Traducido por Griselda Pinero
Como consecuencia de la capitulación de las autoridades griegas, he enmendado ampliamente el artículo http://cadtm.org/Una-posible-altern...
, que había escrito el 13 de julio de 2015 en un momento en el que el
acuerdo con los acreedores todavía no había sido ratificado por el
parlamento griego. Además, escribiré otro artículo para ofrecer mi
visión de lo que pasó en estos últimos meses.
En la noche del 15 al 16 de julio, a pedido
del primer ministro griego, el parlamento griego capituló ante las
exigencias de los acreedores y pisoteó la voluntad popular expresada por
el pueblo griego el 5 de julio de 2015. 32 diputados de Syriza salvaron
el honor votando no (y a ellos se agregan 7 diputados que se
abstuvieron). Al oponerse a la capitulación, estos diputados de Syriza
respetaron el mandato popular y el programa de su partido sin ceder al
chantaje… El primer ministro obtuvo una mayoría gracias a los partidos
de derecha: Nueva Democracia, PASOK (que no tiene nada de socialista),
Potami y Griegos Independientes. Esto cambia radicalmente la situación.
El 5 de julio de 2015, el resultado del referéndum convocado por el
gobierno de Alexis Tsipras y el Parlamento heleno demostró que el pueblo
griego rechazaba masivamente la continuación de la austeridad que
siguen queriendo imponer las instituciones que antes actuaban bajo el
nombre de Troika. Fue una hermosa victoria de la democracia.
El acuerdo firmado el lunes 13 de julio por la mañana y aprobado por
el parlamento griego en la noche del 15 al 16 de julio significa la
prosecución de la austeridad en el marco de un nuevo acuerdo plurianual.
Y eso está en total contradicción con el resultado del referéndum. El
parlamento aprobó este acuerdo bajo la amenaza de los acreedores
(chantaje con la quiebra del sistema bancario y con el Grexit) que
coaccionaron deliberadamente a las autoridades griegas.
Este acuerdo incluye el abandono de una importante serie de
compromisos tomados por Syriza durante su campaña electoral, que, por
cierto, le permitió obtener una victoria histórica el 25 de enero de
2015. Syriza comprometió su responsabilidad ante el pueblo griego y es
trágico que una mayoría de sus diputados y de sus ministros no la hayan
respetado, tanto más cuando ese pueblo otorgó un claro apoyo a Syriza,
tanto el 25 de enero como el 5 de julio.
Las concesiones hechas a los acreedores por el gobierno y el
parlamento griegos afectan a las pensiones, con una nueva reducción de
sus montos (aunque Syriza se había comprometido a reponer el 13er mes
para las pensiones inferiores a 700 euros por mes) y un retraso en la
edad de jubilación, los salarios continuarán reducidos, las relaciones
laborales estarán aún más precarizadas, el aumento de los impuestos
indirectos, incluidos los que afectan a los ingresos bajos; la
continuación y aceleración de las privatizaciones; la acumulación de
nuevas deudas ilegítimas (al menos 80.000 millones extras) con el fin de
reembolsar las precedentes, y continuar con la recapitalización de los
bancos dejándolos en manos del sector privado responsable de la crisis;
la transferencia de activos griegos a un fondo independiente; la
prosecución del abandono de importantes elementos del derecho de
autodeterminación; la limitación del poder legislativo en beneficio del de los acreedores….
Contrariamente a lo que se afirma, que a cambio de estas ominosas
concesiones, Grecia obtendría tres años de respiro y podría relanzar de
manera importante la actividad económica, la realidad mostrará que con
el mantenimiento de la compresión de la demanda de las familias y del
gasto público será imposible conseguir el excedente presupuestario
primario anunciado en el plan.
