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| Protesta contra Frontex durante el G20 de 2017 en Hamburgo. Álvaro Minguito. |
La Unión Europea utiliza la financiación de la ayuda oficial al desarrollo para controlar los flujos migratorios.
La peligrosidad creciente de los recorridos beneficia a los “pasadores” y a las redes criminales a las que los migrantes se ven obligados de contactar, mientras que esas mismas políticas de flujos migratorios hablan de combatirlas. Aunque hay otros sectores de actividades menos mediatizados que obtienen un provecho financiero mucho más importante de la inmigración irregular, ¡y es tan importante que uno se puede preguntar si no hacen todo para alentarla! Para los que llevan la gestión de los centros de detención para migrantes; las sociedades que aseguran el reparto de las comidas, la seguridad y la limpieza; las empresas que proveen guardias y escoltas a aquellas y aquellos que se expulsa; los fabricantes de armas y la industria aeronáutica; la tecnología puntera para la vigilancia de las fronteras o los subcontratistas para la concesión de visados, la crisis de los migrantes constituye una verdadera ganga, incluso un filón de oro.
Esa proporción nada despreciable de servicios, que antes correspondía
exclusivamente al Estado, ahora está gestionada por grandes grupos
privados que—principalmente por razones de imagen— se esconden por
detrás de innumerables subcontratistas. Esa privatización rampante grava
todavía más a las cajas de los poderes públicos, favorece la opacidad y
diluye las responsabilidades en caso de incidentes durante las
intervenciones, poniendo a los Estados al abrigo de violaciones de la
ley que, sin embargo, son frecuentes. [1]
Instrumentalización de la ayuda oficial al desarrollo
La Unión Europea utiliza la financiación de la ayuda oficial al
desarrollo (AOD) para controlar los flujos migratorios, como es el caso
del Centro de Información y Gestión de Migraciones (CIGEM) inaugurado en
Bamako, Mali, en 2008. Es así como el Décimo Fondo Europeo de
Desarrollo (FED)
financia, en Mauritania, la formación de la policía de fronteras. Para
alcanzar los objetivos que ellos mismos se fijaron (destinar el 0,7% del
ingreso nacional bruto a la AOD), algunos Estados miembros de la UE
contabilizan dentro de esta AOD los gastos que, evidentemente, no lo
son. [2]
A pesar de las reticencias de los Estados miembros para armonizar sus
políticas migratorias internas, logran coordinar su gestión exterior.
¿“Crisis migratoria” o “crisis de acogida”?
En la encrucijada de las rutas entre Europa y Asia, Turquía y Grecia
son países de tránsito para numerosos migrantes y refugiados que huyen
de los conflictos crónicos y de inestabilidad política y económica del
Oriente Próximo. Después de haber abierto sus fronteras en 2015, en un
contexto de crisis, la UE se retracta, desprovista de una reflexión a
largo plazo sobre su política de acogida.
Y es así como la UE firma con el Gobierno turco, sin una gran
oposición por parte del Gobierno de Tsipras, un acuerdo con el objetivo
de controlar y filtrar la inmigración. El acuerdo que entró en vigor el
20 de marzo de 2016, prevé retornar a Turquía cualquier nuevo migrante,
incluidos refugiados sirios, que llegue a Grecia. Y por cada sirio
retornado, la UE reinstalará en Europa otro sirio refugiado en
territorio turco. Se podría creer que solo es un mero arreglo contable.
Pero no lo es. La relación es claramente desequilibrada. La UE
especificó una cuota máxima de 72.000 sirios aceptados en Europa
mientras más de un millón han sido expulsados del territorio europeo.
Por esos intercambios deshumanizados, la UE se concede la libertad de
elegir sus inmigrantes en función de sus intereses económicos. A
cambio, la UE promete a Turquía 6.000 millones de euros, le dice que
quiere relanzar las negociaciones sobre la adhesión del país a la Unión y
acelera el proceso de liberalización de los visados para los ciudadanos
turcos. Además, Ankara se compromete a controlar el flujo migratorio
hacia Europa. Como consecuencia, el dinero sirve muchos más a erigir
muros que a acoger. Y ya se instalaron los muros, los alambres de púas y
los militares en la frontera turco-siria para consolidar la Europa
fortaleza.
Aunque se habían concluido otros acuerdos en ese sentido, ninguno
había alcanzado esas sumas, ni comportaba esos riesgos. El hecho de que
haya sido firmado directamente por la UE marca, también, el comienzo de
una nueva era. La institución burócrata negocia ahora en nombre y por
encima de sus Estados miembros, sustituyendo a las políticas nacionales
en términos de relaciones exteriores.
