El Parlamento argentino acaba de aprobar una ley
que crea una Comisión de Auditoría de la deuda contraída por el país
desde 1976, fecha de inicio de la dictadura cívico militar al poder.
Dicha comisión, todavía no constituida, deberá rendir su informe en el
plazo de 180 días.
Para que la auditoría pueda servir a los intereses de la población, el
CADTM anima a Argentina a seguir el ejemplo de Ecuador que estableció,
en 2007, una Comisión de Auditoría de la deuda contraída entre 1976 y
2006.
Es preciso recordar que, sobre
la base de los resultados de los trabajos de esta Comisión de Auditoría,
que reunió a miembros de la administración pública y del gobierno), a
movimientos sociales e indígenas ecuatorianos y, contó con el apoyo,
también, de representantes internacionales, entre otros del CADTM, el
presidente Correa tomó dos medidas importantes sin pedir el acuerdo de
los acreedores.
La primera de ellas, en noviembre de 2008, cuando decidió suspender unilateralmente el pago de una parte de la deuda pública, probadamente, «ilegítima». La segunda, llegó en junio de 2009, fecha en la que el presidente impuso a los acreedores una reducción del 70% de esa deuda. Esta importante disminución permitió al Gobierno ecuatoriano economizar 7.000 millones de dólares y así aumentar los gastos públicos en sanidad, educación y ayudas sociales, principalmente.
Esta reducción de la deuda es muy diferente de la que obtuvo Argentina en 2005 y 2010, tras las negociaciones con sus acreedores privados. Para llegar a una reducción del 70% de la deuda pública contratada con entes privados, Argentina entregó al 93% de sus acreedores nuevos títulos de la deuda por un valor menor, pero sin anular las antiguas recompradas por los “fondos buitre”.
Estos últimos adquirieron,una parte de esos antiguos títulos de la deuda a muy bajo precio con el fin de obligar a Argentina, por la vía judicial, a reembolsarlos a un precio alto: es decir, el monto inicial (o valor nominal) de las deudas aumentado por los intereses, penalizaciones y diversos gastos judiciales. Esos “fondos buitre” no se equivocaron, ya que dos de ellos –NML Capital y Aurelius- han conseguido un dictamen favorable en Estados Unidos que les da derecho a un reembolso de 1.300 millones de dólares, es decir, con una plusvalía del 1.600%.
Ecuador, por su parte, eligió otra estrategia. Apoyándose en las conclusiones de la Auditoría que mostraba la parte ilegítima de la deuda, el Gobierno ecuatoriano se negó a negociar con sus acreedores, recomprando 91% de su deuda solo al 30% de su valor inicial. Esto impidió que fondos especulativos, como los “fondos buitre”, pudieran litigar ante las Justicia estadounidense (u otra jurisdicción) para perseguir a Ecuador. Con más de 75% de los títulos en manos del Estado ecuatoriano, la clausula de acción colectiva hacía imposible que cualquier acreedor que no hubiera vendido sus títulos al gobierno pudiera demandar a éste.
Si Argentina quiere sacar enseñanzas de sus errores pasados, debería:
Constituir,
de manera inmediata, la Comisión Investigadora propuesta con la Ley
26.984, recientemente sancionada. Determinar la metodología de
funcionamiento e involucrar a los movimientos sociales y expertos que
durante años han venido investigando la ilegitimidad de la Deuda
Pública.
Suspender
el pago de su deuda con el fin de llevar a cabo una Auditoría integral
de la misma, con una participación ciudadana activa. Tras la auditoría,
Argentina debería repudiar la parte de la deuda identificada como
ilegítima, odiosa e ilegal.
Utilizar
la sentencia Olmos del Tribunal Supremo argentino del 13 de julio de
2000. Aquel juicio identificó 447 delitos en la formación de la deuda
argentina que comenzó a inflarse durante la dictadura (1976-1983) y
siguió creciendo en los gobiernos civiles de Raúl Alfonsín y todavía más
en el de Carlos Menem. Ese juicio también cuestionaba al FMI: «De
1976 a 1983, la política de endeudamiento y préstamos ha sido totalmente
arbitraria. Eso implica al personal y los consejos de administración de
las instituciones públicas y privadas. La existencia de un vínculo
explícito entre la deuda externa, el flujo de capitales extranjeros a
corto plazo, las tasas de interés
elevadas en el mercado interno y el correspondiente sacrificio del
presupuesto nacional desde 1976, no han podido pasar inadvertidos a las
autoridades del FMI, que supervisaba las negociaciones económicas en ese
período».
Aplicar
la Doctrina Calvo, que establece que en caso de conflicto con los
inversores extranjeros entre los acreedores, las jurisdiccionales
nacionales son competentes para arreglar las diferencias. Esta doctrina,
de aplicación en la mayoría de los países de América Latina, se eliminó
desde la ofensiva neoliberal en beneficio
de jurisdicciones extranjeras, como la de Estados unidos,
particularmente protectoras de los derechos de los inversores y los
acreedores. Hay que señalar que desde la dictadura militar de 1976
Argentina confiere, sistemáticamente, a la justicia estadounidense la
competencia de zanjar sus litigios, renunciando así a una parte esencial
de su soberanía.
Abandonar, inmediatamente, el organismo dependiente del Banco Mundial, con sede en Washington: CIADI
(Centro Internacional de Arreglo de las Diferencias Vinculadas a las
Inversiones), como hicieron Venezuela, Bolivia y Ecuador. El CIADI no es
un tribunal internacional, se trata de un organismo internacional que
crea tribunales arbitrales “ad hoc”, es decir únicos en cada caso, que
no tienen en cuenta los derechos humanos y que son la herramienta
preferida de los «inversores» privados contra los Estados.
