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| Protesta contra Veolia en Arizona en 2012. Foto: codepinkphoenix. |
Después de 20 años de privatización del agua y la
electricidad en beneficio de Veolia, Gabón acaba de decidir deshacerse
de dicha multinacional francesa. En respuesta, el grupo francés ha
recurrido de nuevo a un tribunal de arbitraje internacional, una
estructura opaca que, dentro del marco de los tratados de inversión, se
encarga de defender los intereses de las multinacionales frente a los
Estados.
Desde la privatización de 1997, la empresa
francesa Veolia disfrutaba de un monopolio absoluto sobre la
distribución del agua y la electricidad en Gabón a través de su filial
SEEG (Sociedad de Energía y Agua de Gabón), de la que controlan el 51%.
Un acuerdo ventajoso mutuamente para la multinacional francesa y el
régimen de Omar Bongo y, posteriormente, para su hijo Alí, ya que ambos
poseían una parte de las acciones de la SEEG, a través de un holding
familiar, con sus consiguientes y sustanciosos dividendos (800.000 euros
según una investigación de Mediapart).
De repente, giro espectacular: el pasado 16 de febrero, el Estado
gabonés rompió el contrato de concesión que le ligaba al grupo privado
francés, procediendo de inmediato a la requisición de la SEEG. La
concesión había sido renovada por cinco años en marzo de 2017, pero las
negociaciones acabaron fracasando. Teniendo en cuenta su gestión
desastrosa antes de recurrir a la privada, nada parece indicar que el
Estado llegue a garantizar la provisión de agua y electricidad a la
población después de más de 20 años de gestión privada con un balance más que moderado.
Veolia y el Estado Gabonés comparten probablemente la responsabilidad
de la degradación de la situación, pero como el contrato firmado con
Veolia ha sido mantenido en secreto por las dos partes, es difícil
evaluar a quién incumbe más la falta flagrante de inversión y lo vetusto
de las infraestructuras. El Gobierno y los más cercanos a la familia
Bongo han ido acumulando impagos, beneficiándose hasta ahora de la
indulgencia de la SEEG.
Declarándose ofuscado por la decisión de Gabón, el grupo francés ha
denunciado una “grave violación de las normas de derecho” y se declara
“víctima de una expropiación brutal por parte del Estado gabonés”. El
pasado 8 de marzo, Veolia, a través de su filial SEEG, presentó una
demanda de recurso ante el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), una oficina del Banco Mundial con sede en Washington.
El CIADI es uno de los principales tribunales de arbitraje
internacional en los que se zanjan las disputas entre inversores y
Estados, o, lo que es lo mismo, entre las grandes multinacionales y los
gobiernos que atentan contra sus intereses. Opacos y estructuralmente
inclinados a favor del sector privado, estos mecanismos llamados ISDS
son el centro de la controversia de los acuerdos de libre comercio como
el Tafta y el Ceta. Las empresas occidentales los utilizan desde hace
tiempo contra los países del sur del planeta.
Vuelta a la gestión pública
Sin embargo, se constata forzosamente que Veolia se ha hecho muy
impopular en el seno de la población gabonesa a causa de los numerosos
apagones y cortes de agua. Según Mays Mouissi, analista económico
gabonés, el descontento de la población está justificado: “Barrios
enteros de Libreville y su periferia se quedan sin agua durante dos
semanas sin que se registre un descuento del total a pagar en la
factura. Veolia hace pagar varios millones de francos CFA a los usuarios
por los postes de electricidad cuando éstos quieren conectarse a su red
para luego atribuirse la propiedad de manera unilateral; a veces hay
que esperar más de seis meses desde la solicitud de un contador (de agua
o electricidad) hasta la instalación”.
El activista y defensor del medio ambiente gabonés Marc Ona Essangui
cita concretamente el gigantesco apagón que sumió a Libreville en la
oscuridad, justo en el momento de la celebración de Nochevieja, el 31 de
diciembre pasado. Él opina que el grupo francés y su filial someten a
los gaboneses a un esclavismo disfrazado. “Hay que nacionalizar la SEEG,
poner los medios, poner a los gaboneses a la cabeza de la SEEG. ¡Que
estamos en 2018!”, exclama un gabonés en el momento del nombramiento de
la nueva dirección provisional de la SEEG.
En pleno centro de la capital, Libreville, numerosos ciudadanos
recolectan el agua de lluvia o hacen idas y venidas hasta los pozos más
cercanos… El ministro del Agua y la Electricidad, Guy Bertrand Mapangou,
afirma que las tarifas han aumentado “más del 75% las de electricidad y
más del 88% las de agua en 19 años”, desde que Veolia gestiona la
distribución. Se olvida de mencionar que estos aumentos fueron también
en beneficio
de los intereses del clan Bongo. El Gobierno de Gabón ha denunciado
asimismo a la empresa francesa por llevar a cabo acciones contaminantes.
Estos hechos han sido confirmados por las organizaciones de la sociedad
civil gabonesa, como Brainforest, que se ha preguntado públicamente por
qué el Gobierno no había denunciado antes, a pesar de que les habían
alertado repetidamente en el pasado.
Veolia, ¿adicta al arbitraje internacional ?
Gracias al maná financiero de la gestión privada del agua en Francia,
Veolia y su competidora Suez llevaron a cabo una política agresiva de
expansión por todo el mundo desde los años 1990. Sin embargo, poco
después de la “guerra del agua” de Cochabamba en Bolivia, en el año
2000, las multinacionales del agua sufrieron fracasos rotundos. Muchas
ciudades del mundo entero, e incluso en Francia, eligieron deshacerse de
sus prestatarios privados o no renovar sus contratos (léase el informe
publicado por el Observatorio de las Multinacionales con el
Transnacional Institute (TNI) y otros: Agua pública, agua de futuro. La experiencia mundial de la remunicipalización).
