por Iolanda Fresnillo, Observatorio de la Deuda en la Globalización
Del 26 al 28 de septiembre de 2000 decenas de miles de activistas tomaron las calles de Praga. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) celebraban su asamblea anual en la capital checa, y eran el foco de las denuncias de un creciente movimiento social altermundialista. «Este modelo de capitalismo global está sustentado por las políticas del BM y el FMI, y otras como las de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que son las principales causas de los persistentes problemas mundiales, agravan aún más la destrucción medio ambiental y aumentan las desigualdades económicas y sociales de la mayoría de la población», afirmaba el manifiesto del Movimiento de Resistencia Global, en el año 2000. En aquella ocasión el BM y el FMI se vieron obligados a clausurar precipitadamente su 55 ª reunión anual, ante la masividad y virulencia de las movilizaciones en la calle.
Entre el 8 y el 10 de octubre de 2010 ha tenido lugar en Washintgon DC la 65 ª reunión anual del BM y el FMI. Una década más tarde, con unos pocos cientos de personas protestando en la calle, estas dos instituciones siguen con fuerzas renovadas imponiendo su visión de la economía y el desarrollo en todo el mundo. ¿Han cambiado tanto el FMI y el BM como para que los movimientos sociales hayamos dejado de movilizarnos contra sus políticas? ¿En qué andan actualmente las gemelas de Bretton Woods?
Reformas históricas ¿en serio?
Una de las críticas más repetidas cuando hablamos del Banco Mundial y del FMI es la falta de democracia en el seno de estas instituciones. El derecho a voto en ambas se reparte según el peso de cada país en la economía mundial, lo que fija las aportaciones en forma de cuotas de cada país. El evidente desequilibrio en el reparto de cuotas, y por tanto de votos, se ha convertido en los últimos años en foco de debate también en el seno tanto del BM y del FMI, ante el reclamo de los países emergentes de una revisión de este sistema. Si bien los países más empobrecidos del planeta, y las organizaciones de la sociedad civil, venimos denunciando desde hace décadas este desequilibrio en el poder de decisión, no ha sido hasta que países como China, Brasil o Corea del Sur han reclamado su parte del pastel, que BM y FMI no se han tomado en serio esta crítica.
Desde hace unos años se vienen repitiendo en ocasión de las reuniones anuales o de primavera reclamos, discusiones y declaraciones sobre el sistema de cuotas en el BM y el FMI. En 2008 se llegó a acuerdos en ambas instituciones para revisar este sistema de cuotas, pero no ha sido hasta este año que no se ha cerrado la tan anunciada reforma. En abril, en las reuniones de primavera, se cerró la revisión de cuotas en el Banco Mundial y, el pasado 23 de octubre, en la reunión de ministros de finanzas del G20 que se celebró en Corea del Sur dos semanas después de las reuniones anuales del BM y el FMI, ha llegado el acuerdo sobre el nuevo reparto del pastel del Fondo. El director del FMI, Dominique Strauss-Kahn, ha calificado el acuerdo del G20 de «compromiso histórico» que hará del Fondo una institución «más efectiva, creíble y legitimada».
La «histórica» reforma esconde, sin embargo, una realidad que ha cambiado muy poco. El principio sobre el que se establece el sistema de cuotas se mantiene intacto. El pastel se reparte según el poder económico (y político) de cada país. Así, la Unión Europea ha tenido que ceder un 6% de cuotas para que «las economías emergentes de rápido crecimiento obtengan una voz más fuerte en el Fondo». Así, la reforma ha dado en efecto más poder en países como China, India o Brasil. La reforma de las cuotas del Banco Mundial acordada en abril sigue la misma línea, dando más poder a las economías emergentes. Estados Unidos mantiene con la reforma el poder de veto en ambas instituciones, al igual que la Unión Europea (en caso de decidir votar en bloque, ya que los países de la UE no tienen un asiento único en el FMI ni en el BM). En el Banco Mundial, por ejemplo, los países con altos ingresos acumulan todavía el 61% de los votos, los países con rentas medias aumentan hasta el 35% de votos, mientras que los países de bajos ingresos se quedan sólo con un 4,46% de los votos. En el FMI se repite el mismo esquema, dando más poder a quienes han incrementado su poder en la economía mundial, y manteniendo las cuotas marginales de los países más empobrecidos. Para Strauss-Kahn, sin embargo, la reforma «pone fin a la discusión sobre la legitimidad del Fondo que ha durado por años, casi décadas».