Las consecuencias nefastas son ineludibles: en algunos meses o a
comienzos del año próximo como muy tarde, los acreedores atacarán de
nuevo a las autoridades griegas por el no cumplimiento de sus
compromisos en términos de excedente presupuestario primario y avanzarán
nuevas exigencias. No habrá ningún respiro para el pueblo y para el
gobierno griego. Los acreedores amenazarán con no desembolsar las sumas
previstas si no se adoptan nuevas medidas de austeridad. Las autoridades
griegas se verán cogidas en el engranaje de las concesiones. |1|
El Comité para la Verdad sobre la Deuda
Pública de Grecia instituido por la presidente del Parlamento griego
estableció en su informe preliminar, que se hizo público los días 17 y
18 de junio de 2015, que la deuda reclamada por los actuales acreedores
debe ser considerada ilegítima, ilegal y odiosa. |2|
El Comité también demostró que su reembolso es insostenible. Sobre la
base de estos argumentos fundamentados en el derecho internacional y en
el derecho interno, el gobierno griego habría debido suspender de manera
soberana el pago de la deuda hasta que se obtuvieran los resultados
finales de la auditoría. Esa suspensión de pagos era y es totalmente
posible. Desde febrero de 2015, Grecia pagó 7.000 millones de euros a
los acreedores sin que estos hayan desembolsado los 7.200 millones de
euros que debían pagar a Grecia según el programa que concluyó el 30 de
junio de 2015. Pero hay otros montos de dinero que deberían haber sido
abonados a Grecia y no lo fueron: los intereses percibidos por el BCE
sobre los títulos griegos, el saldo previsto por la recapitalización de
los bancos, etc. Si Grecia hubiera suspendido el pago de la deuda con
respecto a los acreedores internacionales, habría economizado cerca de
12.000 millones de euros, que se supone que debería pagar de aquí a
fines de 2015. |3|
Al suspender el pago de la deuda, las autoridades griegas habrían
podido inducir a los acreedores a hacer concesiones. Una reducción
radical del monto de la deuda se habría podido conseguir ya sea por la
vía de la negociación, ya sea mediante el repudio unilateral de la deuda
en caso de fracaso de las negociaciones. Al aplicarse el acuerdo del 13
de julio, el gobierno se transformará en cómplice directo de la
violación de los derechos humanos por devolver una deuda ilegítima,
ilegal, odiosa e insostenible.
Todos hemos podido comprobar que es imposible convencer, mediante una simple discusión, a la Comisión Europea, al FMI, al BCE y a los gobiernos neoliberales en el poder en los otros países europeos de que deben tomar medidas que respeten los derechos de los ciudadanos griegos, así como los de los pueblos en general. El referéndum del 5 de julio, que combatieron, no los convenció. Por el contrario, burlándose de los derechos democráticos fundamentales, radicalizaron sus exigencias. Sin tomar fuertes medidas soberanas de autodefensa, las autoridades y el pueblo griego no podrán terminar con la violación de los derechos humanos perpetrados por las exigencias de los acreedores. Se debería decidir, a escala europea, toda una serie de medidas para restablecer la justicia social y la auténtica democracia. Técnicamente, no es complicado, pero se debe ser consciente de que en el contexto político y con la relación de fuerzas que predominan en la Unión Europea, los países con gobiernos progresistas no pueden esperar ser escuchados ni respaldados por la Comisión Europea, por el BCE o por el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Al contrario, tanto esas instituciones, así como el FMI y los gobiernos neoliberales de los otros países europeos, combaten activamente la experiencia que se desarrolla en Grecia con el fin de demostrar a todos los pueblos de Europa que no existen alternativas al modelo neoliberal. En cambio, con medidas fuertes, las autoridades griegas habrían podido arrancar verdaderas concesiones o simplemente obligar a los acreedores a tomar nota de las decisiones soberanas. Equivocadamente el gobierno de Alexis Tsipras ha tomado el camino de la negociación permanente con el solo fin de renovar un acuerdo con los acreedores mientras que lo necesario era acabar con ellos.
Era también fundamental crear una estrategia alternativa suscitando
movilizaciones populares masivas en Grecia y en los otros países de
Europa. Las autoridades griegas se habrían podido apoyar en eso para
impedir las tentativas de aislamiento que no han dejado de organizar
todas las fuerzas opuestas a cualquier modificación en favor de la
justicia social. En cambio, un proceso de ese tipo del gobierno griego
habría reforzado las movilizaciones populares y la confianza en sus
propias fuerzas de los ciudadanos movilizados. La realización del
referéndum del 5 de julio habría podido constituir un elemento clave de
esa movilización, sin embargo la victoria del no (precedida por una gran
movilización en las calles) no fue respetada, ya que, desde el día
siguiente, el gobierno se reunía con la derecha para preparar una
propuesta que ofrecía a los acreedores concesiones inaceptables.
