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| Banco de España. Foto: Rubén Viqué. El Salto |
por Ángel Ambroj, Jérôme Duval
La deuda pública cierra 2017 con el máximo histórico de 1,444 billones de euros, mientras los municipios han reducido su deuda y el Gobierno sigue aplicando recortes.
La deuda pública cierra 2017 con el máximo histórico de 1,444 billones de euros, mientras los municipios han reducido su deuda y el Gobierno sigue aplicando recortes.
Si miramos la deuda sobre el PIB,
el indicador de referencia de las instituciones que toma en cuenta el
crecimiento económico –contabilizando el armamento o actividades
ilegales como la prostitución, tráfico de drogas o contrabando, pero que
no considera el trabajo de cuidado entre otras cosas–, a finales de
2017 bajó ligeramente al 98,08%, frente al 98,98% con el que se cerró
2016. En realidad, la deuda sigue aumentando, pero como lo hace menos que el PIB nominal, que incluye también la inflación, da la sensación que la deuda va bajando... esto permite al ahora ya exministro de Economía, Industria y Competitividad Luis de Guindos cumplir con la Unión Europea por estar apenas unas centésimas por debajo del 98,1%.
Desde la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda
¡no debemos, no pagamos!, queremos contar otra realidad. Queremos
recordar que antes del comienzo de la crisis, en 2007, la deuda pública
española ascendía a 384.660 millones de euros, equivalente al 35,5% del
PIB y sin embargo ahora roza el 100% del PIB. Así pues, esa ola de
recortes de violencia extrema que ha ido imponiendo el bipartidismo
(tanto el PSOE primero como el PP después), para supuestamente resolver
el problema de la deuda simplemente dedicando más recursos al pago de la
misma, no sirvió tanto como nos lo vendieron los políticos de estos dos
partidos.
Mientras el dinero dedicado a la deuda pública sigue contenido en una
hucha infinita que permite seguir rescatando proyectos fallidos como el
Proyecto Castor
o diversas autopistas privadas, todas las inversiones sociales pierden
mágicamente la capacidad de financiación por manos públicas.
A pesar de los discursos de políticos que dicen que vamos mejorando, a
pesar de cumplir con el objetivo marcado para el conjunto del año al
situar la deuda pública por debajo del 98,1% (98,08%), la situación no
deja de empeorar desde que empezó la crisis hace casi una década. Según
los últimos datos publicados por el Banco de España, la deuda del
conjunto de las administraciones públicas cerró 2017 en 1,144 billones
de euros, un nuevo máximo histórico al aumentar en 5.879 millones de
euros en un mes, de noviembre a diciembre, y en 37.424 millones
comparado con diciembre de 2016, lo que supone casi un 3,4% más.
Este nivel de endeudamiento es insostenible, ya que dedicamos un 9,4%
del total de los presupuestos de 2017 a pagar sólo los intereses. Más
de 30 mil millones, por encima de las prestaciones por desempleo (más de
18 mil millones).
LA DEUDA MUNICIPAL BAJÓ DEL 3% DEL PIB A FINALES DE 2017
El total del incremento se debe sobre todo al Estado central, no a
las administraciones municipales que tanto persigue el ministro Montoro a través de su arsenal legislativo.
Estas últimas han disminuido su endeudamiento hasta situarlo por debajo
del limite del 3% del PIB. Representa 29.161 millones a finales de
2017, lo que supone una baja en 3.062 millones comparado con un año
antes. De hecho, desde el año 2012 la deuda de las corporaciones
locales, es decir los ayuntamientos, no deja de reducirse pasando de
44.000 millones a 29.000 este último año.
El ministro Montoro que tanto persigue los municipios y sus Planes
Económicos Financieros (PEF) cuando no está de acuerdo con sus políticas
en materia social, debería mirar sus propias cuentas antes de invalidar
PEF como el de Madrid por ejemplo.
La conclusión es que a pesar del gesto de José Luis Rodríguez
Zapatero hacia los inversores con el cambio de la Constitución -pactado
entre PSOE y PP-, para dar prioridad absoluta al pago de la deuda sean
cuales sean las necesidades de la población en terminos de servicios
públicos, no alcanzamos la cifra cabalística de la que tanto hablan en
los tratados. Según la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal), hasta 2035 no será posible cumplir el objetivo del umbral del
60% del PIB, límite establecido en el Tratado del Funcionamiento de la
Unión Europea e incorporado en la Constitución. Un panorama catastrófico
para la ciudadanía del Estado español mientras De Guindos cobrará 915
euros brutos al día por sentarse en el sillón del BCE.
Artículo publicado el 20 de febrero 2018 en El Salto.
