"Quien se pronuncia por el camino reformista en lugar de y en oposición a la conquista del poder político y a la revolución social no elige en realidad un camino más tranquilo, seguro y lento hacia el mismo objetivo, sino un objetivo diferente: en lugar de la implantación de una nueva sociedad, elige unas modificaciones insustanciales de la antigua." Rosa Luxemburgo

lunes, 31 de agosto de 2015

Los “ayuntamientos del cambio” impulsarán auditorías ciudadanas de sus deudas a partir de septiembre

por Sato Díaz

“La definición de una auditoría ciudadana de la deuda es que la ciudadanía elija qué es deuda legítima y deuda ilegítima, qué deuda se debe pagar y cuál no, más allá de lo que sea legal o ilegal”. De esta manera explica Yago Álvarez, uno de los integrantes de la Plataforma por una Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD), cuáles son sus objetivos.

Muchas candidaturas de unidad popular que se presentaron a las pasadas elecciones municipales prometían en sus programas impulsar que la ciudadanía conociera y decidiera qué hacer con las deudas públicas de sus ayuntamientos. Algunos consistorios ya se han puesto manos a la obra e iniciarán a partir de septiembre estos procesos. “Una auditoría ciudadana debe ser desarrollada por la ciudadanía, que debe conocer en qué se ha gastado el dinero en los últimos años, ese es el primer paso”, prosigue Álvarez, añadiendo: “Para nosotros ilegítimo es lo que se ha hecho a espaldas de la ciudadanía, para el bien de unas pocas personas en contra del resto de la población, pero incluso vamos más allá y decimos que también es ilegítima una deuda que provoca carencias en otros ámbitos: para nosotros es ilegítimo dejar de pagar en gastos sociales para pagar deuda”.

Uno de los ayuntamientos que ya ha empezado con esta labor es el de Madrid. “Hemos entregado un informe en el que hemos hecho una petición de máximos de cómo se tendría que abordar esa auditoría: que hubiera la mayor participación ciudadana posible, que la gente técnica del ayuntamiento estuviera controlada por organismos ciudadanos, que la ciudadanía elija qué deuda es legítima e ilegítima y que se pueda encausar a las personas responsables del sobreendeudamiento de Madrid”, relata Álvarez, afirmando que el equipo de Gobierno “está estudiando la propuesta” y que en septiembre mantendrán una reunión las dos partes. Para esto, la plataforma trabaja conjuntamente con la Concejalía de Economía y Hacienda, de Carlos Sánchez Mato, y con la de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, de Pablo Soto. “Para el control ciudadano del proceso hay varias alternativas: comisiones específicas por barrios, que hubiera también gente de los movimientos sociales mezclada, pero también barajamos la posibilidad de equipos específicos para los elefantes blancos, que es como llamamos nosotros a las obras faraónicas o los grandes agujeros económicos, y luego también sectoriales, para la Sanidad de Madrid, para los contratos de las privatizaciones de las basuras…”, prosigue Álvarez.

Sánchez Mato explica a cuartopoder.es que el equipo de gobierno de Manuela Carmena ya se está poniendo en marcha para esta labor. “Se ha creado la Subdirección General de Auditoría de la Deuda y de las Políticas Públicas y hay un mandato del pleno para que hagamos la auditoría. Es un mandato menos amplio de lo que el equipo de gobierno va a realizar. Además, participará el equipo de Participación Ciudadana de Pablo Soto para generar espacios para que la ciudadanía pueda participar, no en el aspecto técnico sino en los criterios políticos, en definir la legitimidad y oportunidad que han tenido los determinados gastos que van a ser analizados”. “El planteamiento que hacemos es que será un proceso largo en el tiempo”, vaticina el concejal de Economía y Hacienda, declarando que “no se pueden poner plazos concretos, porque dependen de la Subdirección que se ha creado recientemente y todavía no tiene dotación presupuestaria para asignar qué funcionarios se van a encargar de esto”. “La densidad de información es elevadísima, queremos que participen no sólo los movimientos sociales, también la oposición y toda la ciudadanía”, prosigue. Además, la segunda semana de octubre se celebrará la Semana Internacional contra la Deuda y en Madrid. “Tendrá mucha relevancia cómo se auditará la deuda del Ayuntamiento”, según prevé Sánchez Mato. Durante esta semana, el objetivo de la PACD es “fomentar la participación para que sea la ciudadanía de Madrid la que decida cuáles son los baremos para decir qué es legítimo e ilegítimo“.