Paralelamente, los conflictos entre las autoridades públicas y las
multinacionales del agua, como ocurre hoy en Gabón, se han multiplicado.
Dentro de semejante contexto, la posibilidad de recurrir al arbitraje
internacional privado es el arma preferida para un grupo como Veolia,
que no ha dudado en utilizarla en numerosas versiones. El 20 de agosto
de 2007, por ejemplo, el CIADI ya había condenado a la provincia
argentina de Tucumán a pagar 105 millones de dólares en concepto de
daños, más intereses y gastos, a Veolia, que operaba entonces bajo el
nombre de Vivendi, y a su filial argentina, la Compañía de Aguas de
Aconquija, tras la pérdida de la concesión del agua de la provincia,
rescindida en 1997.
Debemos recordar que en abril del 2015 el CIADI condenó a Argentina a
pagar 405 millones de dólares (380 millones de euros) de indemnización a
Suez Environnement —que reclamó 1.200 millones de dólares cinco años
antes— por haber vuelto a nacionalizar el servicio del agua de Buenos
Aires en 2006, después de años de conflictos a causa de la falta de
inversión y de una bajada en la calidad del agua potable. Veolia también
se vio implicada en este proceso como accionista minoritaria de la
nueva empresa nacionalizada.
Otro objetivo emblemático: Egipto. El aumento del salario mínimo
egipcio de 400 a 700 libras al mes (de 41 a 72 euros) le pareció
inaceptable a la multinacional, que presentó una querella ante el CIADI
contra Egipto el 25 de junio de 2012. Según Veolia, las nuevas
categorías salariales infringían los compromisos contraídos dentro del
marco del convenio de colaboración público-privado firmado con la ciudad
de Alejandría para el tratamiento de residuos y que reducían el margen
de beneficio de la empresa.
Un arma antirremunicipalización
En Lituania, Veolia gestionaba el servicio de calefacción urbana de
la capital, Vilnius, y de otros nueve municipios, pero la sociedad
francesa aplicaba costes muy elevados y los fiscales lituanos la
acusaron de manipular los precios de la energía y le impusieron varias
multas. El municipio de Vilnius decidió finalmente no renovar su
contrato de 15 años con el grupo francés, que finalizaba en 2017. Veolia
reaccionó llevando por primera vez a un Estado europeo ante el CIADI y
reclamó a Lituania 100 millones de euros en enero de 2016, antes de
exigir 120 millones de euros de indemnización en abril de 2017.
Veolia afirma que las autoridades lituanas se negaron a compensar las
pérdidas de sus filiales Vilniaus Energija y Litesko, sufridas a causa
de los cambios legislativos y reglamentarios que la empresa juzga
discriminatorios. Por su parte, el Ayuntamiento, que acusa a Veolia de
imponer tarifas prohibitivas, responde en abril de 2017 declarándose
listo para reclamar a Veolia 200 millones de euros ante el tribunal de
arbitraje de Estocolmo.
Tampoco hay que olvidar que todos estos procedimientos de ISDS
puestos formalmente en marcha no son más que la punta del iceberg. Por
una parte, ciertos procedimientos no se hacen públicos, y por otra, la
simple amenaza de recurrir a este tipo de arbitraje es a menudo
suficiente para intimidar a las autoridades públicas, que desearían
remunicipalizar sus servicios o por lo menos renegociar los contratos.
En Marruecos, recientemente, la amenaza de la no renovación del
contrato en Rabat con Redal, la filial de Veolia a cargo de la
distribución del agua y la electricidad, llevó al grupo francés a
anunciar en los medios que había contratado los servicios de un gabinete
de abogados especializados para preparar una nueva reclamación ante el
CIADI.
Los acuerdos de libre comercio, a través de los mecanismos ISDS y
otras disposiciones como a las cláusulas “sin retorno” una vez que un
sector ha sido liberalizado, aparecen como una amenaza directa para las
autoridades públicas y los ciudadanos que deseen volver a debatir la
privatización de servicios básicos como el agua o la electricidad. Por
esa razón, sin duda, el Gobierno francés y los demás gobiernos europeos,
sensibles a los intereses de sus multinacionales, continúan promoviendo
la adopción de tales acuerdos a pesar del descontento del público. El
último ejemplo hasta la fecha: Francia acaba de pedir a sus socios
europeos que “se aceleren” las negociaciones en vistas a la firma de un
tratado de inversión entre la Unión Europea y Japón. ¿Hace falta
destacar la conexión con el hecho de que Veolia esté intentando
implantarse en el archipiélago japonés?
Por lo que respecta a Gabón, una cosa está clara: con el
procedimiento opaco del arbitraje internacional privado no se sale de la
lógica de negociaciones secretas y de acuerdos a los más altos niveles
entre Veolia y el Gobierno de Ali Bongo. En detrimento de los gaboneses
mismos. Régis Essono, activista de la asociación Survie y del Comité
para la abolición de las deudas ilegítimas (CADTM), lucha por la
auditoría ciudadana de la deuda
pública de Gabón. Nos da parte de su preocupación: “La población
gabonesa se arriesga a ser la gran perdedora de este combate. Constatan
ya que el servicio todavía es igual de catastrófico, a pesar de la
salida de Veolia. Sobretodo teniendo en cuenta los elementos de los que
disponemos por el momento, no veo que Veolia pueda perder el combate
jurídico y no recibir una enorme compensación, que privará aún más a la
población gabonesa de recursos de los que ya son expoliados y privados
por sus dirigentes”.
Ver en línea : El Salto
Artículo publicado originalmente en Observatoire des Multinationales.
Traducción: Marisa Almor Sabirón
Traducción: Marisa Almor Sabirón
