por Sato Díaz
Publicado el 15 de agosto de 2015 en Cuarto Poder
“La definición de una auditoría ciudadana de la deuda es que la ciudadanía elija qué es deuda legítima y deuda ilegítima, qué deuda se debe pagar y cuál no, más allá de lo que sea legal o ilegal”. De esta manera explica Yago Álvarez, uno de los integrantes de la Plataforma por una Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD), cuáles son sus objetivos.
Muchas candidaturas de unidad popular que se
presentaron a las pasadas elecciones municipales prometían en sus
programas impulsar que la ciudadanía conociera y decidiera qué hacer con
las deudas públicas de sus ayuntamientos. Algunos consistorios ya se
han puesto manos a la obra e iniciarán a partir de septiembre estos
procesos. “Una auditoría ciudadana debe ser desarrollada por la
ciudadanía, que debe conocer en qué se ha gastado el dinero en los últimos años,
ese es el primer paso”, prosigue Álvarez, añadiendo: “Para nosotros
ilegítimo es lo que se ha hecho a espaldas de la ciudadanía, para el
bien de unas pocas personas en contra del resto de la población, pero
incluso vamos más allá y decimos que también es ilegítima una deuda que provoca carencias en otros ámbitos: para nosotros es ilegítimo dejar de pagar en gastos sociales para pagar deuda”.
Uno de los ayuntamientos que ya ha empezado con esta labor es el de
Madrid. “Hemos entregado un informe en el que hemos hecho una petición
de máximos de cómo se tendría que abordar esa auditoría: que hubiera la
mayor participación ciudadana posible, que la gente técnica del
ayuntamiento estuviera controlada por organismos ciudadanos, que la
ciudadanía elija qué deuda es legítima e ilegítima y que se pueda encausar a las personas responsables del sobreendeudamiento
de Madrid”, relata Álvarez, afirmando que el equipo de Gobierno “está
estudiando la propuesta” y que en septiembre mantendrán una reunión las
dos partes. Para esto, la plataforma trabaja conjuntamente con la
Concejalía de Economía y Hacienda, de Carlos Sánchez Mato, y con la de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, de Pablo Soto.
“Para el control ciudadano del proceso hay varias alternativas:
comisiones específicas por barrios, que hubiera también gente de los
movimientos sociales mezclada, pero también barajamos la posibilidad de
equipos específicos para los elefantes blancos, que es como llamamos
nosotros a las obras faraónicas o los grandes agujeros económicos, y
luego también sectoriales, para la Sanidad de Madrid, para los contratos
de las privatizaciones de las basuras…”, prosigue Álvarez.
Sánchez Mato explica a cuartopoder.es que el equipo de gobierno de Manuela Carmena
ya se está poniendo en marcha para esta labor. “Se ha creado la
Subdirección General de Auditoría de la Deuda y de las Políticas
Públicas y hay un mandato del pleno para que hagamos la auditoría. Es un
mandato menos amplio de lo que el equipo de gobierno va a realizar.
Además, participará el equipo de Participación Ciudadana de Pablo Soto
para generar espacios para que la ciudadanía pueda participar, no en el
aspecto técnico sino en los criterios políticos, en definir la
legitimidad y oportunidad que han tenido los determinados gastos que van
a ser analizados”. “El planteamiento que hacemos es que será un proceso
largo en el tiempo”, vaticina el concejal de Economía y Hacienda,
declarando que “no se pueden poner plazos concretos, porque dependen de
la Subdirección que se ha creado recientemente y todavía no tiene
dotación presupuestaria para asignar qué funcionarios se van a encargar
de esto”. “La densidad de información es elevadísima, queremos que
participen no sólo los movimientos sociales, también la oposición y toda
la ciudadanía”, prosigue. Además, la segunda semana de octubre se
celebrará la Semana Internacional contra la Deuda y en Madrid. “Tendrá
mucha relevancia cómo se auditará la deuda del Ayuntamiento”, según
prevé Sánchez Mato. Durante esta semana, el objetivo de la PACD es “fomentar
la participación para que sea la ciudadanía de Madrid la que decida
cuáles son los baremos para decir qué es legítimo e ilegítimo“.