Más allá de Madrid

No sólo en el Ayuntamiento madrileño se han puesto en marcha iniciativas en este sentido, en otros muchos se están dando pasos en la misma dirección. En la Comunidad de Madrid, además de en la capital, otros grupos municipales se han puesto en contacto con la plataforma. “Se da el caso de los municipios donde las candidaturas de unidad popular han ganado, como Ciempozuelos, que llevaban en el programa la auditoría de la deuda, pero también nos han contactado estas candidaturas que consiguieron tener representación pero no gobiernan, no pueden decir que van a auditar, pero sí abrir los cajones y sacar información. La falta de transparencia es el mayor problema para la auditoría”, explica Álvarez. En este último caso se encontrarían localidades como Parla, Leganés o El Molar.

También en Cataluña se pondrán el próximo mes en marcha estas medidas en diferentes ayuntamientos. En Badalona, donde entró en mayo a gobernar un equipo formado por Guanyem Badalona en Comú, ICV y ERC, sustituyendo al PP de García Albiol frente al Ayuntamiento, el colectivo local afín a la PACD ya se han reunido con el concejal de Hacienda. “Nos presentamos para ver la sintonía que había y la predisposición fue perfecta, quería hacer un convenio de colaboración con nosotros”, explica Mercedes.

“Estamos viendo cuáles son los distintos actores que deberían participar: el Ayuntamiento tendrá que poner los recursos, como un local para las reuniones, el espacio en los medios de comunicación públicos para difundir e incitar a la participación y poner toda la información en manos de toda la gente que participará en esta auditoría”, continúa esta activista, que incluye entre los participantes del proceso a “la ciudadanía no organizada, que será la que tome las decisiones sobre qué auditaremos primero, pues no se puede auditar todo el Ayuntamiento a la vez, y dirá qué es ilegítimo y no y qué medidas debemos tomar. También estará presente la ciudadanía organizada, el movimiento asociativo, movimientos sociales…”. “La Plataforma actuará de dinamizadora, incitará a la participación y velará para que el proceso se realice de forma ciudadana”. También habría un comité de expertos técnicos, como en Madrid, “pero las líneas las marcará la ciudadanía”.

En Cataluña, además, se han puesto en marcha los observatorios ciudadanos municipales, que son “una especie de herramienta web en la que los grupos de auditoría ciudadana cuelgan los presupuestos de una forma fácil de entender y permite hacer consultas directamente a los ayuntamientos, de tal manera que estas consultas y las respuestas institucionales se hacen públicas al resto de la ciudadanía”, explica Enric Pons, también integrante de la PACD, quien repasa para este medio algunos de los municipios en los que hay avances al respecto: “Terrasa es otro ejemplo, donde el alcalde socialista afirmó en la investidura que hará un proceso de auditoría a través del observatorio municipal de allí, aunque todavía no ha habido una reunión para decidir qué se audita y desde dónde”. “En Vilassar de Dalt se ha aprobado una moción con todos los regidores a favor, excepto el PP, para realizar un proceso de auditoría ciudadana, en Villanova i la Geltrú se ha avanzado en en la misma línea”. Para Pons, estas auditorías tienen mucha importancia para “estudiar de dónde procede la deuda, para buscar responsabilidades y para hacer pedagogía social”. “Se pretende inculcar que para ser independientes se necesita no tener préstamos a nivel institucional”, afirma el activista.