Con este acuerdo, la UE se jacta de respetar el derecho
internacional. Sin embargo, tanto la Declaración Universal de los
Derechos Humanos como la Convención de Ginebra sobre los refugiados
estipulan que solo puede efectuarse la expulsión hacia un país
considerado seguro. Es evidente que no podemos considerar, en conciencia
y a pesar de la firma del acuerdo, a Turquía como un país seguro y de
buena acogida para los migrantes. El presidente Erdogan comenzó,
efectivamente, una purga sin precedentes y se reveló aún más represivo
contra sus oponentes políticos, desde que sabe que Europa es dependiente
y conciliadora. Y no es suficiente fustigar al Gobierno turco. Dentro
de la misma Europa, se erigen muros y las políticas autoritarias y
xenófobas vuelven a la superficie.
Privatización de la “gestión” de las migraciones
La gestión que se hace ahora de la inmigración grava a la recaudación
del Estado para, en definitiva, beneficiar a las sociedades privadas y a
sus accionistas a expensas de la satisfacción de los servicios públicos
esenciales de las correspondientes poblaciones. El lobbying de esas
sociedades se enmarca en una escalada militarista que beneficia a las
grandes empresas de ese sector. En lugar de invertir en una
infraestructuras de acogida digna y en la gestión de los conflictos, de
los que los países industrializados son en gran parte responsables, la
orientación política de nuestros dirigentes propugna el aumento de los
presupuestos ligados a la seguridad y a la policía de fronteras.
Los flujos migratorios constituyen no solo una fuente de ingresos
para los “pasadores”, sino que también, y en proporciones mucho más
importantes, un jugoso negocio para las grandes empresas que recordemos,
se organizan para pagar lo menos posible de impuestos sobre sus
beneficios pero aumentan los dividendos de sus accionistas. El mercado
de la seguridad de las fronteras, calculado en unos 15.000 millones de
euros en 2015, está en pleno crecimiento y debería aumentar a más de
29.000 millones de euros por año en 2022. [3]
En un contexto de una crisis migratoria aguda, de controles
exacerbados, de detenciones y deportaciones en aumento, una multitud de
sociedades privadas se encontraron con un nicho de actividades muy
provechoso para amasar grandes beneficios.
En concreto, cada vez más sociedades privadas se benefician de la
subcontratación de la expedición de visados (un mercado dominado por las
empresas VFS Y TLS Contact), y facturan a las administraciones públicas
la recogida de datos personales, la toma de huellas digitales, las
fotos digitalizadas… Como podíamos esperar, el recurso a la empresa
privada hace aumentar el precio de los visados, y este aumento de coste
es soportado por los demandantes. Pero las demandas introducidas para
obtener un visado o permiso de residencia no están al alcance de todo el
mundo, y muchos se encuentran apátridas o sin papeles, indeseables a la
vista de la ley.
La gestión de los centros de detención para migrantes donde se
interna a los sin papeles en espera de una expulsión es, también,
subcontratada con empresas privadas. Esa transferencia hacia la esfera
privada refuerza el monopolio de tres o cuatro multinacionales que, a
escala mundial, se reparten el mercado de la detención. Así es como,
casi la mitad de los 11 centros para migrantes del Reino Unido son
gestionados por grupos privados. Esas empresas tienen todo el interés
en aumentar la duración de la encarcelación y hacen lobbying en ese
sentido, con buenos resultados. Por lo tanto, las sociedades de
seguridad privadas prosperan a medida que el número de migrantes
aumenta. [4]
Además, el alojamiento de urgencia se convirtió en un sector lucrativo
para las sociedades privadas que perciben fondos de algunos Estados como
Italia, a expensas de las asociaciones humanitarias que
tradicionalmente toman a su cargo los refugiados.
En Bélgica, entre 2008 y 2012, el presupuesto dedicado a las repatriaciones forzadas —los gastos del viaje de retorno, sin contar con el tiempo pasado en un centro cerrado, de casi 8.000 detenidos cada año— pasó de 5,8 millones de euros a 8,07 millones de euros. [5]
La sociedad francesa Sodexo consideró las detenciones de los
migrantes como una oportunidad de extensión de sus actividades en las
prisiones. El imperio francés del cemento y de los medios de
comunicación Bouygues está encargado de la construcción de los centros
de detención para migrantes en el marco de los contratos de partenariado
público-privado (PPP) [6] y la empresa de limpieza Onet propone sus servicios.
En el Reino Unido, las multinacionales de la seguridad tales como G4S (antiguo Grupo 4 Securitor), [7]
Serco o Geo, están en auge gracias al boom de las privatizaciones. En
Estados Unidos, CCA y GEO son las principales empresas que conciben,
construyen, financian y explotan los centros de detención y Sodexho
Marrito es el primer proveedor de los servicios de alimentación de esos
establecimientos.
