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| Arte El Salto |
El sector económico ha votado en el proceso de
independencia iniciado en Catalunya. La experiencia de otros Estados
europeos muestra cómo la democracia se suspende cuando los mercados
llaman al orden
El 5 de octubre, tan solo cinco días después del referéndum independentista catalán,
el Banco Sabadell arrojaba una bomba sobre las intenciones del procés.
La cuarta entidad financiera por volumen de activos mudaba su sede
social a la ciudad de Alicante. Un día más tarde, CaixaBank, la entidad
estandarte de la banca catalana, seguía sus pasos y movía la dirección
de su sede a Valencia.
En esta batalla, el Gobierno quería que los golpes fueran lo más
rápidos y dañinos posible. El ministro de Economía, Luis de Guindos,
anunciaba un decreto exprés que facilitaba el cambio de domicilio social sin tener que convocar para votarlo en una junta de accionistas. CaixaBank lo necesitaba y la contienda no estaba para esperas.
Lo que antidisturbios, leyes y amenazas no habían sido capaces de
hacer lo estaba consiguiendo el cambio de domicilio de dos bancos:
fracturar la opinión independentista. En cuestión de una semana, más de 500 empresas
llevaron su domicilio social fuera de Catalunya, según el registro
oficial. Buena parte de la ciudadanía que apoya el proceso
independentista entonaban frases que sonaban a rendición y los sectores
del establishement de la antigua Convèrgencia no ocultaban su
nerviosismo ante la nueva situación. El disparo de las fuerzas
económicas había abierto una herida que podía desangrar la economía
catalana y los sueños de independencia.
Movimiento político
Para el economista catalán Sergi Cutillas, la huida de empresas es un
movimiento claramente político: “Han intentado generar una sensación de
fuga de capitales, cuando no existe tal. No se han llevado su
producción, lo único que varía un poco es la balanza fiscal entre
comunidades”. El experto califica estos movimientos como “una campaña
mediática del miedo para poder dividir al bloque independentista”.
Esta no es la primera vez que Cutillas se enfrenta a una batalla
similar. En 2015, cuando el Gobierno de Syriza ganó las elecciones, le
pidieron formar parte del Comité por la Verdad de la Deuda Griega.
Al preguntarle por las similitudes entre los dos casos, explica que en
Grecia había dos bandos muy claros: una izquierda contra la austeridad y
las instituciones europeas. Pero en el caso de Catalunya, según
Cutillas, gran parte del movimiento independentista también es
proeuropeo y el sistema bancario español y catalán es el mismo, por lo
que “si Draghi comenzara a lanzar alarmas sobre Catalunya, el sistema
bancario de todo el Estado se vería afectado, lo que obligaría a las
instituciones europeas a intervenir como mediadoras”. Para él, “esto
legitimaría al Govern catalán y dejaría en mala posición a Rajoy”.
En vez de intervenir, la Comisión Europea lanzó un mensaje al
Gobierno español justo el día que los periódicos de todo el planeta
abrían con fotos de personas agredidas por la represión policial del día
del referéndum: “La violencia no puede ser un instrumento en política”.
Lo que parece un mensaje en busca de paz y diálogo, para Cutillas no es
más que una declaración de guerra, pero con otras armas: “La Comisión
quiso decir que en Europa se hacen las cosas de otra forma: hacen
presión de maneras más sofisticadas, no necesitan la violencia física”.
Solo unos días más tarde se aprueba el decreto que facilita la huida de
empresas.
El exministro de finanzas griego Yannis Varoufakis, relata en su
libro ¿Y los débiles sufren lo que deben? (Deusto, 2016) las
negociaciones con unas instituciones europeas que no iban a permitir que
Grecia ganara la contienda al capital. Durante la reunión con el
Eurogrupo, compuesto por los ministros de Economía y Finanzas de la
eurozona y los representantes de la troika —BCE, Comisión Europea y Fondo Monetario Internacional—,
el ministro alemán, Wolfgang Schäuble, dejó bien claro al griego, con
un tono elevado y amenazante, que la economía estaba por encima de la
democracia: “¡No se puede permitir que las elecciones cambien el
programa económico de un Estado miembro!”.
Para Cutillas, que vivió de cerca aquellos días como parte de la auditoría de la deuda
griega, esa afirmación del ministro alemán corresponde al diseño de una
Europa que encorseta el poder de actuación de cualquier democracia.
“Los nazis pensaban en una Europa muy similar a lo que es ahora la Unión
Europea, con instituciones tecnocráticas que, por diseño, alejen el
poder y la soberanía de la población”, explica el economista.
En el mismo libro, Varoufakis explica su reunión en su despacho
ministerial con el ministro de Finanzas holandés y presidente del
Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem. En aquel encuentro, mientras el griego
le decía que no aceptaría trabajar con “los hombres de negro”, como se
bautizó a los directivos de la Troika encargados de orquestar las
reformas estructurales y privatizaciones, Varoufakis observaba por la ventana la plaza Syntagma y el Parlamento.
Según narra en el libro, viendo aquel paisaje lleno de manifestantes y
donde los coroneles griegos dieron el golpe de estado hace 50 años, con
Dijsselbloem sentado enfrente pensó: “En 1967 fueron los tanques. Ahora
pretenden hacer lo mismo con los bancos”.
Tratados escritos por el capital
Antes de la utilización del polémico artículo 155,
el PP ya usó otro artículo de la Constitución para intervenir
Catalunya, un artículo de índole económica y que había sido modificado a
petición del gran poder financiero: el 135.