Para acompañar la suspensión de pago de la deuda ilegítima, ilegal,
odiosa e insostenible, propongo aquí algunas medidas que se deberían
someter con urgencia a un debate democrático, ya que su naturaleza
permitiría ayudar a que Grecia se pusiera de nuevo en pie.
Evidentemente, no es el gobierno actual el que querrá aplicar estas
medidas.
1.- Las administraciones públicas griegas constituyen por lejos el
accionariado mayoritario de los grandes bancos griegos (que representan
más del 80 % del mercado bancario griego) y deberían, por lo tanto,
ejercer plenamente el control sobre los bancos con el fin de proteger el
ahorro de los ciudadanos y relanzar el crédito interno para sostener el
consumo. Por una parte, sería conveniente hacer una valoración de las
consecuencias de la participación mayoritaria del Estado en los bancos y
conferirles un estatus de empresa pública. El Estado debería organizar
una quiebra ordenada de los bancos, vigilando la protección de los
pequeños accionistas y de los ahorradores (depósitos protegidos
totalmente hasta 100.000 euros). Se trata de recuperar el coste del
saneamiento bancario sobre el patrimonio global de los grandes
accionistas privados, ya que son ellos los que han provocado la crisis y
luego abusaron del apoyo público. Se podría crear un «banco malo» para
aislar los activos tóxicos en vista a una gestión hacia la extinción. Es
necesario, que una vez por todas, los responsables paguen por la crisis
bancaria, se sanee en profundidad el sector financiero y se lo ponga al
servicio de la población y de la economía real.
2. Las autoridades griegas deberían intervenir el Banco Central.
Cómo máxima autoridad, se encuentra actualmente Yannis Stournaras
(nombrado por el gobierno de Antonis Samaras), quien pone toda su
energía en impedir el cambio deseado por la población. Es un verdadero
caballo de Troya al servicio de los grandes bancos privados y de las
autoridades europeas neoliberales. El Banco Central de Grecia debe
ponerse al servicio de los intereses de la población del país.
3. Las autoridades griegas tienen también la posibilidad de crear una
moneda electrónica (emitida en euros) para el uso interno en el país.
Las administraciones públicas podrían aumentar las pensiones así como
los salarios de la función pública, pagar las ayudas humanitarias a las
personas, abriéndoles un crédito en moneda electrónica que podría
utilizarse para múltiples pagos: facturas de la electricidad, el agua,
el pago del transporte público, de impuestos, la compra de alimentos y
bienes de primera necesidad en los comercios, etc. Contrariamente a un
prejuicio infundado, incluso los comercios privados tendrían interés
en aceptar voluntariamente este modo de pago electrónico, ya que, al
mismo tiempo, les permitiría vender sus mercaderías y pagar sus cuentas
con la administración pública (pago de impuestos y de los diferentes
servicios públicos utilizados). La creación de esta moneda electrónica
complementaria permitiría disminuir la necesidad de euros que tiene el
país. Las transacciones en esta moneda electrónica podrían ser
realizadas a través de los teléfonos móviles, como se hace en la
actualidad en Ecuador.
4. El control de movimientos de capitales debe mantenerse, así como debe establecerse un control de precios al consumo.
5. El organismo encargado de las privatizaciones debe ser disuelto y
reemplazado por una estructura pública de gestión de los bienes
nacionales, previa la suspensión de todas las privatizaciones. Estaría
encargado de proteger el patrimonio público al mismo tiempo que
generaría ingresos.
6. Las nuevas medidas deberían adoptarse en un marco de justicia
fiscal, con el fin de reforzar en forma muy clara las medidas ya
tomadas, con la decisión de imponer fuertes impuestos al 10 % más rico
(y en particular al 1 % más rico), tanto sobre sus ingresos como sobre
sus patrimonios. Asimismo, conviene aumentar fuertemente el impuesto
sobre los beneficios de las grandes empresas privadas y de acabar con la
exención fiscal de los armadores. También es necesario incrementar los
impuestos que paga la Iglesia Ortodoxa, ya que en 2014 solamente
desembolsó algunos millones de euros en impuestos.
