por Ecologistas en Acción y el Observatorio de la
Deuda en la Globalización (ODG)
Comunicado de prensa - 21 de agosto de 2013
Tras el anuncio de una mayor explotación petrolífera en el Parque Nacional Yasuní, en Ecuador: Las autoridades ecuatorianas deben convocar una consulta popular y los países europeos asumir su deuda ecológica.
Comunicado de prensa - 21 de agosto de 2013
Tras el anuncio de una mayor explotación petrolífera en el Parque Nacional Yasuní, en Ecuador: Las autoridades ecuatorianas deben convocar una consulta popular y los países europeos asumir su deuda ecológica.
La decisión del presidente de Ecuador, Rafael Correa, de permitir una
mayor explotación petrolífera en el Parque Nacional Yasuní tendrá
graves impactos para las poblaciones indígenas, el clima y sobre la
biodiversidad. Por ello, Ecologistas en Acción y el Observatorio de la
Deuda en la Globalización (ODG) se solidarizan con las demandas de los
movimientos sociales de Ecuador y del mundo que defienden la Iniciativa
Yasuní-ITT y plantean alternativas al extractivismo así como la
convocatoria de una consulta popular vinculante en Ecuador para decidir
sobre este tema de enorme transcendencia.
La Iniciativa Yasuní-ITT (siglas que corresponden a los campos
petroleros de Ishpingo Tiputini Tambococha) apuesta por dejar el
petróleo en el subsuelo y conservar uno de los parques nacionales con
mayor diversidad biológica ubicado en la Amazonía ecuatoriana. Exigía
además una reparación por daños ecológicos a los países más
contaminantes por valor de 2.700 millones de euros para evitar así la
emisión de 410 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) a la
atmósfera.
El Gobierno español y a la Unión Europea no han respaldado de manera
decidida la iniciativa Yasuní-ITT, que podría haber permitido avanzar
hacia la reparación de la deuda ecológica. Las sociedades
industrializadas siguen en deuda con sociedades como la ecuatoriana, por
la extracción y el consumo histórico de productos petrolíferos y las
emisiones de gases de efecto invernadero que han provocado el cambio
climático. El modelo energético de países como España causa
sistemáticamente la violación de derechos humanos de poblaciones locales
y la destrucción de infinitos lugares con alto valor ecológico en
muchos países. Lo que ocurra en la selva del Yasuní no solo afecta a un
país o una región, sino al conjunto del planeta, por lo que es necesario
tomar decisiones a nivel global.
El caso Yasuní permite el debate sobre muchos problemas vinculados a
la extracción de combustibles fósiles. Por ejemplo, dentro del área hay
todavía pueblos indígenas que siguen decididos a mantener su
aislamiento. Según los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones
Unidas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), cualquier gobierno y empresa están obligados a consultar a las
poblaciones locales si autorizan cualquier megaproyecto extractivo en su
territorio. También el Gobierno ecuatoriano está llamado a cumplir
estas leyes internacionales.
Rafael Correa debe aprovechar esta oportunidad para demostrar que hay
otras formas de hacer política, situando a Ecuador entre los países del
mundo que deciden no explotar sus reservas petrolíferas con el fin de
transitar hacia otros modelos económicos.
La Asamblea Nacional de Ecuador, en aplicación al Art. 407 de su
Constitución y considerando que se ha pronunciado en dos ocasiones en
contra de la explotación del crudo del ITT, también debería responder en
derecho con la protección de la naturaleza y de los pueblos en
aislamiento voluntario. Debería impulsar una consulta popular, porque un
92,7% de la población apoyaba la iniciativa de mantener el petróleo
bajo tierra, según una encuesta realizada en junio del 2013.
En Ecuador existe una larga historia de daños gravísimos causados por
diversas empresas del sector petrolero. En el caso del Parque Yasuní,
Repsol opera en el Bloque 16, en medio de una Reserva de la Biosfera,
provocando destrucción y contaminación. Ecologistas en Acción y el
Observatorio de la Deuda en la Globalización aprovechan la ocasión para
reiterar la demanda internacional que la empresa Repsol sea juzgada por
múltiples violaciones a los derechos humanos y destrucción ambiental en
el Parque Yasuní y que abandone la actividad extractiva en la zona y en
toda la Amazonía.
Ecologistas en Acción y el Observatorio de la Deuda en la
Globalización seguirán reclamando una transformación socio-ecológica
justa demandando que dos tercios de las reservas mundiales de
combustibles fósiles se dejen bajo la tierra y el fondo del océano para
prevenir niveles catastróficos de cambio climático.
Asimismo se debe prohibir las nuevas exploraciones y explotaciones de
petróleo, arenas bituminosas, gas no convencional, carbón, uranio y gas
natural, lo que implicaría la prohibición del fracking en España. En su
lugar se debería invertir en el cambio del modelo y en fuentes
renovables de energía como defiende la Plataforma por un Nuevo Modelo
Energético, referente importante de las luchas energéticas en el Estado
español.
ver en linea : http://www.ecologistasenaccion.org/article26414.html