por la PACD
2 Banco de España. Estadísticas. Cuentas Financieras (SEC 10).http://www.bde.es/webbde/es/estadis/ccff/ccff2.html
3Banco de España. Datos de Pasivos en Circulación Consolidados. Boletín Estadístico. Apartados 11.4 y 11.5. http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/bolest11.html
4Ostry, J., Loungani, P., Furceri, D., «Neoliberalismo: Sobrevalorado?» Fondo Monetario Internacional. Finanzas y Desarrollo. Junio 2016,
Estos días estamos viendo cómo los partidos políticos que se presentan a
las elecciones del 26J lo hacen sin tan sólo mencionar la deuda en sus
discursos. Es evidente que sin abordar la cuestión de la deuda no se
puede avanzar hacia políticas que beneficien a la mayoría social. Y para
abordar la cuestión de la deuda e
Desde la Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda (PACD) entendemos
que durante esta campaña electoral o se habla de deuda o no se está
abordando una cuestión clave del presente y futuro de este país. Por
ello estamos difundiendo el manifiesto “
El nuevo gobierno del Estado español debe auditar la deuda pública con activa participación ciudadana
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Nos acercamos a las elecciones del 26 de junio
habiendo superado, según la contabilidad de Protocolo de Déficit
Excesivo (PDE) de la Unión Europea1, el límite simbólico del 100% de deuda pública respecto a PIB (el PIB es aproximadamente 1 billón de euros), porcentage que era aproximadamente del 35% cuando empezó la crisis.
Sin embargo, el sistema de contabilidad del Banco de España2,
mucho menos laxo que el de PDE de la UE, muestra unas cifras
diferentes. Estos datos muestran que cuando empezó la crisis en 2008, la
deuda pública se situaba en 487.000 millones de euros3,
mientras que la deuda total de la economía española era de 3,97
billones de euros (aproximadamente 4 veces el PIB español). La parte
pública era el 12% del total de deuda, mientras que la privada (de sociedades financieras,
no financieras y hogares), que era de 3,48 billones, suponía el 88% del
total. Según la misma fuente a finales de 2015 la deuda pública se ha
multiplicado casi por tres desde el 2008, llegando a 1,22 billones de
euros, o sea el 122% del PIB, pero la deuda total de la economía
española sigue siendo de 3,98 billones de euros, exactamente la misma
cantidad que en 2008.
Los datos son muy explícitos. La parte pública es ahora el 30%, mientras que la privada es ahora el 70%. La
deuda privada se ha reducido en 720.000 millones, mientras que la deuda
pública ha aumentado exactamente 730.000 millones, casi la misma
cantidad.
Las políticas de austeridad no sirven para reducir la deuda total, ni para relanzar la economía y crear empleo, como admite el mismo FMI en un artículo recién publicado4, sino para transmitir deuda privada a deuda pública así como reducir los derechos económico y sociales conquistados con duras luchas. Es sencillo, el aumento la deuda
pública ha sustentado los beneficios de las grandes empresas y bancos
del IBEX y les ha permitido que recompongan sus maltrechos balances,
muchos de ellos aún en quiebra, reduciendo sus deudas a través de estos
mecanismos de transmisión macroeconómicos.
Sufrimos un gran despliegue de tales mecanismos, entre los que destacan el proceso agresivo de recortes en la provisión de servicios sociales públicos,
sector que está ocupando el capital privado; las privatizaciones; las
reducciones salariales y de derechos laborales en toda la economía; los subsidios, ayudas y avales a grandes empresas, en especial del IBEX; una fiscalidad regresiva basada en la permisivadad con el fraude y la elusión impositiva
de grandes empresas y grandes fortunas; los rescates a la banca; y los
arreglos monetarios de la Eurozona, que obligan a los Estados a
financiar sus déficits a través de los mercados financieros (siendo los
grandes bancos españoles los grandes beneficiados).
Cabe aclarar que la reducción de la deuda de los
hogares, se ha llevado a cabo, no con subvenciones a este sector
económico, sino todo lo contrario. Esta reducción se ha producido a
través de distintos procesos, entre los cuales están las ejecuciones de hipotecas
morosas, que han cancelado deudas a cambio de la expropiación de
viviendas por parte de los bancos, y de la no provisión de nuevo
crédito, cosa que después de 8 años reduce el saldo total de su deuda,
al ir los hogares cumpliendo con los pagos.
A pesar de los datos mostrados, el consenso
neoliberal que gobierna los países de rentas altas, como el nuestro, no
atiende a hechos, y continúa utilizando la deuda pública como pretexto moral para justificar el ataque a los derechos de la mayoría de la población.
Según la narrativa dominante la deuda pública resulta de que hemos
vivido por encima de nuestras posibilidades. Esto sucede en paralelo a
que día tras día, descubramos que los partidos políticos gobernantes en
el Estado en las últimas décadas han desplegado grandes redes
clientelares, en muchos casos delictivas, que han financiado ilegalmente
sus partidos, servido para cobrar comisiones ilegales, o malversado
dinero público atribuyendo sobrecostes a obras y servicios provistos por
empresas que formaban parte de estas redes, todo ello generando deuda
ilegal.