7. Debería decretarse una reducción radical de los impuestos sobre
las rentas bajas y sobre los pequeños patrimonios, lo que beneficiaría a
la mayoría de la población. Los impuestos sobre los productos y los
servicios de primera necesidad deberían reducirse radicalmente. Una
serie de servicios de primera necesidad deberían ser gratuitos
(electricidad y agua limitadas a un tipo de consumo, transportes
públicos, etc,). Estas medidas de justicia social relanzarían el
consumo.
8. La lucha contra el fraude fiscal debería intensificarse con la
implantación de medidas muy disuasivas contra el gran fraude fiscal. De
ese modo, podrían recuperarse sumas importantes de dinero.
9. Un amplio plan público de creación de empleo debería implementarse
para reconstruir los servicios públicos devastados por años de
austeridad (por ejemplo, en los ámbitos de la sanidad y de la educación)
y para poner los primeros jalones de la necesaria transición ecológica.
10. Este apoyo al sector público debería acompañarse de medidas que tengan por objetivo un sostén activo a la pequeña iniciativa privada, que tiene un papel esencial actualmente en Grecia por medio de las microempresas.
11. Realizar una política de empréstitos públicos mediante la emisión
de títulos de deuda pública dentro de las fronteras nacionales.
Efectivamente, el Estado debe poder pedir créditos
con el fin de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, por
ejemplo, realizando trabajos de utilidad pública. Algunos de estos
trabajos pueden financiarse por el presupuesto corriente gracias a
opciones políticas muy firmes, pero los empréstitos públicos pueden
posibilitar la realización de trabajos de mayor envergadura, por
ejemplo, para pasar del «todo automóvil» a un desarrollo masivo de los
transportes públicos, desarrollar el recurso a las energía renovables
respetuosas del medio ambiente, crear o restaurar los ferrocarriles de
proximidad en todo el territorio, comenzando por el urbano y semiurbano,
y también renovar, rehabilitar o construir edificios públicos y
viviendas sociales reduciendo el consumo energético y agregándoles
comodidades de calidad. Se debería también financiar un amplio plan de
creación de empleos propuesto más arriba.
Se debería definir urgentemente una política transparente de
empréstito público. La propuesta que hacemos es la siguiente: 1) el
destino del empréstito público debe garantizar una mejora de las
condiciones de vida que rompan con la lógica de la destrucción del medio
ambiente; 2) el recurso al empréstito público debe contribuir a una
voluntad redistributiva con el fin de disminuir las desigualdades. Por
ello, proponemos que las instituciones financieras, las grandes empresas
privadas y las familias ricas estén coaccionadas por via legal a
comprar, por un monto proporcional a su patrimonio y a sus ingresos,
obligaciones del Estado al 0 % de interés y no indexadas por la inflación,
el resto de la población podría adquirir de manera voluntaria
obligaciones públicas que garantizarían un rendimiento real positivo
(por ejemplo, del 3 %) superior a la inflación. De ese modo, si la
inflación anual se eleva a un 2 %, el tipo de interés efectivo pagado
por el Estado para ese año sería del 5 %. Una medida como ésta de
discriminación positiva (comparable a las adoptadas para luchar contra
la opresión racial en Estados Unidos, contra las castas de la India o
contra la desigualdad de género) permitiría avanzar hacia más justicia
fiscal y hacia un reparto menos desigual de las riquezas.
Finalmente, las autoridades griegas deberían velar por la prosecución
de los trabajos de la auditoría y de las otras comisiones que trabajan
sobre los Memorandos y los daños de guerra.
Por supuesto hay otras medidas complementarias, que discutidas y
decididas con urgencia pero democráticamente, son susceptibles de
completar ese primer dispositivo de urgencia, que puede ser resumido en
los cinco pilares siguientes:
La toma del control por el Estado del sistema bancario y de una parte de la creación monetaria.
La
lucha contra el fraude fiscal y la implantación de una reforma fiscal
justa que aporte al Estado los recursos necesarios para la realización
de su política.
La protección del patrimonio público y su puesta al servicio del conjunto de la población.