En el libro El dilema: 600 días de vértigo (Planeta, 2013), el
expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero publicó una carta
que el expresidente del BCE, el francés Jean-Claude Trichet, le había
enviado el 5 de agosto de 2011. En la carta, además de pedirle una dura
reforma laboral y recortes, le exigía que las comunidades autónomas
comenzaran a publicar sus cuentas trimestralmente y que la regla de
gasto se aplique en un futuro a todos los subsectores gubernamentales.
Tan solo 16 días más tarde, el PSOE y el PP presentaron de manera conjunta una Proposición de Reforma del artículo 135 de la Constitución Española.
Se tramitó y aprobó por el procedimiento de urgencia. La imposición del
BCE para que se priorizara la deuda por encima de todo había mancillado
el documento que hasta aquel entonces parecía sagrado y que, aún hoy en
día, se ha usado para intervenir la autonomía de Catalunya.
El 15 de septiembre de este año, Montoro anunciaba la intervención de
las cuentas catalanas para que no se “gastara ni un euro para hacer
actividades ilegales”, con claras alusiones al referéndum. Pero lo
cierto es que el anuncio en el BOE no hablaba de urnas ni delitos de
secesión. El ministro había usado otra arma: la estabilidad
presupuestaria.
En 2012, seis meses después del cambio en la Constitución, y tres
desde que el PP alcanzara el Gobierno, el Ministerio de Hacienda
publicaba la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, conocida como la Ley Montoro.
En julio del mismo año se presentó el Fondo de Liquidez Autonómica
(FLA). Estas legislaciones y mecanismos han calcado las exigencias de la
carta de Trichet: poner la deuda por encima de todo, favorecer a la
banca y centralizar un poder que permite al Gobierno central intervenir a
quien se salga de la senda marcada.
Unión “de mercados” Europea
Europa también intentó colar de tapadillo la supremacía del poder
financiero en un proceso democrático. La jugada, por esa vía, no le
salió bien y, una vez más, la banca ganó la batalla fuera de las urnas.
En mayo de 2005, un referéndum en Francia dijo no al intento de
establecer una Constitución Europea. Un mes más tarde, los holandeses
también se negaron. El proyecto propuesto por las élites europeas era
frenado por la democracia y la decisión soberana de la ciudadanía de dos
países.
Dos años más tarde, el Parlamento holandés y el francés aprobaban el Tratado de Lisboa,
un texto prácticamente calcado a la Constitución rechazada que debía
sustituir el Tratado de Maastricht. “La aprobación del Tratado de Lisboa
es la violación más flagrante de la democracia que conozco, una
traición a la opinión de los más de 20 millones de franceses y
holandeses que habían rechazado la Constitución en referéndum que, en
esencia, era el mismo texto”, opina Jérôme Duval, coautor del libro La
construcción europea al servicio de los mercados financieros (Icaria,
2016).
El artículo 104 del Tratado de Maastricht es calcado al artículo 123
del Tratado de Lisboa: prohíbe la financiación de las administraciones
públicas a través de sus bancos centrales. El poder de toda política
económica recae en el BCE. El de distribuir, mover y prestar ese dinero
quedaba en manos del sistema financiero privado.
Las élites financieras obtuvieron el control absoluto sobre el flujo
del euro. Las instituciones de Bruselas cobraron vida propia y se
atribuyeron el poder de sancionar a los Estados miembros que se salieran
del corsé económico diseñado.
Para Duval, la razón fundamental por la que se pasó por encima de la
voluntad popular era “para no retrasar la agenda neoliberal que marcaba
la élite eurócrata y, entre otras cosas, aprobar el 123 era necesario”.
La guerra empezaba a ser totalmente desigual. La avanzadilla liberal
tenía las herramientas para derrocar a cualquier gobierno y poner a un “dictador” económico.
Tecnócratas: presidentes a los que nadie ha votado
“No me voy a presentar a las elecciones, pero no descarto volver a
gobernar”. Estas fueron las palabra de Mario Monti, presidente
tecnócrata de Italia por encargo tras la dimisión de Berlusconi en
noviembre de 2011, cuando le preguntaron si se iba a presentar a las
elecciones al finalizar su Gobierno de transición. El excomisario de
Competencia europeo fue elegido por ser apartidista.
La cosa no iba sobre partidos políticos. Nadie votó a Monti, pero lo nombraron senador vitalicio, cargo que le da la posibilidad de ser presidente sin concurrir a elecciones.
Lo primero que hizo al llegar a su nuevo despacho
fue autonombrase ministro de Economía y arrancar la agenda de reformas
estructurales —siempre recortes y privatizaciones—que le dictaban desde
Fráncfurt y Bruselas.
En 2011, al primer ministro griego, el socialista Yorgos Papandréu,
se le ocurrió la idea de convocar un referéndum para que el pueblo
griego decidiera si se aceptaba el plan de rescate y las reformas
estructurales ligadas a él. Las presiones de la Troika lo obligaron a
dar marcha atrás y a dimitir. La proclamación de Lucas Papademos,
exdirector del Banco de Grecia y vicepresidente del BCE, rozó el
surrealismo. Lo dijo claramente al salir del palacio de la Presidencia
poco antes de ser proclamado presidente en una ceremonia celebrada por
la Iglesia Ortodoxa griega: “No soy un político”.
Desde Bruselas se justificaron estas imposiciones antidemocráticas
como “una solución transitoria para la aplicación de los ajustes que
permita a ambos países recuperar la confianza de los mercados”. Las
manifestaciones en los dos países no fueron nunca escuchadas, fueron
reprimidas con dureza. Ahí sí se usó la fuerza.
Las reformas estructurales, recortes y privatizaciones no podían
esperar a que la ciudadanía eligiera a las personas encargadas de
dirigir el país en las urnas. Recuperar esa confianza de los mercados
estaba por encima de la democracia, otra vez.
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