Más allá de Madrid
No sólo en el Ayuntamiento madrileño se han puesto en marcha
iniciativas en este sentido, en otros muchos se están dando pasos en la
misma dirección. En la Comunidad de Madrid, además de en la capital,
otros grupos municipales se han puesto en contacto con la plataforma.
“Se da el caso de los municipios donde las candidaturas de unidad
popular han ganado, como Ciempozuelos, que llevaban en
el programa la auditoría de la deuda, pero también nos han contactado
estas candidaturas que consiguieron tener representación pero no
gobiernan, no pueden decir que van a auditar, pero sí abrir los cajones y
sacar información. La falta de transparencia es el mayor problema para
la auditoría”, explica Álvarez. En este último caso se encontrarían
localidades como Parla, Leganés o El Molar.
También en Cataluña se pondrán el próximo mes en marcha estas medidas en diferentes ayuntamientos. En Badalona, donde entró en mayo a gobernar un equipo formado por Guanyem Badalona en Comú, ICV y ERC, sustituyendo al PP de García Albiol
frente al Ayuntamiento, el colectivo local afín a la PACD ya se han
reunido con el concejal de Hacienda. “Nos presentamos para ver la
sintonía que había y la predisposición fue perfecta, quería hacer un
convenio de colaboración con nosotros”, explica Mercedes.
“Estamos viendo cuáles son los distintos actores que deberían
participar: el Ayuntamiento tendrá que poner los recursos, como un local
para las reuniones, el espacio en los medios de comunicación públicos
para difundir e incitar a la participación y poner toda la información
en manos de toda la gente que participará en esta auditoría”, continúa
esta activista, que incluye entre los participantes del proceso a “la
ciudadanía no organizada, que será la que tome las decisiones sobre qué
auditaremos primero, pues no se puede auditar todo el Ayuntamiento a la
vez, y dirá qué es ilegítimo y no y qué medidas debemos tomar. También
estará presente la ciudadanía organizada, el movimiento asociativo,
movimientos sociales…”. “La Plataforma actuará de dinamizadora, incitará
a la participación y velará para que el proceso se realice de forma
ciudadana”. También habría un comité de expertos técnicos, como en
Madrid, “pero las líneas las marcará la ciudadanía”.
En Cataluña, además, se han puesto en marcha los
observatorios ciudadanos municipales, que son “una especie de
herramienta web en la que los grupos de auditoría ciudadana cuelgan los
presupuestos de una forma fácil de entender y permite hacer consultas
directamente a los ayuntamientos, de tal manera que estas consultas y
las respuestas institucionales se hacen públicas al resto de la
ciudadanía”, explica Enric Pons, también integrante de la PACD, quien repasa para este medio algunos de los municipios en los que hay avances al respecto: “Terrasa
es otro ejemplo, donde el alcalde socialista afirmó en la investidura
que hará un proceso de auditoría a través del observatorio municipal de
allí, aunque todavía no ha habido una reunión para decidir qué se audita
y desde dónde”. “En Vilassar de Dalt se ha aprobado una moción con
todos los regidores a favor, excepto el PP, para realizar un proceso de
auditoría ciudadana, en Villanova i la Geltrú se ha
avanzado en en la misma línea”. Para Pons, estas auditorías tienen mucha
importancia para “estudiar de dónde procede la deuda, para buscar
responsabilidades y para hacer pedagogía social”. “Se pretende inculcar
que para ser independientes se necesita no tener préstamos a nivel
institucional”, afirma el activista.