El equipo liderado por Ada Colau en Barcelona también camina en este sentido. Desde el equipo de gobierno aseguran que una de sus principales voluntades es “facilitar el control ciudadano de la acción pública”. “Queremos ser proactivos para la ciudadanía y tenemos que facilitar que quien tenga una duda o una queja pueda tener un canal urgente y rápido para poder trabajar eso. Además, tenemos que poner a disposición de los ciudadanos los datos”, explica Fernando Pindado, gerente de Transparencia y Participación del Ayuntamiento barcelonés. “Ahora estamos analizando los presupuestos que nos hemos encontrado”, añade. Para Pindado es “muy importante que existan observatorios ciudadanos que quieran decidir sobre la deuda” y asegura que, para ello, en septiembre u octubre van a poner en marcha “una línea que permita que cualquier persona que crea que hay algo que no está funcionando pueda denunciarlo con urgencia al Ayuntamiento”. Previamente, el equipo liderado por Colau pondrá a disposición de la ciudadanía todos los datos posibles. Según comenta Jordi Ayala, gerente de Presidencia y Economía, se pondrá en marcha en septiembre una especie de portal de transparencia. “Para que haya una auditoría ciudadana tiene que haber transparencia en los datos, tenerlos a disposición de los ciudadanos. La idea es que cualquier documento que sirva para la gestión municipal tiene que poder valorarse también por la ciudadanía”, resalta al respecto. “En septiembre vamos a colocar en la web toda la información. Pondremos los datos a disposición de la ciudadanía, pero además los explicaremos”, añade Pindado.

Zaragoza y Cádiz

También en Zaragoza el gobierno municipal es proclive a que la ciudadanía sea quien audite su deuda pública. El activista Jorge Nasarre lo relata así: “En Zaragoza se van a dar dos tipos de auditoría. La primera es la de toda la deuda pública del Ayuntmaiento, siguiendo los esquemas de Madrid. Por otro lado, está haciendo una auditoría el concejal de Economía para saber qué parte de los presupuestos están ya adjudicados. Por un lado tenemos que saber cómo están las cuentas y los compromisos de pago y por el otro, empezar a organizar una comisión ciudadana, para que en los barrios se vayan detectando los gastos que ha habido y luego decidir si son legítimos o no”. En la capital aragonesa el proceso también se iniciará en septiembre. “Se ha creado una comisión de trabajo junto al concejal de Economía que ahora ampliaremos con el concejal de Participación Ciudadana para llevar el tema a los barrios, en los que se espera que antes de final de año puedan estar las comisiones formadas, con técnicos también, para ir analizando todas las obras”, continúa Nasarre, que considera que el mayor problema de esta ciudad viene de las obras de la Expo y del AVE. “Más de 800 millones de deuda pública”, asegura.

Otra de las ciudades en las que se ha iniciado la tarea de poner en manos de la ciudadanía el conocimiento de la deuda municipal es en Cádiz, cuyo alcalde es José María González ‘Kichi’. El concejal gaditano Adrián Martínez, de Participación Ciudadana, atiende a este medio y dice: “Estamos viendo todas las partidas de las distintas concejalías y empresas públicas, no sólo en materia de auditoría, también de ahorro”. “A partir de septiembre trasladaremos este trabajo interno a la ciudadanía para que se realice una auditoría externa con todas las letras, para lo que crearemos los jurados populares, los consejos de barrio y los consejos deliberativos sectoriales”, describe Martínez. La información del estado de las cuentas se publicará en un portal de transparencia y el concejal prevé que en algo más de un mes estén formados esos jurados populares. “Los jurados populares se constituirán tras una pequeña capacitación técnica y serán elegidos dependiendo de la disponibilidad de la gente, una parte será por sorteo, otra será elegida por el Ayuntamiento y otra, escogida por otra gente”, explica el edil que asegura: “Los ciudadanos dirán qué deuda es legítima y cuál ilegítima”.

Publicado el 15 de agosto de 2015 en Cuarto Poder