Si bien es cierto que el nuevo reparto de cuotas reconoce el creciente peso en la economía mundial de las economías emergentes, no responde en absoluto a los problemas de falta de legitimidad y democracia de BM y FMI. Estas instituciones se mantienen con estructuras internas profundamente desequilibradas, en tanto que mantienen en la marginalidad a aquellos países que son las principales víctimas de sus políticas.
La crisis como oportunidad
Para muchas de nosotras, la falta de legitimidad del FMI y el BM no se debe sólo a la profundamente antidemocrática estructura interna de las instituciones, sino, y sobre todo, a las políticas que éstas han venido imponiendo en todo el mundo durante más de medio siglo. Como ya denunciábamos hace una década en las calles de Praga, el BM y el FMI «han proporcionado los medios necesarios para que empresas transnacionales, bancos e instituciones financieras continúen expoliando los recursos de la periferia y cargando el peso de la deuda sobre los más empobrecidos». Es esta alianza entre las Instituciones Financieras Internacionales (IFI), las empresas transnacionales y el capital financiero la que ha guiado durante décadas las políticas de ajuste que las IFIs siguen imponiendo. El evidente fracaso, desde el punto de vista del bienestar de los pueblos, de las políticas dictadas por el FMI o los proyectos diseñados por el BM para nunca ha sido reconocido por estas instituciones ni por sus principales accionistas.
Lejos de reconocer los fracasos y enmendar los errores, siguen «recomendando» las mismas medidas de liberalización y ajuste, financiando la construcción de megaproyectos al servicio de las grandes empresas o generando deuda externa ilegítima. No han querido ver en la crisis financiera y económica la prueba de su fracaso, sino todo lo contrario. Ambas instituciones están reforzándose gracias a esta crisis. En ambas instituciones se han dado ampliaciones de capitales o incremento de los fondos disponibles. En abril de 2009 el G20 designó el FMI como vehículo central para la salida de la crisis y triplicó la capacidad prestadora del Fondo, pasando de 250 mil millones de dólares a 750 mil millones. Según Jubilee USA, «en 2014 la capacidad de préstamo del Fondo a los países de bajos ingresos será 10 veces superior a la que la institución tenía antes de la crisis».
Los nuevos fondos deben ser destinados en teoría a hacer frente a la crisis y a sus impactos, pero paradójicamente vienen acompañados de las condiciones de siempre, medidas como la liberalización del sector financiero y bancario, o la imposición de limitaciones al gasto social y al déficit público. Varios informes de organizaciones sociales muestran como los préstamos que el FMI ha otorgado para hacer frente a la crisis contienen condicionalidades al más puro estilo del Consenso de Washington. En el estudio realizado por la red europea Eurodad sobre los préstamos post-crisis otorgados a 10 países empobrecidos, se evidencia la existencia de condicionalidades para reducir o congelar salarios, reducción de déficit y recortes en el gasto social o trasladar los aumentos de precio del petróleo y los alimentos a los ciudadanos en forma de impuestos indirectos y subidas de precios.
Nuevas formas, nuevos temas, nuevos países … los intereses de siempre
Pero no nos engañemos, no todo sigue igual que hace 10 años en el BM y el FMI. El Banco Mundial, por ejemplo, se ha ido amoldando a los nuevos tiempos, ampliando su campo de acción, adaptando su discurso a las nuevas tendencias y renovando sus estrategias.
Así, por ejemplo, se ha posicionado como un actor clave en la gestión de los fondos financieros para afrontar los retos del cambio climático. A pesar de la oposiciónde buena parte de la sociedad civil, el Banco Mundial administra ya hasta 12 fondos del mercado de carbono, con un valor de más de 2.500 millones de dólares, y un buen número de fondos de inversión relacionados con el cambio climático (tecnología limpia, energía renovable, bosques, MDL, …). De los 30 mil millones de financiación para la lucha contra el cambio climático comprometidos por los países ricos en la Cumbre de Copenhague en diciembre de 2009, se han hecho efectivos cerca de 8 mil millones, de los cuales el 42% se han canalizado a través del Banco Mundial, y buena parte de estos se aplicarán en forma de préstamos.