Algunas sociedades aprovechan incluso para hacer trabajar a los
detenidos en espera de su expulsión. Por ejemplo, en el centro de Yarl’s
Word, gestionado por la empresa Serco en el Reino Unido, el servicio de
cantina o de limpieza de los locales es efectuado por mujeres detenidas
por una remuneración 23 veces menor que el salario en el exterior para
ese tipo de tarea (50 peniques la hora en 2011 o sea 58 céntimos de
euro). El grupo GEO, que en 2003 obtuvo la gestión del campo de
Guantánamo, “ofrece” a sus ocupantes en los centros Harmondsworth, cerca
del aeropuerto de Heathrow y de Dungavel en Escocia, “oportunidades de
trabajo remunerado” para servicios que van de la pintura a la limpieza. [8] Esas empresas no escatiman la oportunidad de explotar una mano de obra muy barata y sin derechos.
La inmigración da más beneficios que costes
Algunos inmigrantes que finalmente logran llegar a su destino, se
tienen que poner a buscar trabajo y el país de acogida aprovecha una
mano de obra barata de la que, además, se ahorra los gastos de formación
ya asumidos por el país de origen. [9]
Esa mano de obra, flexible y explotable a voluntad, llena una necesidad
que las economías de los países industrializados no pueden pasar
fácilmente.
Lejos de constituir una amenaza y contrariamente a una idea falsa,
las migraciones generalmente tienen un efecto positivo sobre las
economías del país de acogida. En el plano puramente económico, según la
OCDE, un inmigrado aporta, de media, 3.500 euros de ingresos fiscales anuales al país que lo acoge. [10]
Los sin papeles que trabajan tienen recibos de pago, con frecuencia a
nombre de terceras personas y por lo tanto cotizan a una cobertura
social de la que no pueden beneficiarse.
En definitiva, se instala la duda en cuanto a los resultados
esperados de semejante estrategia de gestión del flujo de
desplazamientos humanos. La política antimigratoria establecida mata, y
Europa cuenta los muertos pero continúa levantando sus muros. Sin
embargo, las migraciones no son un problema, una plaga contra la que hay
que luchar. Las migraciones son la consecuencia de conflictos,
persecuciones, catástrofes ambientales, injusticias sociales y
económicas en el mundo. Y son esas las causas que hay que combatir, si
queremos tener una política migratoria realmente humana y justa.
Ver en línea : El Salto
Traducción: Griselda Piñero.
Notas:
Notas:
[1] En
2008, el informe Medical Justice and the National Coalition of
Anti-deportation Campaigns de Birnberg Peirce & Partners hizo
publicó la utilización excesiva de la fuerza y los comportamientos
racistas durante las devoluciones forzadas de demandantes de asilo en
sus países, por escoltas privados a los que el gobierno británico delega
la organización de las expulsiones.
[2] Jérôme Duval, «La ayuda oficial al desarrollo en las antípodas de la solidaridad», CADTM, 2017.
[3] Op. Cit.,
«Guerras de frontera. Los fabricantes y vendedores de armas que se
benefician de la tragedia de los refugiados en Europa», mayo 2016.
[4] «Les sociétés de sécurité privées prospèrent à mesure que le nombre de migrants augmente», 12 de marzo de 2014. http://www.irinnews.org/fr/report/99784/les-soci%C3%A9t%C3%A9s-de-s%C3%A9curit%C3%A9-priv%C3%A9es-prosp%C3%A8rent-%C3%A0-mesure-que-le-nombre-de-migrants-augmente
[5] Amnistía Internacional – Bélgica, «Semira Adamu, 15 ans après…», 18 de noviembre de 2013. https://www.amnesty.be/je-veux-m-informer/notre-magazine-le-fil/le-fil-23-novembre-decembre-2013/article/semira-adamu-15-ans-apres-21914?lang=fr
[6] Bouygues
también construyó la prisión de Mont-de-Marsan, inaugurada el 20 de
noviembre de 2008. Tres semanas después de su apertura, ese centro
penitenciario se quedó a oscuras debido a corte general de electricidad,
que condujo a evacuar a los 87 detenidos de esa prisión. La cárcel
había sido entregada en tiempo récord para evitar fuertes penalizaciones
financieras en caso de retraso en la entrega. David Dufresne, «Le
juteux business des prisons», 23 de noviembre de 2010. http://owni.fr/2010/11/23/interview-le-juteux-business-des-prisons/
[7] Jérôme Duval, «G4S : cuando la empresa privada vela por tu seguridad», CADTM, 19 de mayo de 2017.
[8] Claire Rodier, Xénophobie business, à quoi servent les contrôles migratoires?, La Découverte, 2012, pp. 25-26.
[9] De
la misma manera, los países del centro de Europa como Alemania, por
ejemplo, aprovechan la llegada de miles de estudiantes cualificados al
mercado de trabajo, que huyen de la crisis de los países de la periferia
europea, sin haber invertido en su formación. Y lo mismo pasa con los
trabajadores que provienen de los países del Sur.
[10] CNCD 2017, Assises Citoyennes des Migrations: Vers la Justice migratoire. http://www.cncd.be/IMG/pdf/appeljusticemigratoireassisesfinal.pdf
