Un
importante acuerdo comercial que se está negociando actualmente entre
la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos (EE.UU.) amenaza la capacidad
de los Gobiernos para proteger a las comunidades, a los ciudadanos y
las ciudadanas, y el ambiente de nuevas tecnologías de riesgo como el
fracking.
La Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP en inglés)
abarca un gran abanico de temas y sectores, entre los cuales la
seguridad alimentaria, los productos transgénicos, los productos
químicos tóxicos, los combustibles altamente contaminantes y la
protección de datos. Las conversaciones amenazan con mermar o erosionar
salvaguardias acordadas democráticamente y establecidas para proteger el
ambiente y las personas en beneficio de las ganancias de las grandes
empresas.
Las negociaciones favorecerán muy probablemente la protección de las
inversiones corporativas por encima de la protección de la ciudadanía y
el ambiente, y permitirán que las compañías exijan una indemnización
cuando las decisiones de un Gobierno afecten a sus ganancias. Esto
podría beneficiar a las compañías que buscan explotar recursos naturales
mediante tecnologías peligrosas y cuyas actividades puedan verse
afectadas por regulaciones en materia de ambiente o salud.
El fracking –o fractura hidráulica de gran volumen– se utiliza para
extraer combustibles fósiles no convencionales de difícil acceso, como
gas de esquisto y petróleo, gas compacto y metano en lechos de carbón.
El fracking incrementará la disponibilidad de suministros de gas,
confinándonos a la dependencia de combustibles fósiles durante varias
décadas.
Cada vez son más las pruebas de los enormes riesgos e impactos
sanitarios y ambientales del fracking y esto está generando una extensa
oposición pública entre las comunidades, tanto en la UE como en los
EE.UU.
Este dossier informativo analiza cómo la TTIP podría limitar la
capacidad de los Gobiernos para regular el desarrollo y la expansión del
fracking. En sus páginas se arguye que la TTIP podría socavar las
medidas de los Gobiernos para luchar contra el cambio climático y
proteger a la ciudadanía; podría expandir el fracking al acabar con la
capacidad de los Gobiernos para controlar la exportación de gas natural;
y podría significar que los Estados se vean obligados a pagar a las
corporaciones cantidades astronómicas en concepto de indemnización por
‘beneficios perdidos’ raíz de la adopción de regulaciones. Finalmente,
insta a la UE y los EE-UU. a excluir los derechos de solución de
controversias inversor-Estado de este acuerdo y de otros acuerdos
comerciales en fase de preparación, como el Acuerdo Económico y
Comercial Global (CETA en inglés) entre la UE y Canadá.
Este dossier informativo es una iniciativa conjunta de Amigos de
la Tierra, Amigos de la Tierra Europa, Attac, Blue Planet Project,
Corporate Europe Observatory, Ecologistas en Acción, Powershift, Sierra
Club y Transnational Institute.