Además los bancos y grandes empresas, que se han enriquecido a través de las mismas redes clienterales de los partidos políticos, y que una vez empezada la crisis han recibido cantidades masivas de dinero de los contribuyentes, expulsan a familias que se han empobrecido
durante la crisis de sus hogares por no poder pagar sus hipotecas a
tiempo, y demandan públicamente en la prensa y en foros públicos que se
reduzcan los derechos de los trabajadores por el bien de la economía,
mientras los mismos que realizan las declaraciones reciben
remuneraciones millonarias. Los rescates y los intereses sobre la deuda
pública que el Estado le ha pagado a la banca desde el 2008 superan los
120.000 millones de euros, más del 12% del PIB, lo que supone casi el
doble de los recortes realizados o 4 veces la cantidad actual de dinero
del fondo de las pensiones. Estas cantidades enormes de dinero público
destinados a mantener la banca en manos privadas son un ejemplo claro de
lo que podría llegar a considerarse deuda ilegítima.
Por otra parte, las leyes y tratados para cronificar
la austeridad fiscal han generado, además de una pérdida de poder
político general de las administraciones públicas, una recentralización
de este poder. El Pacto Fiscal Europeo de 2012, establece que los
Estados de la UE pueden ser multados si superan el límite de déficit del
3%, por lo que su capacidad de aplicar políticas fiscales expansivas en
tiempos de crisis queda completamente eliminada y la fiscalidad pasa a
ser estrictamente monitarizada desde Bruselas. A nivel nacional, el
cambio del artículo 135 de la Constitución para priorizar el pago de la deuda pública
por encima de cualquier otra obligación social del Estado vulnera los
principios fundamentales de la misma Constitución Española, viola la
Carta Social Europea y la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
por lo que el cambio realizado por PSOE y PP en 2011 debe ser abolido.
Además la aprovación e implementación de leyes como la Ley de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local están mermando
la capacidad política y democrática de las administraciones autonómicas
y locales, asfixiándolas financieramente, endeudándolas y finalmente
propiciando su intervención por parte del gobierno central, a
través de reducir su financiación en un momento en que estas
administraciones se ven obligadas a mantener o aumentar los servicios
públicos prestados para amortiguar el impacto de la crisis. Estos
servicios en ocasiones son competencia de la administración central, la
cual actuando de forma irresponsable o malintencionada no los lleva a
término, obligando a las administraciones autonómicas y locales a cargar
con su peso sin los recursos para hacerlo.
La tónica se repite a lo largo y ancho de la Unión Europea.
Estados como Grecia o Chipre han sido convertidos a base de injerencias
externas de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI (la
Troika), justificadas por el pago de la deuda pública, en colonias
modernas de los acreedores en las que el Estado está al borde del
colapso y sus poblaciones están sometidas a medidas de expolio y
empobrecimiento que violan tanto la legislación nacional como la
internacional. Como el Estado español, Irlanda, Chipre, Grecia y
Portugal son sometidos a austeridad permanente mientras sus ciudadanas y
ciudadanos ven como sus bancos continúan siendo sustentados con dinero
público, rescate tras rescate. Esta nueva arquitectura política de la
zona euro y la Unión Europea, apuntalada en la deuda, hace que los
países de la UE vean como se reduce día a día su soberanía y la calidad
de sus democracias, ya que sus parlamentos no deciden realmente e
imponen duras medidas a sus propios ciudadanos en contra de lo que éstos
han votado y expresado de manera clara. Las injerencias de la Troika en estos estados suponen una violación de la soberanía nacional
que nos obliga a considerar que las medidas impuestas bajo su presión
política han generado deuda odiosa, categoría aplicada a la deuda
generada por regímenes que violan los derechos humanos.
Todo esto, está llevando a un crecimiento de la desigualdad,
con un aumento pronunciado de la riqueza de las capas más ricas de la
sociedad, y un empobrecimiento y precariedad generalizados para la
mayoría, con un paralelo deteriorio de las instituciones democráticas y
de la credibilidad en el pacto social. Este crecimiento de la
desigualdad está directamente relacionado con la insostenibilidad de la deuda,
por lo cuál es necesario tanto para reducir la desigualdad como para
reactivar la economía reducir radicalmente la deuda para situarla en un
monto que permita encarar un nuevo modelo que permite garantizar la
integralidad de los derechos humanos (sociales, económicos, culturales,
civiles y políticos) y empezar en serio la transición ecológica.
Es urgente realizar una auditoría con participacion ciudadana activa de la deuda pública
para poder analizar en profundidad estos y otros mecanismos que están
cargando sobre la mayoría de la población deudas de origen privado, y
sirviendo como justificación para un retroceso de derechos sin parangón
en las últimas décadas. La auditoría debe clarificar qué deudas son
admisibles y cuáles son ilegales, ilegítimas, odiosas o insostenibles,
para proceder a rechazar su reembolso. En la actual dinámica de
expropiación a través de las finanzas es necesario en defensa de las
democracias sentar las bases de un nuevo paradigma legal, socioeconómico
y ecológico, que deje atrás el neoliberalismo y ponga límites al poder
de las grandes finanzas.
(puedes firmar aquí)
1 Reglamento
(CE) nº 479/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, relativo a la
aplicación del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de
déficit excesivo, anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
y por el Reglamento (UE) Nº 220/2014 de la Comisión, de 7 de marzo de
2014 por el que se modifica el Reglamento (CE) n o 479/2009 respecto a
las referencias al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de
la Unión Europea.
2 Banco de España. Estadísticas. Cuentas Financieras (SEC 10).http://www.bde.es/webbde/es/estadis/ccff/ccff2.html
3Banco de España. Datos de Pasivos en Circulación Consolidados. Boletín Estadístico. Apartados 11.4 y 11.5. http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/bolest11.html
4Ostry, J., Loungani, P., Furceri, D., «Neoliberalismo: Sobrevalorado?» Fondo Monetario Internacional. Finanzas y Desarrollo. Junio 2016,