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Cristóbal Montoro (CC - Flickr - Press Cambrabcn) |
Pese a llevar todo el año 2016 en funciones, el
Gobierno de Mariano Rajoy no ha dejado de aplicar la austeridad, obedeciendo servilmente a una Comisión Europea cada día más débil y
desacreditada. Hemos asistido al enésimo caso este verano, cuando el
ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal
Montoro, envió cartas amenazantes a numerosos ayuntamientos ordenando
el cierre de empresas municipales que ofrecen servicios públicos
fundamentales tales como la depuración del agua, el tratamiento de
residuos o el transporte urbano, argumentando que son deficitarias |1|.
Tras las misivas, los ayuntamientos se han levantado en pie de guerra y
hasta un alcalde del PSOE, Abel Caballero, presidente de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha exigido una moratoria de
la austeritaria Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local (LRSAL), más conocida como Ley Montoro, que además
ya ha sido declarada por dos veces parcialmente inconstitucional.