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| Alexander De Croo |
A partir de una evaluación realizada por la
multinacional Deloitte, Bélgica ha suprimido el acceso a las
subvenciones públicas de 20 organizaciones no gubernamentales. Pero esta
empresa está acusada de numerosos delitos.
El 7 de junio, el Gobierno belga fue
interpelado por dos diputados federales sobre el reclutamiento de la
multinacional Deloitte para hacer una evaluación sobre las
organizaciones de cooperación no gubernamental. Sobre la base de esta
evaluación, llamada screening y que aplica criterios de la gestión
privada, el ministro de Cooperación al Desarrollo, Alexander De Croo,
suprimió el acceso a las subvenciones públicas de 20 actores no
gubernamentales (esto representa el 20% de las totalidad de las
organizaciones evaluadas).
Conocida por los consejos que prodiga a las empresas para que eviten
el impuesto, principalmente en África, Deloitte está mal situada para
evaluar la “buena gestión” de ONG que trabajan en la cooperación al
desarrollo. Es lo que ha recordado el diputado federal Benoît Hellings
en su pregunta parlamentaria subrayando que Deloitte “se organiza a
nivel mundial para aconsejar a las grandes estructuras y las grandes
empresas en su evasión fiscal”. En su respuesta, De Croo afirmó que
Deloitte “nunca ha sido condenada en un tribunal”. Y continuó: “Si
Deloitte u otra empresa de auditoría hubieran sido condenadas, no
tendrían acceso a este mercado”. ¿Y si le tomáramos la palabra al
ministro?
En el corazón del caso LuxLeaks, Deloitte se enfrenta a numerosas
inculpaciones judiciales. Esto cuando no llega a acuerdos “amistosos” a
través de transacciones financieras. Así, por ejemplo, dos empleados de
la rama de Deloitte en Italia han sido demandados por divulgar
informaciones falsas y por manipulación del mercado, mientras que
Deloitte estaba acusada de complicidad cuando auditaba el grupo
agroalimentario italiano Parmalat en 2003, implicada en el mayor
escándalo financiero de la posguerra en Europa. Más recientemente, en
enero de 2016, el expresidente en Quebec de la firma Deloitte, Luc
Villeneuve, recibió varias denuncias por financiación ilegal de la que
se habría beneficiado en 11 ocasiones el Partido Liberal de Quebec
(PLQ). Otro hecho: el 4 de febrero de 2016, un tribunal de Luxemburgo
condenó a tres meses de prisión y 10.000 euros de multa a cada uno de
los cuatro exasociados de la firma Deloitte Luxemburgo por haber firmado
y antedatado documentos en 2002 por cuenta de clientes italianos.
En el banco de los acusados
En España, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
(ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, impuso una multa de 12,4
millones de euros a Deloitte por haber avalado los resultados
financieros presentados por Rodrigo Rato, entonces presidente del grupo
financiero Bankia y actualmente juzgado por blanqueo de capitales y
corrupción. Deloitte, en un claro conflicto de intereses, se convertía
en juez y parte siendo a la vez la sociedad responsable de auditar a la
banca y el consultor encargado de certificar las cuentas. Según el ICAC,
que impuso la multa, Deloitte es “responsable de una infracción
continuada muy grave al haber incurrido en un incumplimiento del deber
de independencia”. El pasado 20 de junio, dos directivos de Deloitte se
sentaron en el banquillo de los acusados para responder a los abogados
del 15MpaRato, plataforma ciudadana que lanzó el caso Bankia y que los
acusa de “responsabilidad directa” de “fraude masivo”. En aplicación de
la respuesta del ministro, Deloitte debería lógicamente ser excluida de
los contratos públicos lanzados por el Gobierno teniendo en cuenta las
condenas judiciales.
Despilfarro de dinero público
Mientras que las subvenciones para las organizaciones belgas de
cooperación caerán un 8,5% en los próximos cinco años, agravando así los
recortes presupuestarios sucesivos registrados desde 2010, Deloitte, a
pesar de sus actuaciones fraudulentas, ha sido generosamente remunerado a
costa del contribuyente belga para participar en la selección de las
organizaciones de cooperación no gubernamentales aptas para recibir las
subvenciones del Estado. El coste de esta auditoría, según los datos
presupuestarios de las licitaciones públicas, se sitúa entre 550.000 y
650.000 euros (para Deloitte y la otra empresa de auditoría, BDO). A
esto hay que añadir los costes indirectos en el sector de las ONG en
contratos de personal suplementario indispensable para responder a las
exigencias del screening. Más que el despilfarro de dinero público
(mientras se pide a los ciudadanos que se aprieten el cinturón), sería
evidentemente más útil redirigir esas sumas hacia la ayuda al
desarrollo, que en Bélgica alcanza sólo el 0,45% del PIB, mientras que hay un compromiso de alcanzar el 0,7%.
Si el Gobierno quiere ser coherente, debe también luchar eficazmente
contra la evasión fiscal dejando de colaborar con las empresas que la
promueven, como Deloitte y Price WaterHouseCoopers, y que hacen perder
cada año varios cientos de miles de millones a los Estados. En su
informe, el experto independiente de la ONU sobre la deuda,
Juan Pablo Bohoslavsky, insiste en la necesidad de combatir los flujos
financieros considerados ilícitos, que “contribuyen asimismo a la
acumulación de deuda insostenible al privar a los gobiernos de ingresos
fiscales internos, lo que puede obligarlos a recurrir a empréstitos
externos”. Al publicarse este informe, una resolución relativa a la
evasión fiscal y sobre la necesidad de devolver los haberes desviados a
los países llamados “en vías de desarrollo” fue adoptada el 24 de marzo
de 2016 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pero durante el
voto Bélgica se abstuvo…
Fuente : Diagonal
Traducción: Gladys Martínez.