La rehabilitación y el desarrollo de los servicios públicos.
El sostén a la iniciativa privada de proximidad.
También, es muy importante que Grecia se comprometa en un proceso
constitucional con una participación ciudadana activa, con el objetivo
de permitir cambios estructurales democráticos. Para realizar este
proceso constituyente, hay que convocar, mediante una consulta con
sufragio universal, la elección de una asamblea constituyente encargada
de elaborar un proyecto de una nueva Constitución. Una vez que ese
proyecto se haya aprobado por la asamblea constituyente, que deberá
funcionar recibiendo también las propuestas y los requerimientos que
emanan del pueblo, tendrá que ser sometido al sufragio universal.
Salir de la zona euro
Vista la aprobación del acuerdo del 13 de julio por el parlamento
griego, la perspectiva de una salida voluntaria del euro es una opción
que claramente deberíamos destacar. Cada vez más, ciudadanos de Grecia y
de otros países europeos entienden que no hay una solución favorable a
los pueblos dentro del euro. En el caso de una salida de la zona euro,
las medidas indicadas pueden adaptarse, en particular la socialización
de los bancos, tomando como ejemplo la nacionalización del sistema
bancario que se hizo en Francia después de la Liberación. Se debería
acompañar estas medidas con una importante reforma monetaria
redistributiva que podría inspirarse en la reforma monetaria realizada
después de la Segunda Guerra Mundial por el gobierno belga. Esta reforma
tiene por fin tasar fuertemente los ingresos de los que se
enriquecieron a costa de los demás. El principio es simple: se trata,
durante el cambio de moneda, de no garantizar la paridad automática
entre la antigua y la nueva moneda (un euro contra una dracma nueva por
ejemplo) que hasta un determinado monto.
Por encima del mismo, la suma excedente debe ser depositada en una
cuenta bloqueada y su origen debe ser autentificado y justificado. En
principio, lo que excede el nivel de referencia se cambia a un tipo
menos favorable (por ejemplo, dos euros contra una dracma nueva); en
caso de que se compruebe un origen delictuoso, el dinero puede
confiscarse. Una reforma monetaria de este tipo permite repartir una
parte de la riqueza de manera socialmente más justa. Otro objetivo de la
reforma es el de disminuir la masa monetaria en circulación para poder
luchar contra las tendencias inflacionistas. Para que esta reforma sea
eficaz, es necesario establecer un control estricto sobre el movimiento
de capitales y sobre el mercado de cambios.
He aquí un ejemplo (por supuesto, los baremos pueden modificarse
después de un estudio del reparto del ahorro líquido de las familias y
la adopción de criterios rigurosos)
| 1 euro es igual a 1 nueva dracma (n.D.) hasta 200.000 euros. 1 euro igual a 0,7 n.D. entre 200.000 y 500.000 euros 1 euro igual a 0,4 n.D. entre 500.000 euros y 1 millón de euros. 1 euro igual a 0,2 n.D. por encima de 1 millón de euros Si una familia tiene 200.000 euros líquidos, obtendrá 200.000 n.D. Si tiene 400.000 euros, obtendrá 200.000 + 140.000 = 340.000 n.D. Si tiene 800.000 euros, obtendrá 200.00 + 210.000 + 120.000 = 530.000 n.D. Si tiene 2 millones, obtendrá 200.000 + 210.000 + 200.000 + 200.000 = 810.000 n.D. |
De este modo, se desarrollaría una verdadera lógica alternativa. Y
Grecia podría finalmente dejar de estar sometida a sus acreedores. Los
pueblos de Europa reencontrarían la esperanza en un cambio a favor de la
justicia. Para conseguirlo, debemos reforzar las movilizaciones
populares tanto en Grecia como en el resto de Europa.
Notas:
|2| Véase: http://cadtm.org/Fundamentos-juridi... ; http://cadtm.org/De-como-la-Troika-... ; http://cadtm.org/Grecia-Una-larga-l...
|3| 6.640 millones de euros y 5.250 millones de euros se deberán pagar al BCE y al FMI, respectivamente, de aquí al 31 diciembre de 2015. Fuente: The Wall Street Journal, http://graphics.wsj.com/greece-debt... consultado el 12 de julio de 2015
