deudas
pasadas acumuladas.¿Es necesaria la colaboración de los gobiernos?
Ayuda,
pero no hace falta. No hay que quedarse de brazos cruzados si los
gobiernos no quieren auditar, es una razón más para hacerlo porque es
que quieren esconder algo. De todos modos, si hay una voluntad en los
gobiernos de ayudar a la auditoría, mejor.¿Cuál es la pretensión última que persigue el movimiento que defiende las auditorías ciudadanas?
Convencer
a la mayoría de la población de que hay que tomar medidas fuertes de
suspensión de pago y de renegociación de la deuda con los acreedores.¿Y los resultados deseados?
Uno
de ellos es provocar que, si se identifica una deuda ilegítima o ilegal
o insostenible, o en el caso de que se cumplan los tres criterios, se
produzcan decisiones y no queden impunes. De este modo, se podría llegar
a una reducción radical de la deuda porque esas medidas tenderían a
lograr declarar una suspensión de pago y así obligar a los acreedores a
entrar en una negociación y hacer concesiones. Otro de los objetivos es
lanzar a través de los mecanismos que existen juicios a los responsables
del endeudamiento ilegal o ilegítimo en caso de corrupción, sobornos,
etc. Estos procesos judiciales irían dirigidos bien a los gobiernos o
bien a los funcionarios que recibieron sobornos. También se incoarían
contra constructoras o bancos que se aprovecharon del endeudamiento
corrompiendo a funcionarios o aceptando pagar sobornos para ganar
contratos.¿Es posible asistir a un enjuiciamiento lanzado desde instancias ciudadanas?
Es
el poder oficial el que tiene que actuar, pero la gestión ciudadana y
la presión del gobierno local que diga a la justicia que hay que imputar
a los responsables es también muy importante. Por otro lado, y gracias a
esa experiencia adquirida, se pueden adoptar mecanismos para
transparentar de manera permanente los procesos de contratación de deuda
y evitar así que se reproduzcan casos de corrupción, acumulación de
deuda por razones que no se justifican o en condiciones inaceptables,
entre otros.
Fuente: Deia