Creemos, que solo la movilización popular permitirá que el Gobierno argentino tome esas medidas de forma efectiva. La red CADTM, apoya a todos los movimientos sociales que luchan contra la dictadura de los acreedores en Argentina.
Traducido del francés para Rebelión por Caty R.
La primera de ellas, en noviembre de 2008, cuando decidió suspender unilateralmente el pago de una parte de la deuda pública, probadamente, «ilegítima». La segunda, llegó en junio de 2009, fecha en la que el presidente impuso a los acreedores una reducción del 70% de esa deuda. Esta importante disminución permitió al Gobierno ecuatoriano economizar 7.000 millones de dólares y así aumentar los gastos públicos en sanidad, educación y ayudas sociales, principalmente.
Esta reducción de la deuda es muy diferente de la que obtuvo Argentina en 2005 y 2010, tras las negociaciones con sus acreedores privados. Para llegar a una reducción del 70% de la deuda pública contratada con entes privados, Argentina entregó al 93% de sus acreedores nuevos títulos de la deuda por un valor menor, pero sin anular las antiguas recompradas por los “fondos buitre”.
Estos últimos adquirieron,una parte de esos antiguos títulos de la deuda a muy bajo precio con el fin de obligar a Argentina, por la vía judicial, a reembolsarlos a un precio alto: es decir, el monto inicial (o valor nominal) de las deudas aumentado por los intereses, penalizaciones y diversos gastos judiciales. Esos “fondos buitre” no se equivocaron, ya que dos de ellos –NML Capital y Aurelius- han conseguido un dictamen favorable en Estados Unidos que les da derecho a un reembolso de 1.300 millones de dólares, es decir, con una plusvalía del 1.600%.
Ecuador, por su parte, eligió otra estrategia. Apoyándose en las conclusiones de la Auditoría que mostraba la parte ilegítima de la deuda, el Gobierno ecuatoriano se negó a negociar con sus acreedores, recomprando 91% de su deuda solo al 30% de su valor inicial. Esto impidió que fondos especulativos, como los “fondos buitre”, pudieran litigar ante las Justicia estadounidense (u otra jurisdicción) para perseguir a Ecuador. Con más de 75% de los títulos en manos del Estado ecuatoriano, la clausula de acción colectiva hacía imposible que cualquier acreedor que no hubiera vendido sus títulos al gobierno pudiera demandar a éste.
Si Argentina quiere sacar enseñanzas de sus errores pasados, debería:
Constituir,
de manera inmediata, la Comisión Investigadora propuesta con la Ley
26.984, recientemente sancionada. Determinar la metodología de
funcionamiento e involucrar a los movimientos sociales y expertos que
durante años han venido investigando la ilegitimidad de la Deuda
Pública. Suspender
el pago de su deuda con el fin de llevar a cabo una Auditoría integral
de la misma, con una participación ciudadana activa. Tras la auditoría,
Argentina debería repudiar la parte de la deuda identificada como
ilegítima, odiosa e ilegal. Utilizar
la sentencia Olmos del Tribunal Supremo argentino del 13 de julio de
2000. Aquel juicio identificó 447 delitos en la formación de la deuda
argentina que comenzó a inflarse durante la dictadura (1976-1983) y
siguió creciendo en los gobiernos civiles de Raúl Alfonsín y todavía más
en el de Carlos Menem. Ese juicio también cuestionaba al FMI: «De
1976 a 1983, la política de endeudamiento y préstamos ha sido totalmente
arbitraria. Eso implica al personal y los consejos de administración de
las instituciones públicas y privadas. La existencia de un vínculo
explícito entre la deuda externa, el flujo de capitales extranjeros a
corto plazo, las tasas de interés
elevadas en el mercado interno y el correspondiente sacrificio del
presupuesto nacional desde 1976, no han podido pasar inadvertidos a las
autoridades del FMI, que supervisaba las negociaciones económicas en ese
período». Aplicar
la Doctrina Calvo, que establece que en caso de conflicto con los
inversores extranjeros entre los acreedores, las jurisdiccionales
nacionales son competentes para arreglar las diferencias. Esta doctrina,
de aplicación en la mayoría de los países de América Latina, se eliminó
desde la ofensiva neoliberal en beneficio
de jurisdicciones extranjeras, como la de Estados unidos,
particularmente protectoras de los derechos de los inversores y los
acreedores. Hay que señalar que desde la dictadura militar de 1976
Argentina confiere, sistemáticamente, a la justicia estadounidense la
competencia de zanjar sus litigios, renunciando así a una parte esencial
de su soberanía. Abandonar, inmediatamente, el organismo dependiente del Banco Mundial, con sede en Washington: CIADI
(Centro Internacional de Arreglo de las Diferencias Vinculadas a las
Inversiones), como hicieron Venezuela, Bolivia y Ecuador. El CIADI no es
un tribunal internacional, se trata de un organismo internacional que
crea tribunales arbitrales “ad hoc”, es decir únicos en cada caso, que
no tienen en cuenta los derechos humanos y que son la herramienta
preferida de los «inversores» privados contra los Estados.Creemos, que solo la movilización popular permitirá que el Gobierno argentino tome esas medidas de forma efectiva. La red CADTM, apoya a todos los movimientos sociales que luchan contra la dictadura de los acreedores en Argentina.
Traducido del francés para Rebelión por Caty R.
