Lunes 29 de agosto de 2011
Ecologistas en Acción considera lógico que toda economía ponga un límite a su endeudamiento, como también debería ser lógico que toda economía que intente desarrollarse en un planeta finito ponga un límite a su crecimiento, conceptos ambos, deuda y crecimiento, íntimamente relacionados.
Sin embargo las razones que han impulsado al PP y al PSOE a la propuesta de incluir este techo de endeudamiento en la Constitución no son esas, sino satisfacer, una vez más, las exigencias del gran capital de limitar las inversiones en públicas en servicios sociales y protección del entorno, y forzar a un mayor bombeo de recursos desde las clases más populares a las más pudientes.
El control del déficit se puede abordar reduciendo el gasto y aumentando los ingresos. Es en estas políticas donde quedan marcadas en qué lugar está la prioridad social y ambiental de un Gobierno y no tanto en qué cifra se coloca el techo del déficit.
El Gobierno del PSOE (y el más que probable próximo Gobierno del PP) han mostrado claramente sus prioridades. En el Consejo de Ministros/as celebrado el viernes no se aprobó ningún aumento recaudatorio para las personas con más recursos, ni tampoco la desaparición de las SICAV, dos ejemplos de medidas que se vienen reclamando desde hace tiempo. Sin embargo, sí se han aprobado en los últimos meses incrementos impositivos en base al aumento del IVA, un impuesto indirecto que, por lo tanto, no es progresivo También se han facilitado ayudas a las empresas para abaratar el despido, haciendo que el Estado se haga cargo de parte del importe (mediante el Fogasa, prorrogado en el Consejo de Ministros del viernes).
Otras medidas de aumento de ingresos están siendo las privatizaciones de lo que queda por privatizar, como Aena a nivel estatal o el Canal de Isabel II en Madrid. Para la organización ecologista esto supone una nueva transferencia de bienes colectivos a manos privadas.
En lo que concierne a los gastos, tanto el PP como el PSOE en los lugares donde gobiernan, apuestan por el recorte en lo social y lo ambiental, frente a otras partidas como podrían ser las militares o las ayudas a la banca. De este modo, los PGE del 2011 ya impusieron un fuerte recorte en los gastos destinados a la protección del entorno. Esto mismo se ha producido a nivel autonómico, con la desaparición de Consejerías de Medio Ambiente en comunidades como Castilla-La Mancha. Algo similar se ha venido produciendo a nivel social. Son paradigmáticos los recortes salariales al funcionariado a nivel estal, las rebajas presupuestarias en sanidad (con el ejemplo de CiU en Cataluña) y en educación (con el PP madrileño como bandera).
En todo caso, por si no quedase claro que tipo de gastos tendrán como prioritarios las distintas administraciones, el nuevo redactado del artículo 135 de la Constitución lo deja claro en el punto tres: la devolución de la deuda por encima de cualquier otra partida. De este modo, ademaś, se dificulta que puedan declararse deudas odiosas y, por lo tanto, no tengan que ser devueltas. Esta es una de las líneas de trabajo que se está realizando con la deuda griega por parte de los movimientos sociales helenos y aquí la aborda ¿Quién debe a quién?
Hay una tercera forma de afrontar el déficit, que es mediante el crecimiento continuado. Las propuestas de corte neokeynesiano van en este sentido. Proponen realizar más gastos en infraestructuras, por ejemplo, para con ello conseguir un crecimiento del PIB y, de rebote, una reducción del paro. Este crecimiento generaría el monto de capital suficiente para afrontar del déficit generado.
Sin embargo estas propuestas neokeynesianas son una entelequia a juicio de la organización ecologista. Son una entelequia porque, por ejemplo, el Estado español es líder europeo en kilómetros de autovías y alta velocidad ferroviaria y, a la vez, también lo es en porcentaje de la población activa en paro y con contratos precarios (lo que aumentará con la nueva reforma laboral aprobada el viernes en Consejo de Ministros/as). Esto ha significado un inmenso esfuerzo inversor, que no ha parado durante la crisis, sin que haya redundado en un crecimiento significativo del PIB. No todas los gastos en infraestructuras generan crecimiento ni empleo.
Pero sobre todo, estas propuestas neokeynesianas son una entelequia ya que no es posible mantener un crecimiento continuado en un contexto de creciente agotamiento de recursos como en el que estamos, entre ellos uno tan básico para la economía como el petróleo.
Pero, en cualquier caso, el problema de la economía española no es ni mucho menos el déficit público, sino que lo es es mucha mayor medida la deuda privada, sobre todo la ligada al mundo del ladrillo, encarnada en bancos, promotoras y constructoras. Puestos a poner límites constitucionales a las deudas, Ecologistas en Acción considera mucho más adecuado hacerlo a la deuda privada que no a la pública.
Además, la modificación constitucional tiene un sesgo marcadamente antidemocrático. En primer lugar porque supedita decisiones tan importantes como el techo del déficit a lo que emane de una institución con tantas carencias democráticas como la UE. Ecologistas en Acción recuerda que en la UE el Parlamento tiene un poder decisorio restringido, mientras el BCE tiene un tremendo poder en la dirección económica del continente, sin que tenga ningún tipo de control ni elección pública. En todo caso es importante señalar que el redactado de la futura Ley Orgánica que acompañe al artículo 135 de la Constitución marcará un límite de endeudamiento estructural (0’4%) aun más ambicioso que el señalado por la UE (1%).
Un segundo elemento del carácter antidemocrático de este acuerdo entre PP y PSOE es que no queda claro qué organismo ni en qué condiciones va a determinar cual es el déficit estructural (cuya medida no es sencilla, pues depende las coyunturas económicas). Ecologistas en Acción teme que el organismo que se cree escape del control público.
Pero no solo eso, durante toda la legislatura el PSOE ha afirmado que cambiar la Constitución en algo tan nimio como la sucesión monárquica si la primogénita era una mujer, es tremendamente complicado. Sin embargo, ahora quiere realizar un cambio de hondo calado sin ningún tipo de participación pública en el máximo texto de regulación del funcionamiento del Estado español.
Ver en linea : http://www.ecologistasenaccion.org/article21200.html
