Debido a las lluvias torrenciales que afectaron en agosto de 2010 varias regiones del país, Pakistán se enfrenta a una de las peores situaciones humanas y materiales que se conocen desde hace 80 años. Los daños son impresionantes. Alrededor de 22 millones de personas están afectadas por las graves inundaciones. Muchas infraestructuras no han aguantado la violencia de las lluvias.
Muchas carreteras están intransitables, igual que los puertos. Millones de personas se han visto obligadas a dejar precipitadamente sus casas y la ONU señala la cifra de cinco millones de personas sin hogar. Se han establecido campamentos provisionales y alrededor de un millón de personas ya se han instalado en ellos en condiciones sanitarias lamentables. El sur del país, y especialmente la provincia de Sind, está extremadamente debilitado por la catástrofe. Las pérdidas económicas se cuentan en miles de millones y el sector agrícola está particularmente afectado ya que numerosas tierras de cultivo han quedado devastadas.
Pakistán necesita ayuda. El 20 de agosto de 2010 los países miembros de la ONU se comprometieron a aportar 200 millones de dólares, pero no se trata más que de promesas y las experiencias precedentes en la materia demuestran que sólo una pequeña parte de esa suma llegará al país. El Banco Asiático de Desarrollo, que ya conoció el tsunami de diciembre de 2004, se ha proclamado líder del esfuerzo de reconstrucción en Pakistán y ya ha anunciado un préstamo de 2.000 millones de dólares. El Banco Mundial ha añadido un préstamo de 900 millones de dólares. Así, afectado por una catástrofe natural, Pakistán va a ver incrementada su deuda de forma significativa.
Aunque la ayuda inmediata es imprescindible, también es importante revisar la realidad de la situación pakistaní. En agosto de 2008 el país estaba al borde del impago. Obligado a aceptar la ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI), recibió en total un préstamo de 11.300 millones de dólares, pero las condiciones del préstamo son particularmente brutales: venta de un millón de hectáreas de cultivo, fin de los subsidios del Gobierno sobre los carburantes, aumento del precio de la electricidad, corte drástico de los gastos sociales… Sólo el presupuesto militar se ha librado del rigor. Al final este préstamo ha deteriorado las condiciones de vida de la población al tiempo que debilita enormemente la soberanía del país.
En la actualidad Pakistán tiene una deuda externa de 54.000 millones de dólares y dedica cada año 3.000 millones a reembolsarla. Esta deuda, que ha estallado especialmente desde los años 2000, en una gran parte es de origen odioso. En efecto, el antiguo régimen del general Pervez Musharraf era un aliado estratégico de Estados Unidos en la región, sobre todo desde los atentados del 11-S. Los principales proveedores de fondos nunca han vacilado en prestar a la dictadura pakistaní de Musharraf los fondos necesarios para llevar a cabo su política. En el otoño de 2001 Estados Unidos pidió el apoyo de Pakistán en su guerra contra Afganistán. Musharraf aceptó que su país sirviera de base de retaguardia a las tropas militares de Estados Unidos y sus aliados. El régimen de Musharraf continuó después endeudando a Pakistán con el apoyo activo del Banco Mundial y de las grandes potencias. Los préstamos concedidos no tienen ninguna legitimidad, han servido para reforzar la tiranía de Musharraf y no han mejorado en nada las condiciones de vida de los ciudadanos pakistaníes. La deuda contraída por ese régimen despótico es odiosa. Los acreedores que prestaron a Musharraf lo hicieron con conocimiento de causa y en estas condiciones es inadmisible que se obligue al pueblo pakistaní a reembolsar ahora la deuda odiosa contraída por Musharraf.
En estas condiciones la anulación pura y simple es una exigencia mínima. Varios países, a semejanza de Ecuador, han realizado auditorías de sus deudas con el fin de anular la parte considerada odiosa. Pakistán bien podría seguir este ejemplo.
Existe otro mecanismo jurídico a tener en cuenta por Pakistán, sometido a las inundaciones devastadoras: el estado de necesidad. En este caso puede invocar dicho estado de necesidad para dedicar los fondos a las necesidades vitales de su población maltratada en lugar de pagar la deuda sin temor a sanciones por no cumplir sus obligaciones. Los 3.000 millones de dólares economizados de esta forma deben entonces orientarse a los gastos sociales en beneficio de los pakistaníes.
Para el Gobierno de Pakistán ha llegado el momento de suspender el pago de su deuda externa y al mismo tiempo realizar una auditoría de ésta y decidir el repudio de su parte odiosa. Lejos de representar un fin en sí mismo, esto deberá tratarse del primer paso hacia un modelo de desarrollo radicalmente diferente basado, por fin, en garantizar los derechos humanos fundamentales.
Traducido para Rebelión por Caty R.