El equipo liderado por Ada Colau en Barcelona también camina en este sentido. Desde el equipo de gobierno aseguran que una de sus principales voluntades es “facilitar el control ciudadano de la acción
pública”. “Queremos ser proactivos para la ciudadanía y tenemos que
facilitar que quien tenga una duda o una queja pueda tener un canal
urgente y rápido para poder trabajar eso. Además, tenemos que poner a
disposición de los ciudadanos los datos”, explica Fernando Pindado,
gerente de Transparencia y Participación del Ayuntamiento barcelonés.
“Ahora estamos analizando los presupuestos que nos hemos encontrado”,
añade. Para Pindado es “muy importante que existan observatorios
ciudadanos que quieran decidir sobre la deuda” y asegura que, para ello,
en septiembre u octubre van a poner en marcha “una línea que permita
que cualquier persona que crea que hay algo que no está funcionando
pueda denunciarlo con urgencia al Ayuntamiento”. Previamente, el equipo
liderado por Colau pondrá a disposición de la ciudadanía todos los datos
posibles. Según comenta Jordi Ayala, gerente de
Presidencia y Economía, se pondrá en marcha en septiembre una especie de
portal de transparencia. “Para que haya una auditoría ciudadana tiene
que haber transparencia en los datos, tenerlos a disposición de los
ciudadanos. La idea es que cualquier documento que sirva para la gestión
municipal tiene que poder valorarse también por la ciudadanía”, resalta
al respecto. “En septiembre vamos a colocar en la web toda la
información. Pondremos los datos a disposición de la ciudadanía, pero
además los explicaremos”, añade Pindado.
Zaragoza y Cádiz
También en Zaragoza el gobierno municipal es proclive a que la ciudadanía sea quien audite su deuda pública. El activista Jorge Nasarre
lo relata así: “En Zaragoza se van a dar dos tipos de auditoría. La
primera es la de toda la deuda pública del Ayuntmaiento, siguiendo los
esquemas de Madrid. Por otro lado, está haciendo una auditoría el concejal de Economía para saber qué parte de los presupuestos están ya adjudicados.
Por un lado tenemos que saber cómo están las cuentas y los compromisos
de pago y por el otro, empezar a organizar una comisión ciudadana, para
que en los barrios se vayan detectando los gastos que ha habido y luego
decidir si son legítimos o no”. En la capital aragonesa el proceso
también se iniciará en septiembre. “Se ha creado una comisión de trabajo
junto al concejal de Economía que ahora ampliaremos con el concejal de
Participación Ciudadana para llevar el tema a los barrios, en los que se
espera que antes de final de año puedan estar las comisiones formadas,
con técnicos también, para ir analizando todas las obras”, continúa
Nasarre, que considera que el mayor problema de esta ciudad viene de las
obras de la Expo y del AVE. “Más de 800 millones de deuda pública”,
asegura.
Otra de las ciudades en las que se ha iniciado la tarea de poner en
manos de la ciudadanía el conocimiento de la deuda municipal es en Cádiz, cuyo alcalde es José María González ‘Kichi’. El concejal gaditano Adrián Martínez,
de Participación Ciudadana, atiende a este medio y dice: “Estamos
viendo todas las partidas de las distintas concejalías y empresas
públicas, no sólo en materia de auditoría, también de ahorro”. “A partir
de septiembre trasladaremos este trabajo interno a la ciudadanía para
que se realice una auditoría externa con todas las letras, para lo que
crearemos los jurados populares, los consejos de barrio y los consejos
deliberativos sectoriales”, describe Martínez. La información del estado
de las cuentas se publicará en un portal de transparencia y el concejal
prevé que en algo más de un mes estén formados esos jurados populares.
“Los jurados populares se constituirán tras una pequeña capacitación
técnica y serán elegidos dependiendo de la disponibilidad de la gente,
una parte será por sorteo, otra será elegida por el Ayuntamiento y otra,
escogida por otra gente”, explica el edil que asegura: “Los ciudadanos
dirán qué deuda es legítima y cuál ilegítima”.
Publicado el 15 de agosto de 2015 en Cuarto Poder