El interés del Banco Mundial para la lucha contra el cambio climático responde básicamente al interés de hacerse con este nuevo pastel de financiación. Y la prueba de ello es que en los últimos años el BM ha seguido financiando proyectos que contribuyen al Cambio Climático. Así, según Jubileo Sur, entre 1992 y 2004 el BM aprobó más de 11 mil millones de dólares en préstamos para más de 120 proyectos de combustibles fósiles, representando el 20% de las emisiones globales actuales. Sólo entre 2007 y 2008 el BM financió 7.300 millones de dólares adicionales en proyectos de combustibles fósiles, y tan sólo 5.300 millones para energías renovables y eficiencia energética.
El Banco Mundial no sólo se adapta a los nuevos tiempos maquillándose de verde, sino que lidera un proceso de transformación de las finanzas para el desarrollo donde el sector privado pasa a ser protagonista. Efectivamente, el BM ha ido reforzando de forma progresiva la Corporación Financiera Internacional (CFI). Este organismo, perteneciente al Grupo del Banco Mundial, fue creado en 1956 para promover inversiones en el sector privado en los países del Sur, facilitando asistencia técnica y participando en la financiación de las iniciativas privadas o público-privadas. El presupuesto del CFI se ha quintuplicado desde 2002, con más de 18 mil millones de dólares comprometidos este año. El CFI deja en manos de intermediarios financieros (bancos, fondos de inversión, fondos de capital riesgo…) cerca de la mitad de sus préstamos, unos intermediarios con dudosa experiencia o interés en fomentar el desarrollo sostenible de los pueblos. De esta manera a través del CFI el Banco Mundial premia el principal sector responsable de la crisis financiera y económica que vivimos hoy en día.
El principio bajo el que actúa el CFI es la promoción de la inversión privada, sea cual sea esta inversión, siempre y cuando sea viable económicamente. Se priorizan criterios comerciales y financieros, más que sociales o ambientales, a la hora de elegir los proyectos donde invertir o los que apoyar. Buena parte de los recursos terminan yendo a grandes proyectos de infraestructuras y los principales beneficiarios son las empresas transnacionales de los países ricos. Cerca de dos terceras partes de las empresas que han recibido apoyo del CFI en los últimos años han sido empresas de países de la OCDE. Además, el CFI ha sido denunciado por organizaciones de la sociedad civil de apoyar a empresas que operan o tienen sede en paraísos fiscales, fomentando así la fuga de capitales desde los países del Sur. El CFI ha sido también denunciado por la falta de mecanismos de control, evaluación, transparencia y participación de la sociedad civil.
En definitiva, el Banco Mundial, y en concreto el CFI, están promoviendo un modelo de privatización de las finanzas para el desarrollo. Un modelo que se está imponiendo en todas partes, como en el Estado español, donde se crean y refuerzan mecanismos de apoyo al sector privado, como el nuevo Fondo de Internacionalización de la Empresa española (FIEM). Un modelo que eleva a las empresas privadas en la categoría de agentes de desarrollo, sin tener en cuenta los impactos negativos que las actuaciones de estas empresas tienen sobre el bienestar de los pueblos y la defensa de los derechos humanos, como en el caso tanto de FIEM como del también nuevo Fondo de Promoción para el Desarrollo (FONPRODE).
Finalmente, y esto no sorprenderá a nadie, las IFI están traspasando fronteras que años atrás nos parecían infranqueables. El FMI está siendo un actor clave en la definición de las políticas de ajuste que están aplicando gobiernos como el español, el griego o el irlandés, al igual que lo había hecho con Argentina o la República Democrática del Congo años atrás. La frontera entre Norte y Sur, entre países desarrollados y empobrecidos desaparece cuando se trata de defender los intereses del capital. La línea que separa lo público y lo privado se difumina cuando se trata de conseguir esos mismos intereses.
Tal y como denunciaba el llamado a la acción de las movilizaciones de Praga, el año 2000, «los vínculos entre el FMI, el BM, la OMC y las corporaciones transnacionales, buscan maximizar los beneficios privados y limitar el poder de los pueblos para proteger el medio ambiente, para determinar su modelo económico y garantizar los derechos humanos». Ahora, igual que hace una década, siguen habiendo razones para oponerse a las políticas e incluso a la existencia de instituciones como el Banco Mundial y el FMI. Cambian las formas, pero no el fondo. Nosotras elegimos, reforma o…
Manifiesto del Movimiento de Resistencia Global (MRG), Praga, septiembre 2000: http://www.odg.cat/documents/deutes/manifiesto_praga.pdf
Fuente : ODG
